Plataforma presiona por tarifas de energía justas y protección de los trabajadores

El objetivo es discutir las maneras de presionar el gobierno para poner en marcha la aplicación de tarifas más justas y engendrar mecanismos que garanticen condiciones dignas a los trabajadores.

 Presidenta de Brasil Dilma Vana Rousseff

La renovación de las concesiones del sector eléctrico es el tema central del encuentro que congrega los líderes de la Plataforma Campesina y Operaria de Energía, en Brasilia, capital brasileña. El objetivo es discutir las maneras de presionar el gobierno para poner en marcha la aplicación de tarifas más justas y engendrar mecanismos que garanticen condiciones dignas a los trabajadores del sector.

Aunque el costo de producción sea bajo, el precio de la energía en Brasil es uno de los más caros en el mundo. Una medida provisional convalidada por el gobierno federal en septiembre determinó la reducción de las tarifas a partir de enero de 2013. La caída en el valor llegará a un 16,2% para los consumidores residenciales y un 28% para las grandes empresas.

A partir de 2015, prescribirán los contratos de concesión de 67 emprendimientos hidroeléctricos. El gobierno ya decidió a prorrogar los contratos, si existe interés. En la nómina de concesionarias figuran empresas privadas y estatales pertenecientes al sistema de la Eletrobrás.

La potencia de las usinas cuyos contratos terminarán representa más que el doble de lo que es generado por la Usina Hidroeléctrica de Itaipú, la mayor usina de Brasil. Los contratos implican la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica. La legislación que reglamenta el sector fue aprobada en 1995. Desde entonces, las concesiones públicas son válidas por un período de 30 años.

PRESIDENTE DE COMISIÓN DE DDHH EXIGE AL ESTADO RECONOCER JURÍDICAMENTE LA EXISTENCIA DE DETENIDOS DESAPARECIDOS

El diputado Fidel Espinoza criticó en duros términos que aún aparezcan Detenidos Desaparecidos en los padrones electorales.

Diputado Fidel Espinoza (PS)

El Presidente de la Comisión de Derechos de la Cámara de Diputados, Fidel Espinoza (PS), pidió con urgencia que el Estado reconozca jurídicamente la existencia de los Detenidos Desaparecidos en Chile. Ello, debido a que aún no se soluciona el problema que existe con los padrones electorales, donde aún aparecen personas que fueron desaparecidas durante la dictadura.

“El Estado debe hacerse responsable de sus propios actos y reconocer que hay chilenos desaparecidos. Nos parece lamentable la dolorosa situación por la que deben pasar miles de familiares de chilenas y chilenos que se encuentran en esta condición, que ven cómo elección tras elección los nombres de sus seres queridos siguen apareciendo en las nóminas de electores”, dijo Espinoza.

El parlamentario socialista señaló que “ya es tiempo de que el Gobierno se sensibilice en esta materia y entienda que la solución no es borrarlos de los listados, ni asumir muertes presuntas, sino que el Estado se haga responsable de sus propios actos y reconozca de manera jurídica que hay chilenos desaparecidos”.

El diputado Espinoza dijo que “certificar una muerte presunta de esas personas, aunque sea lo más probable, permitiría que sus nombres salieran de los padrones electorales, pero también significaría el cierre de muchas causas judiciales por secuestro y desaparición que aun se ventilan en los tribunales y por ello creemos que esta no es la solución al problema”.

“Esta es una responsabilidad absoluta de este gobierno, ellos tuvieron desde mayo para solucionar este tema. Nos parece una vergüenza para Chile esta situación”, indicó, agregando que “emplazamos a que el Ejecutivo envíe un proyecto de ley que de un status jurídico especial a los detenidos desaparecidos. Y exigimos que los civiles y ex uniformados que participaron de los secuestros y de las eventuales muertes de estos compatriotas sean dignos, y digan donde están sus restos”, dijo el parlamentario PS.

MOCIÓN PROPONE DECLARAR EL 5 DE OCTUBRE COMO DÍA NACIONAL DE LA DEMOCRACIA

El objetivo de la iniciativa es celebrar el triunfo del No en el Plebiscito de 1988, fecha que a juicio de los autores de la moción se trataría de “una conquista exclusiva del Pueblo de Chile, que fue capaz de cambiar la historia del país, reconociendo el valor y sabiduría de millones de ciudadanos, que cambiaron una negra página de nuestra historia”.

Fue un momento clave en la historia de Chile: el día en que Augusto Pinochet fue derrotado en las urnas.

La moción (boletín 8614) fue presentada por los DC Eduardo Cerda, Gabriel Ascencio, Fuad Chahín, Juan Carlos Latorre, Sergio Ojeda y Carolina Goic; los PPD Pepe Auth y Tucapel Jiménez, el PS Carlos Montes y la diputada Alejandra Sepúlveda (PRI).

Los autores recuerdan que el 5 de octubre de 1988 el país fue protagonista de un plebiscito nacional mediante el cual se consultó a la ciudadanía sobre la continuidad por otros ocho años más de Augusto Pinochet como Presidente de la República de conformidad a las disposiciones establecidas en la Constitución Política de 1980.

Ese día alrededor de siete millones de chilenos y chilenas, mayores de 18 años, concurrieron a las urnas para sufragar por el SI que aprobaba la continuidad de Augusto Pinochet o por el NO que abría paso a las elecciones para elegir al Presidente de la República. El escrutinio de los sufragios arrojó un 55,99% correspondiente a la opción NO y un 44,01% correspondiente al SI.

Los diputados enfatizaron que “el triunfo del NO ese 5 de Octubre de 1988, más allá de triunfadores y derrotados, política y electoralmente hablando, expresó el término del régimen autoritario y el tránsito al sistema democrático en nuestro país, con todas sus implicancias. Se puso fin a la historia de violaciones sistemáticas a los derechos humanos como práctica de amedrentamiento y aniquilamiento de los opositores al régimen; se restablecieron las libertades públicas como el derecho a expresión, el derecho a asociación, el derecho a elegir y ser elegido, la libertad de prensa y el derecho a libre desplazamiento”.

7 millones de chilenos votaron en el plebiscito: el 55% dijo “No”

De igual manera, se inició un proceso acelerado de democratización en las distintas esferas de la vida nacional: se reinstauró el Congreso Nacional, eligiéndose a senadores y diputados; se eligieron democráticamente a alcaldes, concejales; comenzaron a funcionar legalmente los Partidos y Movimientos Políticos, los sindicatos y gremios de Trabajadores y se recuperó la Democracia.

“Hoy podríamos señalar que el 5 de octubre ya no es una fecha de división entre los chilenos, entre los que estuvieron por la dictadura o la democracia, los del Sí o los del NO, pues representa el retorno a la democracia en Chile, sistema político y forma de vida que la inmensa mayoría del país prefiere y ha preferido a lo largo de su historia patria”, señalaron los autores del proyecto.

Piñera recupera una ley de Pinochet para controlar a los estudiantes

El Gobierno chileno ha endurecido su postura con respecto al movimiento estudiantil tras los altercados vividos el pasado martes. Los estudiantes acusan al Ejecutivo de aplicar una estrategia destinada a desplazar el debate de los puntos centrales para terminar hablando únicamente de violencia.

Desde hace una semana, Santiago de Chile amanece con barricadas y enfrentamientos entre grupos de encapuchados y la policía. La peor jornada se registró ayer con la quema de un autobús y la detención de 263 personas en las últimas 24 horas.

El Gobierno de Piñera ha decidido invocar la Ley de Seguridad del Estado, que fue creada durante el régimen militar de Pinochet. Esta ley permite reprimir con mayor fuerza las manifestaciones y encarcelar a los responsables, si se trata de huelgas ilegales. Además, aplicando dicha norma, las penas pueden ser mayores y convierte en delitos algunas actividades que no figuran como infracciones en el código penal. 

Es la segunda ocasión en que el gobierno de Sebastián Piñera emplea esta ley. En enero de este año fue invocada en el marco del conflicto desatado por la subida del precio del gas en la región austral de Punta Arenas.

Cristóbal Lagos, Secretario General de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), ha afirmado en declaraciones a Prensa Latina que ésta es una ley que se creó por un gobierno militar para reprimir y asustar a la gente y que es lamentable que un gobierno democrático la invoque. Además añade que la aplicación de esta ley está injustificada ya que “no hay una situación de caos ni de extrema violencia en el país.

En referente a los hechos violentos que se están produciendo en la capital, Lagos ha señalado que “hay gente que está cometiendo el error y haciéndole el juego al gobierno y cayendo en la violencia porque también hay mucha rabia y frustración luego de cinco meses de movilizaciones, pero no tienen nada que ver con el movimiento”.

Hoy finaliza el paro nacional de 48 horas convocado por los estudiantes y profesores, al que también se han unido empleados sanitarios y la unión Portuaria. A lo largo de la mañana han tenido lugar diversas manifestaciones en distintos puntos del país. 

En la capital, se han producido dos marchas, con asistencia multitudinaria. Mientras tanto varios grupos han vuelto a levantar barricadas en varios puntos de la capital, que al cierre de esta edición se ha saldado con más de una decena de detenidos.

Camila Vallejo, presidenta de la Fech, ha anunciado que "tenemos todo el apoyo del mundo. El gobierno nos ha cerrado las puertas, no quiere escuchar. Esta lucha no se resolverá este año".

Chile y Colombia, dos naciones unidas por las desigualdades educativas

Los estudiantes chilenos y colombianos se han levantado contra el sistema educativo impuesto por sus gobiernos. En ambos casos luchan por el fin del lucro en él, aunque existen diferencias notables entre ambos movimientos.

El problema de fondo en ambos países es la pérdida de poder adquisitivo de la clase media. En ambos países, las familias deben de hipotecarse para que sus hijos pueden acceder a una educación de calidad. Aunque existen importantes diferencias entre ambos movimientos.

En Colombia, son los estudiantes universitarios los que se han levantado contra el Gobierno de su presidente, Juan Manuel Santos. Éste quiere realizar una reforma en la educación superior cuyo objetivo es asegurar la viabilidad de la educación pública. Hay que destacar que tan sólo un 0,49% del presupuesto general va dirigido a este ámbito.

Sin embargo, los estudiantes consideran que la propuesta de Santos derivará en la privatización de algunas universidades. Uno de los puntos con mayor controversia es que las universidades dejaran de ser públicas o privadas, para convertirse en mixtas.

Como medida, los estudiantes de las universidades públicas convocaron un paro indefinido desde el pasado 12 de octubre, que ha sido ratificado en el día de hoy. Así 30 de las 32 universidades públicas del país se encuentran paralizadas.

Los estudiantes colombianos aseguran que la huelga no finalizará hasta que el Gobierno retire el proyecto de reforma a la educación superior que presentó al Congreso, garantice la construcción de una propuesta alternativa consensuada, y respete las libertades democráticas para la movilización y el derecho a la protesta.

Por su parte, en el movimiento estudiantil chileno no sólo está compuesto por universitarios, sino también por estudiantes secundarios y profesores. Su objetivo claro es poder instaurar una educación pública, gratuita, en todos los niveles.

Aunque especialmente difícil es la situación de los estudiantes universitarios, ya que sólo un 20% pueden acceder a la universidad pública, ya que la mayoría de ellas son privadas, en contraposición con el 52% de los colombianos.

Hace más de cinco meses que los estudiantes chilenos comenzaron sus protestas, y, a día de hoy, su movimiento se encuentra en un gran momento de popularidad. Esto queda reflejado en el resultado del plebiscito a favor de la educación pública que fue convocado los días 7 y 8 de octubre, en donde más de un 90% votó a favor de sus propuestas.

Además, tres representantes de este movimiento han viajado en la última semana por Europa, para dar a conocer sus demandas en el Viejo Continente. Han visitados Francia, Bélgica y Suiza y se han reunido con miembros de la Unión Europea y las Naciones Unidas.

Bien es cierto, que el movimiento chileno ha alcanzado una mayor repercusión internacional. Aún así, los más importantes es que ambos grupos coinciden en el objetivo de su lucha: acabar con al educación de mercado impuesta en sus países.

Piñera: ceder ante una huelga de hambre sería el “término del Estado de Derecho”

El Presidente, Sebastián Piñera, afirmó que ceder ante las huelgas de hambre como la que en este momento llevan a cabo cuatro comuneros mapuche de la cárcel de Angol y cinco del penal de Temuco sería el fin del Estado de Derecho.

En una entrevista que le concedió a la radio Esperanza de Temuco durante su visita a La Araucanía para reunirse con dirigentes indígenas y policías, Piñera justificó las razones que mantienen presos a los comuneros de Wente Wilcun Mapu, que llevan 51 días en huelga de hambre.

Los presos políticos mapuche en la cárcel de Angol llevan más de 50 días en huelga de hambre y son en estos momentos forzados a ingerir alimentos.

"Yo quiero que la gente sepa quiénes son estas cuatro personas que están en huelga de hambre en un hospital de Concepción. Dos de ellos están condenados por homicidio frustrado, por haber intentado asesinar a trabajadores o a policías que fueron a protegerlos. ¿Vamos a permitir que ese homicidio frustrado quede impune?", afirmó el Presidente.

"La huelga de hambre no es un mecanismo ni legítimo ni tampoco eficaz. De lo contrario, imagínese usted, si nosotros dejáramos que por una mera huelga de hambre, los 55 mil chilenos y chilenas que están presos podrían hacer una huelga de hambre para estar en libertad, eso sería el término del Estado de Derecho".

Represión y heridos

Dos niños y un joven heridos es hasta el mediodía de hoy el saldo de la visita del presidente Piñera a territorio mapuche. Su presencia en un escenario de una decena de huelguistas de hambre debido a su encarcelamiento político y la clandestinidad del vocero mapuche Carbone Queipul ha generado por un lado fuertes controles policiales que impiden las libertades de movimiento y reunión en el sector de Ercilla junto a represión desmedida por parte de carabineros.

Durante las primeras horas de la tarde se desarrolló un enorme allanamiento ordenado por el gobierno en la comunidad de Temucuicui, que tiene al menos 3 heridos: Maitu Marillan Coronado, de 7 años recibió un golpe policial que destrozó sus labios y produjo abundante sangramiento, mientras Luis Marillan Coronado de 10 años se encuentra herido .

Por su parte el joven mapuche Luis Marillan Curamil de 23 años también tiene heridas con armas de fuego policiales en la espalda y nalgas, lo que demuestra que la represión se produce aún cuando la gente escapa de la policía y no cuando se enfrenta a ella, como declaran los voceros del gobierno permanentemente.

Gobierno chileno congela la renovación de concesiones de Radio Prisa

El ejecutivo de Sebastián Piñera, a través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), anunció la congelación de la renovación de 37 concesiones de Iberoamericana Radio, perteneciente al Grupo Prisa. Ibero American Radio posee el 40% del mercado radiofónico chileno.

La paralización de las licencias busca verificar si se cumple el principio de reciprocidad para la inversión extranjera, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Prensa chilena en el que se fija que las concesiones de radio solicitadas por compañías con más de un 10% de capital extranjero ‘sólo podrán otorgarse si se acredita, previamente, que en su país de origen se otorga a los chilenos derechos y obligaciones similares’. Sin embargo, de acuerdo con la legislación española, en este país no sería posible que un inversionista chileno adquiriera un porcentaje equivalente del espectro radiofónico español.


El grupo español pretendía renovar las 37 concesiones por otros 25 años. No obstante, ahora queda pendiente de la decisión de Subtel, cuya investigación incluirá no solamente las 37 concesiones que se encuentran actualmente en proceso de renovación, sino el total de concesiones (212) que Prisa tiene en Chile y que conforman once emisoras de radio de cobertura nacional, es decir, el 40% del espectro radioeléctrico del país.


Esta concentración de frecuencias fue avalada en 2007 tanto por el Tribunal de la Libre Competencia como por la Corte Suprema, a pesar de la oposición de otras radios comerciales y comunitarias del país. En 2008, una vez vigente la fusión, la Contraloría estableció como órgano encargado de investigar el cumplimiento de la cláusula de reciprocidad a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, cuyo entonces responsable, Pablo Bello, avaló la concentración del espectro diciendo que la compra ya había sido autorizada por la Corte Suprema y que no correspondía a Subtel velar por el cumplimiento de la cláusula. De esta manera, el asunto quedó cerrado hasta la actualidad, cuando la propia Subtel busca establecer si existen nuevas circunstancias que justifiquen revertir su resolución de 2008.

El subsecretario de telecomunicaciones, Jorge Atton, expresó que ‘en Chile todas las empresas vinculadas al mundo de la radiodifusión deben cumplir estrictamente la legislación vigente y vamos a cautelar que ello se cumpla con rigor técnico legal’ y que ‘la plena transparencia en esta materia beneficia a los propios concesionarios’. Asimismo, recordó que ‘la investigación abarcará necesariamente la totalidad de las concesiones de radiodifusión que detenta Iberoamericana y no tan sólo aquellas que hoy enfrentan oposiciones a su renovación’. Por su parte, el director de Operaciones de Iberoamericana Radio, Ricardo Berdicheski, se mostró ‘muy tranquilo porque la Subtel ya hizo un proceso de fiscalización en 2008’, y ‘seguro’ de que volverá a concluir que el consorcio cumple con la normativa.


El pasado 24 de noviembre la Asociación de Radiodifusores de Chile, la Asociación de Radios Comunitarias y otras seis emisoras chilenas presentaron ante el Ministerio de Transportes y Telecomunicacionesun recurso de reclamación por el supuesto incumplimiento de ese principio. Además, el 21 de enero la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de acuerdo, promovido por el diputado oficialista René Manuel García, en el que ‘expresa su preocupación’ por la aplicación de esa cláusula de reciprocidad. ‘La legislación española limita a un máximo de 25% la propiedad de extranjeros en sociedades radiodifusoras e impone restricciones a la cantidad de estaciones y de porcentajes de audiencias que puede concentrar un mismo operador’, señala el documento, por lo que si se aprueba la renovación de las licencias, ‘se vulneraría –en opinión de García- gravemente la Ley de Prensa, así como dictámenes (contrarios) del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el Consejo de Defensa del Estado y la Contraloría General de la República’.


Prisa, a través del Grupo Latino de Radiodifusión Chile, filial de Unión Radio, compró la totalidad de las acciones de Iberoamericana Radio Chile, a Claxson Chile S.A. en agosto de 2007 por 74,6 millones de euros. La operación fue autorizada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia de Chile con las obligaciones de desinvertir una concesión en las localidades de Iquique, La Serena, Tongoy, Cartagena, Quilpué, Talcahuano, Los Ángeles, Temuco, Nueva Imperial y Valdivia; y dos concesiones en las localidades de Concepción, Villarrica, Osorno y Puerto Montt, así como la de consultar al citado Tribunal en caso de nuevas adquisiciones de concesiones de radiodifusión en Chile o de la renovación de las actuales. Por aquel entonces, la facturación del Grupo Iberoamericana ascendía a alrededor de 21 millones de dólares con un EBITDA de 8 millones de dólares.


En la actualidad Iberoamericana Radio cuenta con algunas de las emisoras más escuchadas en Chile como Radio Rock And Pop, Radio Imagina, Radio Pudahuel, Radio Futuro, Radio 40 Principales, Radio Corazón y Radio Fm Dos.