COMISIÓN ESPECIAL DE BOMBEROS DISCUTIÓ PROBLEMAS CON EL PAGO DE LAS PRESTACIONES DE SALUD DE VOLUNTARIOS ACCIDENTADOS

Los diputados de la comisión recibieron al Presidente de la Junta Nacional de Bomberos, quien explicó los problemas que han existido con el pago de las prestaciones de salud de los bomberos accidentados en el marco de sus funciones, pese a lo establecido en la ley, que exige que el gobierno pague estos gastos.

Miguel Reyes, Presidente de la Junta Nacional de Bomberos, explicó que la cancelación de las prestaciones de los voluntarios accidentados en horas de servicio por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) no ha tenido la celeridad que se requiere, entendiendo que éstas buscan reestablecer la salud de los voluntarios que trabajan en pos de la comunidad.

Frente a este problema, Reyes señaló que existen siete casos emblemáticos y varios más bastante significativos, en los que no se ha respondido como la ley estipula. “Queremos que se tomen cartas en el asunto porque me encontré con la sorpresa de que había un beneficio que según el Ejecutivo no correspondería que fuera otorgado y que tiene que ver con la atención sicológica de un bombero que fue atropellado al acudir a atender un incendio, quedando parapléjico”, comentó.

“Allí indudablemente hay un trastorno sicológico que es un problema de salud, por eso yo le solicité a la comisión que se le haga presente a la Superintendencia que la interpretación que está haciendo es un tanto restrictiva de la norma”, agregó.

Según su parecer, estas complicaciones para pagar las prestaciones de salud de los bomberos se deberían principalmente a “un exceso de burocracia y un excesivo celo en la petición de documentos que en nuestro concepto no son indispensables. La ley dice que basta con la sola presencia de un certificado médico, pero aquí piden una serie de documentos que entraban la entrega oportuna de estos beneficios”.

El diputado y presidente de la Comisión Especial de Bomberos, Alberto Robles (PRSD) dijo que “es inaceptable que un bombero que se accidenta en actos de servicio, sobretodo cuando son tan pocos casos al año, no mas allá de 15 o 20, de los cuales graves son muy pocos, no se les cumpla con los derechos que el Estado asume. Este no es un problema del Superintendente de Valores y Seguros, que está incumpliendo la norma sino que es un problema del Estado”.

El parlamentario dijo que es importantísimo que estos beneficios sean pagados, ya que el Estado de Chile a través de una ley determinó que todos los gastos de salud que correspondan deberán ser cancelados, “por eso es inaceptable que instituciones que reciben recursos del estado como la ACHS no atiendan este tipo de accidentes, como también es inaceptable la burocracia que la SVS tiene al respecto”.

Por esto, el diputado Robles informó que se la instancia acordó citar para la segunda semana de septiembre al Superintendente de Valores y Seguros para que de cuenta de estos casos que están pendientes de pago, “y nos de una respuesta clara de por qué no se está cumpliendo con la ley”, enfatizó.

AL SENADO PROYECTO QUE ESTABLECE INCENTIVOS ESPECIALES PARA LAS ZONAS EXTREMAS DEL PAÍS

La iniciativa extiende el beneficio de bonificación a la mano de obra hasta el 2025, así como el Fondo de Fomento y Desarrollo y el crédito tributario para las inversiones.

Por 91 votos a favor y 2 abstenciones, la Cámara aprobó y envió al Senado, a segundo trámite constitucional, el proyecto (boletín 8011) que establece incentivos para las zonas extremas del país. 

La iniciativa beneficia a las regiones I, XV, XI, XII y a las provincias de Chiloé y Palena. La iniciativa se sustenta en una reforma a tres instrumentos actualmente vigentes: el DFL 15, el cual es un incentivo para la materialización de inversiones en bienes de capital, que permite recuperar hasta el 20% del monto empleado; la bonificación a la mano de obra, que consiste en un pago al empleador por un monto equivalente al 17% sobre la parte de la remuneración imponible y el crédito tributario a la inversión.

El trámite del texto legal estuvo marcado por variados episodios de tensión entre los parlamentarios y el Ejecutivo, que llegaron a un cúlmine de quiebre el 20 de diciembre de 2011, cuando la Comisión de Zonas Extremas rechazó la idea de legislar. Luego, con dicho antecedente, pasó a la Comisión de Hacienda , sin embargo, frente al peligro de un nuevo fracaso, el Gobierno optó por reabrir las negociaciones con los parlamentarios y flexibilizar su postura.

La discusión se desentrabó recién hacia julio de este año, cuando el Ejecutivo presentó un paquete de indicaciones considerando algunas de las exigencias de los legisladores, lo que permitió que la Comisión de Zonas Extremas revisara su decisión anterior y aprobara en general la iniciativa.

La indicación presentada el pasado 4 de julio buscó despejar algunas dudas de interpretación respecto del beneficio y corregir situaciones injustas que se han detectado en su fiscalización. 

“Dentro del primer grupo de perfeccionamientos, se precisa lo que debe entenderse por domicilio o trabajo permanente para efectos del pago de la bonificación. Además, se establece que quienes hayan recibido bonificaciones forestales de las establecidas en el decreto ley Nº 701, de 1974, podrán obtener la bonificación a la mano de obra en los ejercicios siguientes a aquel en el cual fueron beneficiados con la primera”, acota el mensaje.

Adicionalmente, en la idea de evitar abusos, se prohíbe el cobro del beneficio por un cónyuge, como empleador, respecto del otro cónyuge, como empleado del primero, en la medida que éstos conserven sus facultades de administración según el régimen patrimonial en que se encuentren casados. 

En esta misma línea, se optó también por impedir que el beneficio sea cobrado por una empresa respecto de sus empleados que, a su vez, son socios o accionistas mayoritarios de la misma y que, además, cuenten con facultades de administración, por estimarse que en todos estos casos el vínculo de subordinación y dependencia pierde fuerza y se diluye.

Adicionalmente, se excluye del cobro del beneficio a las empresas que prestan servicios anexos a otras empresas con una o más actividades económicas excluidas.

Brasil: Lula dice en NYT que apuesta por Dilma en 2014

El ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dio un ‘espaldarazo’ a la actual mandataria, Dilma Rousseff, y rechazó las especulaciones de que esta podría hacerse a un lado para que él postule por el Partido de los Trabajadores a la presidencia en el 2014. 

Lula da Silava

“Dilma es mi candidata, y si Dios lo quiere, va a ser reelegida”, manifestó en una entrevista con el New York Times, medio que resaltó la amplia popularidad de ambos políticos en la nación sudamericana.


Sin embargo, Lula Da Silva indicó que para el 2018, cuando tenga 72 años, podría darse otra situación. Según manifestó, es difícil para cualquier político excluirse totalmente de ser un candidato.


A pesar de estas últimas declaraciones, cabe recordar que en junio pasado no descartó intervenir en las justas electorales del 2014, aunque aclaró: “La única situación bajo la que yo sería un candidato nuevamente es que ella (la actual presidenta Dilma Rousseff) no quiera el trabajo”.



Lo cierto es que el ex mandatario, que se ha recuperado de un cáncer a la laringe, manifestó su gusto por la política asegurando que “es mi pasión”.


Justamente, en la última semana, ha empezado a participar de la campaña para las elecciones municipales del 7 de octubre en Brasil, apoyando a los candidatos de su agrupación política. Su imagen será aprovechada por el Partido de los Trabajadores para las contiendas y para mensajes grabados que se dirijan a los electores de diversas localidades.

Chile: Los ciudadanos pide una nueva constitución para el país

Decenas de personas realizaron hoy una cadena humana alrededor del edificio del Congreso Nacional en la capital chilena, para reclamar una Asamblea Constituyente que elabore una nueva Carta Magna.

Una cadena humana pide una nueva constitución en Chile 

Los convocantes recordaron que la actual Constitución que rige a Chile se dictó durante la dictadura militar (1973-1990) con algunas reformas realizadas en 2005 bajo el Gobierno del presidente Ricardo Lagos, "pero que no cuenta con las libertades y garantías que necesita una sociedad para votar adecuadamente".


"Durante los últimos 22 años el Congreso introdujo pequeñas reformas que no tocaron los pilares fundamentales del texto constitucional, manteniendo intacta su esencia y estructura demostrando la incapacidad del parlamento para cambiarla", detalla un documento distribuido por los manifestantes.


En el texto se hace hincapié en poner fin al "binominal" impuesto por la dictadura, un sistema que supone la elección de dos representantes por cada distrito o circunscripción y que obliga a la lista ganadora a obtener el 66,1 % de los votos para lograr ambos representantes.

 

Cientos de manifestantesrealizaron 'cadena humana' en ex Congreso .

También detallan los convocantes que "gracias a la actual Carta Magna", los recursos naturales como el cobre, oro, plata, litio y molibdeno están hoy en manos de empresas extranjeras y destaca el "despojo" que ha sufrido el pueblo mapuche y otras etnias.


"La elección de una Asamblea Constituyente que se encargue de redactar una nueva Constitución, es el clamor de millones de chilenos", concluye el texto que las personas que formaron la cadena alrededor del vetusto edificio repartieron a las personas que transitaban por el lugar.

Estudiantes chilenos ratifican otro paro y anuncian un "nuevo estallido social"

Los estudiantes de secundaria chilenos ratificaron hoy la convocatoria a un paro nacional el próximo jueves y anunciaron el inicio de un "nuevo estallido social" en el país, mientras en Santiago se produjeron nuevas ocupaciones de liceos y desalojos por parte de la policía.

Eloísa González, portavoz de la Asamblea Coordinadora de EstudiantesSecundarios (Aces), una de las entidades que agrupa a estos alumnos, llamó a movilizarse este jueves y advirtió de que redoblarán sus acciones para exigir mejoras en el sistema educativo.

"Los estudiantes secundarios hemos iniciado un nuevo estallido social, un nuevo estallido que marcará este mes", indicó González a los periodistas.

La dirigente instó a realizar este jueves manifestaciones en diferentes comunas (distritos) de la capital para evitar los desórdenes y enfrentamientos con la policía que suelen originarse en el centro de Santiago.

Los estudiantes abogan desde el año pasado por una educación pública, gratuita y administrada en el nivel básico y secundario por el Gobierno central y no por los municipios, como ocurre en la actualidad.

"Todos nosotros queremos estudiar, pero ¿bajo qué condiciones? Son paupérrimas. Esto se trata de demandas históricas", manifestó González, quien dijo que la Aces le entregó al Gobierno un documento con sus demandas hace cuatro meses y aún no ha tenido respuesta.

A nivel universitario, los estudiantes buscan el fin del lucro existente en muchos centros privados y de los altos costes de las carreras, que deben solventar con créditos del sistema financiero.

El Gobierno ha respondido con ofertas de créditos más baratos, más becas y una reforma tributaria que se discute en el Congreso, que busca recaudar entre 700 y 1.000 millones de dólares para la Educación, pero se niega a los cambios estructurales del sistema que exigen los estudiantes.

En la capital chilena, en tanto, se reanudaron las ocupaciones de colegios mientras que la policía respondió con el desalojo del histórico Instituto Nacional, situado junto a la Casa Central de la Universidad de Chile, que había sido ocupado de nuevo por algunos alumnos el lunes por la mañana.

El operativo policial, en el que los agentes utilizaron bombas lacrimógenas para sacar del recinto escolar a los estudiantes, se saldó con un centenar de detenidos, informaron fuentes policiales.

En tanto un grupo de alumnos del liceo José Victorino Lastarria, situado en el distrito de Providencia, tomó las instalaciones del establecimiento, que había sido desalojado por Carabineros durante los últimos días.

En Providencia, al oriente de la capital, varias decenas de alumnos de secundaria se manifestaron en ropa interior para mostrar su repudio a los desalojos de liceos ordenados por el alcalde del municipio, Cristián Labbé.

Varias patrullas de Carabineros escoltaron la manifestación, que se desarrolló en calma y sin incidentes.

Julian Assange, el caso Pinochet y los límites de la democracia británica

Hace 14 años, en 1998, el mundo vivía apaciblemente, según se mire. Las guerras eran las mismas y tenían lugar en la periferia del capitalismo. El campo de batalla por el control de las materias primas se extendía, entraba en juego la privatización de todos los recursos naturales, incluido las fuentes hídricas. El neoliberalismo desregulaba a prisa para facilitar la llegada de las hipotecas basura y dar pingües ganancias al capital financiero. Nos advertían del apagón informático del año 2000 y dábamos la bienvenida al siglo XXI. En lo esencial los sobresaltos fueron pocos, pero de hondo calado. La primera guerra de Irak, las guerra espurias en el territorio de la ex Yugoslavia, la consolidación de los países emergentes y una América Latina sin dictaduras. Aún no existía la República Bolivariana de Venezuela y la derecha mundial concentraba sus descalificaciones en Cuba, sin variar el protocolo de la guerra fría. El mapa del siglo XXI aún estaba en ciernes, nada hacía prever el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, percutor del unilateralismo en las relaciones internacionales y las guerras contra el terrorismo internacional.

Sin embargo, un hecho, en materia de derechos humanos, haría que la justicia internacional cobrara protagonismo en las postrimerías del siglo XX, la detención en Londres del dictador chileno Augusto Pinochet. Gran Bretaña debía resolver la extradición solicitada por el juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, a demanda de la acusación particular y popular encabezada por el abogado Joan Garces. Gobernaba la socialdemocracia de Tony Blair y la tercera vía.


El gobierno de su majestad Isabel II, España y Chile sufrieron un shock. Ninguno de los tres estados deseaba que el tirano fuese juzgado por crímenes de lesa humanidad. Como demostración de su rechazo, Chile retiró a su embajador en Madrid y el entonces presidente del Gobierno español, José María Aznar, y su partido boicotearon el caso en los tribunales, realizando lo que se llama en la jerga legal terrorismo judicial. Por su parte, Margaret Thatcher se refirió a Pinochet como el único preso político existente en su país. Las argucias y artimañas para conseguir el objetivo, la libertad del dictador, dieron resultado en el medio plazo. El abogado de Pinochet, a la sazón también defensor de los intereses de Endesa en Chile, Pablo Rodríguez Grez, organizador del grupo paramilitar Patria y Libertad, movimiento que se dedicó a poner bombas y sabotear el gobierno de Salvador Allende, encontró la vía para lograr la libertad del susodicho. En una operación de encaje le hizo llegar al ministro del Interior de la corona, Jack Straw, un resquicio legal que posibilitaba bloquear la decisión judicial. La extradición podía frenarse políticamente si existían causas médicas, cuyo diagnóstico avalase la incapacidad mental del imputado. Straw agradeció el gesto del abogado. En un momento negro para la historia de la justicia internacional permitió que el dictador emprendiera viaje libremente a Santiago de Chile tras pasar 503 días detenido. Ahí se detuvo el reloj de la democracia en Gran Bretaña. Más tarde Blair, junto con Bush hijo, se daría un festín de sangre humana en la segunda guerra del golfo.


Hoy la historia se repite con otro caso similar en la esfera del derecho internacional. Inglaterra vuelve a ser el centro de atención. Esta vez se trata de la detención y posterior orden de extradición expedida contra Julian Assange a solicitud del gobierno sueco. Assange es imputado de cometer delitos sexuales. Agotadas las vías de apelación, la sentencia para ser extraditado se confirma. Es el momento cuando Julian Assange pide asilo político en la delegación de Ecuador. El caso no pasaría de ser una anécdota si el imputado no fuese uno de los creadores de Wikileaks. Persona buscada por Estados Unidos como divulgador de secretos de Estado y causante del mayor descrédito de la política exterior estadunidense en su historia contemporánea, no es un violador cualquiera. Aquí los ribetes políticos son claros. Las acusaciones de dos mujeres, cuyo sexo fue consentido, son a todas luces una tapadera. La excusa para privar de libertad a Julian Assange y entregarlo a las autoridades suecas tiene otra finalidad: servirlo en bandeja de plata a Estados Unidos. La triangulación es perfecta. Si con la negativa de extraditar a Pinochet se buscaba la libertad burlando la acción de la justicia, con Assange se trata de remar en sentido contrario, pero con el mismo resultado: hacer imposible que se haga justicia. En ambos casos salta a la palestra el nombre de Baltasar Garzón, antes juez que solicitara la extradición de Pinochet, hoy apartado de la judicatura española, convertido en uno de los abogados de Assange, pide la anulación y puesta en libertad del imputado.


Si vemos el caso, Assange tenía escasas probabilidades de evitar el traslado a Estocolmo. Si se trata de una imputación de violación, él mismo señaló que estaría dispuesto a someterse a la justicia sueca, no dudaba de tener un juicio justo, su defensa era de manual. Pero la ingenuidad tiene un límite. Con las cartas marcadas y viendo peligrar su integridad, el fundador de Wikileaks pide asilo político, dando al caso la dimensión política que realmente tiene. Su decisión, una vez resuelta favorablemente la petición de asilo político por el presidente de Ecuador, Rafael Correa, da la razón a Assange.

La violencia inusitada de las autoridades británicas atacando la decisión del presidente Rafael Correa pone en cuestión la flema inglesa y dejan al descubierto la maniobra y el escaso respeto a la soberanía y leyes internacionales de los países imperialistas cuando sus demandas caen en saco roto. Más allá de los exabruptos extemporáneos, la manera de actuar de Gran Bretaña anuncia un empantanamiento, donde destaca la negativa a brindar el salvoconducto que facilite su traslado a Ecuador. El objetivo, dilatar tiempo de estancia de Assange en la legación ecuatoriana. Podrán pasar años, no sería el primer caso en la historia. Víctor Raúl Haya de la Torre pasó cinco años, de 1949 a 1954, en la embajada de Colombia en Lima, pues el gobierno peruano se negó a entregarle el salvoconducto. Seguramente el resultado final, en este caso, no variará. Pero negar el salvoconducto busca impedir la libertad del imputado y, de paso, presionar al Estado que lo concede.

Gran Bretaña, considerada cuna de la democracia parlamentaria contemporánea, con esta decisión renuncia a los principios de justicia internacional y retrocede siglos en la doctrina de los derechos humanos, situándose a la cabeza de los estados reaccionarios e imperialistas, cuyas viejas glorias pretende hacer valer por la fuerza. Pero los tiempos cambian, América Latina no es ese continente sumiso y dependiente. Algunos países, no todos, se alzan contra la colonialidad del poder y engalanan su soberanía bajo la bandera de la dignidad. En estas condiciones la lógica del caso Assange hace pensar que no habrá paso atrás por el gobierno ecuatoriano. En sesión plenaria urgente del viernes 17 de agosto, la Asamblea Nacional condenó sin ningún voto en contra, siete abstenciones y 73 votos en favor las amenazas de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de pretender irrumpir en su embajada, ya que ello constituiría un atentado contra la soberanía nacional y una violación de los principios del derecho internacional consagrado en la carta de la ONU y la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. 

Los tiempos están cambiando, el orden y mando del imperialismo, sea cual fuere su apellido, hoy tiene respuesta. La dignidad también existe. Gracias, Ecuador.

Fuente original: http://www.jornada.unam.mx/2012/08/18/opinion/022a1mun

¿Qué le pasa a Brasil?

Después de brillar como uno de los países emergentes con mayor crecimiento, Brasil se desacelera. Un estudio pronostica que en diez años México podría superar al coloso de Suramérica como la economía líder en la región. Las implicaciones serían enormes.

                         

 

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ve pocas probabilidades de que la economía de este coloso suramericano se recupere vigorosamente este año. Algunos pronósticos apuntan a que crecerá por debajo del 2 por ciento. 

De nuevo el deporte y la economía se vuelven a cruzar. En la pasada final del fútbol Olímpico en Londres, México superó a Brasil al quedarse con la anhelada medalla de oro, el único trofeo que le falta por ganar a la selección 'auriverde' de fútbol. Curiosamente, la histórica rivalidad económica entre estas dos naciones latinoamericanas también revivió por estos días, cuando un estudio del banco de inversión japonés Nomura predijo que en una década México desplazará a Brasil como la economía líder en América Latina.


Tras varios años de brillar como una de las economías emergentes más atractivas, el crecimiento de Brasil ha perdido ímpetu. Después del extraordinario 7,5 por ciento alcanzado en 2010, el año pasado el Producto Interno Bruto (PIB) se desaceleró hasta 2,7 por ciento y para 2012 los pronósticos están por debajo de 2 por ciento. Mientras tanto, México recobra dinamismo. El año pasado el PIB azteca creció 3,8 por ciento y para el presente se estima que superará el 4 por ciento. Este sería el segundo año consecutivo en el que la economía mexicana crece por encima de la brasileña, luego de cuatro años de dominio de esta última.


Todo indica que la fiesta ya se acabó en Brasil, país que desplazó a Gran Bretaña del sexto lugar como la economía más grande del planeta y que aspira a convertirse en la quinta potencia orbital. Según el instituto oficial de datos de Brasil (IPEA) el ritmo de las exportaciones ha descendido; la caída en los precios de las materias primas ha afectado los ingresos del país; el empleo industrial ha bajado; la rápida expansión del crédito llevó los niveles de morosidad al 8 por ciento -especialmente en consumo- y la inflación superó el 7,5 por ciento el año pasado.


¿Qué le pasa a ese país? Analistas sostienen que el enfriamiento de su economía se debe a tres factores: la fuerte resaca que quedó después del boom de los años 2004-2010; los vientos en contra que ha traído la crisis internacional -incluida la desaceleración china- y viejos problemas estructurales que el coloso suramericano no ha logrado superar.


Para Alberto Bernal de la firma de servicios financieros Bulltick Capital Markets, Brasil está sintiendo los efectos del recalentamiento de su economía pues creció por encima de su capacidad y ahora está pagando las consecuencias con una fuerte resaca. La veloz expansión del crédito en los últimos años si bien impulsó el crecimiento económico y promovió la inclusión financiera, también generó riesgos de sobreendeudamiento de los hogares y aumento de la morosidad. Otros analistas consideran que el principal causante del tropiezo brasileño es la desaceleración global. Según el FMI, la caída de la demanda en el mundo desarrollado terminó enfriando las economías de China, Brasil e India. Un menor crecimiento de China es un golpe para el gigante latinoamericano que tiene una alta dependencia de las materias primas que exporta al mercado asiático.


Un sondeo semanal que realiza el Banco Central de Brasil -que incluye la opinión de 100 analistas, economistas de bancos y corredoras- señala que las proyecciones de expansión económica para este año y el próximo se redujeron, debido a que la crisis europea perjudicó la actividad 'auriverde'.


Los mayores obstáculos, que a juicio de los analistas, pueden nublar el horizonte económico de Brasil están en los problemas estructurales de su economía. Hay deficiencias en infraestructura que entorpecen el comercio y la competitividad de las empresas, y la tasa de inversión frente al PIB es muy baja. Y aquí nuevamente surgen las diferencias con la economía mexicana. Un informe del banco español BBVA señala que mientras, en la última década México tuvo en promedio una tasa de inversión del 24,6 por ciento, Brasil tuvo un 18 por ciento. La tasa de inversión es fundamental para que una economía crezca, basta observar lo que sucede con los países asiáticos. Corea del Sur tiene una tasa de inversión frente al PIB del 30 por ciento y China del 50 por ciento.


Lo cierto es que, cada vez que los analistas encuentran debilidades en Brasil, tienen motivos para destacar el dinamismo que viene recobrando México. Un blog de la revista inglesa The Economist señala que la razón para que se estén invirtiendo los papeles en el mapa de la economía regional es China. Considera el bloguero de la prestigiosa revista que el crecimiento del gigante asiático ha sido una bendición para los exportadores de materias primas de Brasil que han hecho una fortuna alimentando la economía china y un dolor de cabeza para los fabricantes mexicanos que enfrentan una mayor competencia de las empresas chinas en los Estados Unidos. Pero con la desaceleración de China están cambiando las cosas. La demanda de productos brasileños se está enfriando, y México está recuperando una ventaja en su mercado principal.


¿Qué pasará si se cumple el pronóstico de Nomura y México supera en 2022 a Brasil como economía líder en América Latina? Según Benito Berber, uno de los autores del estudio, tendrá repercusiones enormes, tanto económicas como políticas. Una de ellas es que el modelo de mercado tendrá más resonancia en la región, sobre el intervencionista o estatista seguido por Brasil y sus aliados regionales más cercanos como Argentina y Venezuela. Es probable, considera el informe, que se vea cómo la región tiende de nuevo hacia políticas económicas más ortodoxas, en lugar de la política de izquierda, a menudo populista, de los últimos diez años. También se podría reactivar "la menguada influencia de los Estados Unidos en la región, en detrimento relativo de China, que es visto por muchos como el paradigma de Estado". A medida que México se convierte en la mayor economía de la región, dice Nomura, se esperaría que más y más países sigan su ejemplo y "un nuevo paradigma, económico y más liberal se convertirá en la norma dentro de la región".


Brasil no se quedará con los brazos cruzados. Para Álvaro Cámaro analista del Grupo InterBolsa, compañía con presencia directa en el mercado brasileño, cuando vuelvan los vientos favorables en el mercado externo, Brasil retomará su rumbo, dada la enorme riqueza que tiene en sus materias primas. "Para el segundo semestre, esperamos un resurgimiento de la economía de Brasil".


Las expectativas en los próximos años están puestas en las inversiones del gobierno para cumplir con los dos magnos eventos deportivos: la Copa Mundial de Fútbol que se disputará en el 2014 y los Juegos Olímpicos en el 2016. Sólo el Mundial supondrá unos 14.000 millones de dólares de inversión directa en infraestructura, gran parte de la cual se utilizará también para la cita olímpica. La presidenta Dilma Rousseff ve pocas posibilidades de que la economía Brasil se recupere vigorosamente este año y ya comenzó a anunciar un paquete de medidas que incluye reducción de impuestos y aumento de las inversiones en infraestructura. En los primeros cinco años planea otorgar concesiones al sector privado por cerca de 40.000 millones de dólares. Pero los desafíos de los aztecas tampoco son sencillos. Hoy en día la economía mexicana es la mitad del tamaño de la brasileña. Así mismo, la inseguridad provocada por el narcotráfico y la guerra contra los carteles mantiene un efecto negativo en las perspectivas económicas del país centroamericano.


Las predicciones sobre cuál de los dos colosos brillará más en el firmamento económico latinoamericano no son más seguras que las que se puedan hacer en materia futbolística. Y aunque esta vez el triunfo olímpico fue para los aztecas, los brasileños saben que tanto en el deporte, como en la economía aplica el dicho de que 'en juego largo hay desquite'.