CÁMARA PIDE BONIFICAR A FAMILIAS CON ENFERMOS POSTRADOS

Mediante un proyecto de acuerdo, se pide al Ejecutivo otorgar a las familias del 60% más vulnerable con un familiar postrado a su cuidado, un bono equivalente a un sueldo mínimo mensual, que también pueda ser usado para contratar a un cuidador.

Servicio de atención pública a enfermos postrados y adultos mayores, ...

Por 49 votos, la Cámara aprobó el proyecto de acuerdo N° 607, que solicita la entrega de una bonificación equivalente a un sueldo mínimo mensual para todas las familias del país que pertenezcan al 60% de menores recursos, que tengan un familiar enfermo postrado, y cuyo cuidado personal sea realizado directamente por su cónyuge, hijo (a) o familiar directo hasta el 2° grado de consanguinidad, que haya dejado de trabajar debido a esta situación.

La iniciativa solicita además que este bono pueda ser utilizado para contratar a una persona que preste este cuidado cuando no lo pueda hacer un familiar.

El proyecto de acuerdo fue presentado por el diputado Mario Bertolino (RN), junto a los diputados Andrea Molina (UDI), Carlos Vilches (UDI), Marcela Sabat (RN), José Miguel Ortiz(DC), Germán Verdugo (RN), Alejandro Santana (RN), Alberto Cardemil (RN) y Germán Becker (RN).

La propuesta indica que en el país existen más de 50 mil personas gravemente enfermas que no pueden valerse por sí mismas, por padecer parálisis, enfermedades catastróficas u otras.

Existe un programa dependiente del Ministerio de Salud, denominado “Programa de Atención Domiciliaria a Personas con Discapacidad Severa”, que se ejecuta a través de convenios con las municipalidades, y que contempla un “Pago a Cuidadores de Personas con Discapacidad Severa”.

Este programa favorece a personas que requieren de apoyo, guía y supervisión total en las actividades de la vida diaria, con una cantidad mensual que en 2011 ascendía a $21.532, suma pagada al cuidador.

“En la mayoría de los casos el cuidador es un familiar, generalmente el cónyuge”, indica el texto. Los cuidadores generalmente han tenido que dejar de trabajar para cuidar al enfermo desahuciado, “causando con ello un grave detrimento a los ya exiguos ingresos del grupo familiar”.

En el caso de las familias de escasos recursos, estas personas necesitan mayor apoyo de la sociedad, y la cantidad pagada si bien es una ayuda, no les permite vivir en condiciones mínimas de dignidad.

Acoso escolar, mal reflejo de sociedad latinoamericana

 "La escuela sigue siendo reflejo de lo que pasa en las sociedades", por lo que es urgente evaluar qué hay detrás de los altos índices de acoso escolar en América Latina, analizó la experta en educación regional Marcela Román.

                          Violencia o acoso escolar: se define como un abuso entre alumnos de forma ...

La antropóloga chilena advirtió a IPS que "también debemos cuestionarnos y asumir cómo el sistema, la política educativa, está generando y permitiendo estos niveles de maltrato en las escuelas" de la región, donde más de la mitad del alumnado lo sufre en alguna de sus formas.

El acoso escolar, conocido como "bullying", define situaciones de intimidación, acoso, abuso, hostigamiento y victimización que ocurren reiteradamente entre escolares. 

Insultos, apodos y sobrenombres; golpes, agresiones directas, robos; amenazas, rumores y la exclusión o el aislamiento social son las formas de maltrato más comunes y frecuentes. Pero últimamente aumentó de manera importante el "bullying cibernético" mediante el cual se maltrata y denigra al estudiante por Internet. 

Román, del chileno Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación de la Universidad Alberto Hurtado, afirmó que la violencia escolar es un grave problema en toda América Latina, y su erradicación es una necesidad urgente en la búsqueda de una escuela de calidad. 

El estudio "América Latina: violencia entre estudiantes y desempeño escolar", realizado en 2011 por Román y su colega Javier Murillo, constató que 51,1 por ciento de los estudiantes de sexto grado de primaria de la región, en general de 11 años, sufrieron robos, insultos, amenazas o golpes de otros condiscípulos. 

A juicio de Román, el acoso escolar es grave porque no está focalizado en un tipo de estudiantes, de escuela o de nivel socioeconómico, sino que es transversal, según mostró el estudio publicado por la Comisión Económica para América Latina (Cepal). 

"A veces cambia la forma y la prevalencia", afirmó. Una constante, precisó, es que es menor en las zonas rurales, "por lo que hay que analizar qué tiene lo urbano que desencadena con mayor facilidad, acciones que afectan la relación de los estudiantes". 

Para Román, una característica central es que los sistemas educativos comienzan a ser cada vez más competitivos, más exitistas y a provocar abierta o implícitamente espacios de competencia entre los estudiantes y, por consiguiente, "menos tolerancia y menos respeto y valoración por el otro, lo que hace más fácil que surjan interacciones más violentas". 

El estudio evidenció que la agresión más común en la región es el robo (39,4 por ciento del total de casos), seguida de violencia verbal (26,6 por ciento) y física (16,5 por ciento). 

Pero hay amplias variaciones en los países. En Argentina se dan los mayores casos de insultos y amenazas (34,3 por ciento del acoso total), delante de Perú (37 por ciento), Costa Rica (33 por ciento) y Uruguay (31 por ciento). 

Argentina encabeza también los casos de violencia física entre pares, con 23,5 por ciento de los casos totales, seguida por Ecuador (21,9 por ciento), República Dominicana (21,8 por ciento), Costa Rica (21,2 por ciento) y Nicaragua (21,2 por ciento). 

Cuba es el país con la menor tasa de estudiantes que admitieron haber sido golpeados recientemente: solo 4,4 por ciento de los entrevistados. 

"En general, en todos los países, salvo Cuba, la mitad de los niños reconocen haber sido víctimas de acoso escolar, un porcentaje que sube cuando preguntas si han sido testigos. La interpretación desde la antropología y la psicología es que siempre resulta más fácil mirar en otro y no reconocer que uno es también víctima", precisó Román. 

Chile, un caso que muestra otros 
El caso de Chile ayuda a aterrizar los datos del estudio regional en realidades concretas y en las políticas que algunos países han comenzado a establecer ante el bullying. 

La Encuesta Nacional de Convivencia Escolar 2011, cuyos resultados fueron divulgados por el Ministerio de Educación el 30 de julio, reveló que 10 por ciento de los estudiantes de octavo grado básico, de 13 años, reconocen haber soportado acoso y 25 por ciento de ese total admiten que lo sufren diariamente. 

Lo sabe muy bien Magdalena Velázquez, cuya hija, Antonia, de 7 años, fue objeto de maltrato reiterado en una escuela y lo siguió siendo en una segunda cuando, desesperada, la cambió. 

"Antonia llegaba con moretones en los brazos. Sus compañeras le cobraban dinero o dulces para incluirla en los juegos y una vez llegaron a arrastrarla por el suelo. También la tomaron entre tres y una le pegó combos (puñetazos) en el estómago", relató Velázquez a IPS. 

Pero lo peor fue la respuesta de los representantes escolares cuando les solicitó apoyo. "Para mi asombro, gran parte de ellos acusaron a mi hija de no integrarse y de llevar dinero al colegio. La responsabilizaron a ella del maltrato que estaba recibiendo", explicó. 

Algo que suele olvidarse es que el bullying también impacta la calidad de la educación, dijo a IPS la socióloga Carolina Bascuñán. 

Alan Wilkins, secretario regional del Ministerio de Educación, explicó a IPS que el gobierno busca disminuir las agresiones, que actualmente afectan a 20.000 estudiantes, aplicando la Política Nacional de Convivencia Escolar, "que establece las bases para tener una nueva comprensión de la convivencia". 

También se implementó el Plan Escuela Segura que busca fortalecer en los colegios del país las medidas para prevenir y proteger a los estudiantes de todo tipo de riesgos, entre ellos el bullying, el abuso sexual o el consumo de alcohol y drogas. 

Sin embargo, para Bascuñán, con una maestría en necesidades y derechos de la infancia y la adolescencia, las políticas públicas son insuficientes, porque aplican estrategias para reparar el daño y no centradas en la prevención. 

Un ejemplo, opinó, es la Ley sobre Violencia Escolar, vigente desde 2011, que "está creada fundamentalmente con el ojo en la sanción". 

El problema del acoso escolar "no solo se tiene que trabajar desde el niño, sino desde la comunidad educativa y desde la familia, porque todo este sistema es el que ampara, promueve la violencia, pero también es el que debe estar a cargo de prevenir y de erradicarla", analizó.(FIN/2012) 

Fuente: Marianela Jarrou

Chile el país de la desigualdad invisible

Es viernes por la mañana y Carlos, ejecutivo de una empresa inmobiliaria de la capital chilena, se levanta sabiendo que, como en toda víspera de fin de semana, trabajará hasta más temprano y luego partirá a la costa del océano Pacífico junto a su esposa y sus tres hijas.

Una embarazada descansa en un improvisado campamento en la calle tras el terremoto de 2010.

A la misma hora y al otro lado de Santiago, Pablo, tercero de cuatro hijos de una familia campesina ahora afincada en esta ciudad, está desde el amanecer en faenas de carga y descarga de reses en un frigorífico en el que debe cumplir nueve e inamovibles horas diarias.

Carlos gana en promedio el equivalente a 6.000 dólares por mes, casi 17 veces más que el salario mínimo que percibe Pablo, igual a 364 dólares.

Ambos son ciudadanos de Chile, un país sudamericano que lleva décadas declarado como el "milagro latinoamericano" por la pujanza de su economía y la reducción de la pobreza, pero donde la brecha entre ricos y pobres sigue siendo una de las más amplias de América Latina, que, a su vez, es la región más desigual del mundo.

Eso explica por qué el gobierno de Sebastián Piñera celebró las cifras de ingresos de ricos y pobres, publicadas el 24 de julio en la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen).

Los datos sostienen que la diferencia entre lo que perciben los sectores más ricos y más pobres cayó de 46 veces en 2009 a 35 veces en 2011. Si a eso se agregan las ayudas estatales, como bonos y subsidios para los más vulnerables, "esta desigualdad se achica: en 2009 era 25 veces la diferencia, y en 2011 se redujo a 22 veces", dijo el mandatario.

Así como el dinero está lejos de ser la respuesta única al bienestar humano, la diferencia de salarios no alcanza para explicar la desigualdad.

Carlos vive en una casa amplia de cinco dormitorios y tres baños en la acomodada comuna de Las Condes, al oriente de Santiago.

Pablo habita una pequeña vivienda en la comuna de Lo Prado, al poniente de la capital. En dos ambientes construidos y otros dos prefabricados con madera y algunos materiales aislantes se apiñan él, su madre, una hermana menor, su pareja y sus dos hijos, de uno y cuatro años de edad.

En estos días del invierno austral, la familia se calienta con braseros improvisados, la manera más económica de evitar el frío, pero también peligrosa por los frecuentes incendios que causa.

El producto interno bruto de Chile creció más de 20 por ciento entre 2006 y 2011; la pobreza afecta a 14,4 por ciento de sus 17 millones de habitantes y la indigencia a 2,8 por ciento, según la Casen, principal instrumento de medición para el diseño y evaluación de la política social del país.

Pero, a la alegría oficial, se oponen voces calificadas.

"La Casen ha perdido toda credibilidad respecto de la medición de la pobreza y la desigualdad. Es una encuesta que se maneja con parámetros que no se condicen con el Chile de hoy, por lo que es un ejercicio estadístico en base a ciertos supuestos que en realidad poco dicen de los niveles reales de pobreza y desigualdad que existen", dice a IPS la economista Gloria Maira.

La línea de indigencia y de pobreza de la Casen se determina por el valor de la Canasta Básica de Alimentos, equivalente a unos 146 dólares, que determina una medición unidimensional, pues no contempla otras necesidades como salud, vivienda, educación o transporte. Además, el sistema de evaluación utiliza patrones de consumo de 1987, desfasados de la realidad actual.

Si se adoptaran los parámetros de hoy, la pobreza aumentaría considerablemente, un costo político que ningún gobierno quiere asumir. Un "sinceramiento" de esos parámetros dispararía las cifras de pobreza y desigualdad, agrega Maira.

"Estamos atrapados en los números y tenemos poca mirada en cuanto a calidad de vida", señala a IPS el antropólogo Mauricio Rojas. Hay que considerar las posibilidades de la gente de vivir con dignidad, apunta.

Antes de llegar a su oficina, Carlos tiene tiempo de llevar a sus hijas al colegio privado, que cobra mensualidades de unos 500 dólares.

Como trabaja desde tan temprano, Pablo no puede darse el lujo de acompañar a sus hijos a la guardería, controlada por la gubernamental Junta Nacional de Jardines Infantiles, donde los niños y niñas permanecen desde las ocho de la mañana a las cuatro de la tarde y reciben leche, almuerzo y merienda gratuitos.

Semejante cobertura de enseñanza suena encomiable. Pero en la educación fragmentada en tres sistemas –uno público descentralizado, uno particular subsidiado y otro privado y pago– está enterrada una de las raíces de la desigualdad chilena.

La Constitución no consagra el derecho a la educación, y el sistema de enseñanza se rige por el principio de lucro. Además, ni siquiera las universidades públicas son gratuitas en este país.

"Donde se refleja la pobreza es en el acceso a la educación, la salud, la previsión, que deberían ser los roles esenciales del Estado", explica Rojas.

Carlos es usuario de una institución de salud previsional, sistema privado creado en 1981 por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Por el pago de una importante suma, él y su familia pueden acceder a las mejores clínicas y médicos.

Pablo, gracias a su trabajo, es usuario del estatal Fondo Nacional de Salud, que opera principalmente con hospitales y consultorios públicos, donde la atención es lenta y precaria.

Cuando toca ir al hospital, "es triste y humillante. Hay que esperar horas por la atención, incluso cuando se trata de uno de mis hijos, que son pequeños. Cuando por fin te atienden, apenas te explican qué le pasa a tu hijo, te tratan mal y te mandan para la casa. A los pocos días hay que volver porque tu hijo está peor. Es así todos los inviernos", describe.

Su familia soporta la crisis sanitaria que, sobre todo en invierno, ataca a los más pobres. La gran contaminación atmosférica de Santiago, una urbe rodeada de montañas, se combina con el frío y genera una explosión de enfermedades respiratorias: 4.200 personas mueren por año a causa de la polución del aire santiaguino.

La sociedad de consumo no es capaz de satisfacer esas necesidades de las personas. Sin embargo, hay una tolerancia ciudadana hacia la desigualdad, describe Rojas.

En su opinión, "hay una sociedad de consumo que es exitosa, que da un cierto espejismo de integración social a través de los objetos, y que esconde los verdaderos derechos sociales que están restringidos", afirmó.

A horas distintas, Carlos y Pablo terminan sus jornadas laborales. Al ponerse el sol, Pablo retorna a casa en el atestado transporte público Transantiago. Carlos ya disfruta de un vino tinto templado en la terraza de su apartamento con vista al mar.(FIN/2012)

Fuente:Marianela Jarroud (IPS)

El Colegio de Periodistas de Chile reclama por las agresiones a reporteros

Niegan el pasaporte a periodista Hernán Uribe por "delitos de opinión” acaecidos hace más de 61 años

Periodista Hernán Uribe

Como si aún viviéramos en dictadura, el Estado de Chile volvió a negar el pasaporte al ciudadano periodista Hernán Uribe Ortega (88), quien debe viajar a Venezuela para rendir un informe sobre Atentados a Periodistas ante el XI Congreso de la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap), a efectuarse en Caracas el 1 y 2 de septiembre. Uribe, co-fundador de la Felap en 1976, encabezó por 20 años su Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas (Ciap-Felap).

 El “caso Uribe tiene ribetes kafkianos, quizás malintencionados. Primero, esta situación ya ocurrió en mayo de 2006, cuando el afectado debía viajar a México a recibir un reconocimiento por su labor gremial internacional de toda una vida, y segundo, porque la “orden de arraigo” de la Policía de Investigaciones (PDI) data de 1951, “justificada” entonces por una causa judicial de “delito de opinión”, rol 23/51, tramitada por el “Tribunal de Santiago” –que ya no existe– a petición del gobierno de Gabriel González Videla (1946-1952), por críticas del periódico “Democracia” –también feneció– donde el entonces joven periodista fungía de “director responsable”, figura creada precisamente para no exponer legalmente al director real.

La prescripción comúnmente en Chile se otorga a los 5 años para los delitos corrientes. Los únicos imprescriptibles son los crímenes de lesa humanidad. Paradojalmente, Uribe, cronista, relator e investigador de dos décadas de atentados a periodistas en América Latina y el Caribe, padece ahora su propio atentado surrealista de la pérdida de su identidad y su derecho a desplazarse por el mundo globalizado.

Los pasaportes chilenos son emitidos por el Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCEI) –que dirige Rodrigo Durán López–, adscrito al Ministerio de Justicia, a cargo de Teodoro Javier Ribera Neumann. El SRCEI, que se ufana de su eficacia, sólo ofrece informes vagos y sin ninguna precisión, achaca la responsabilidad a la PDI, no se ha molestado en más de 6 años en actualizar sus bases de datos y descarga en el usuario la desesperante tarea de hurgar la “orden de arraigo” en archivos de 61 años –que tampoco son accesibles fácilmente–, buscando papeles que un abogado considera ubicables en una tarea tediosa que consume por lo menos tres meses.

Otras agresiones a periodistas en Chile

El Colegio de Periodistas invitó a acompañar a los integrantes del Consejo Nacional que irán este jueves a las 11 horas al Palacio de La Moneda para exigir que el gobierno le dé urgencia a un proyecto de ley que aumenta las penas a quienes agredan a periodistas.

Mientras Uribe gestiona un recurso ante los tribunales con el apoyo del Colegio de Periodistas, Marcelo Castillo, presidente del organismo gremial, anunció que se reunirá el jueves con el ministro vocero Andrés Chadwick para exponer al gobierno más de 30 casos de agresiones a periodistas documentados en 2011-2012, las más antiguas de manifestantes, y las más recientes de personajes de la farándula.

Además del atentado “caso Uribe”, en la última semana varios reporteros, fotógrafos y camarógrafos fueron agredidos por personajes de la farándula. Antes fueron golpeados, en algunas ocasiones por encapuchados, quienes cubrían  manifestaciones en las calles, otros incluso resultaron detenidos por Carabineros. “Cuando se quiere ocultar la verdad siempre el primer agredido es el periodista”, dijo Castillo. “Trabajamos en favor del derecho a la información de los ciudadanos, no por interés personal”. Pidió que “por eso, nos acompañen este jueves hasta La Moneda, donde nos reuniremos con el ministro secretario general de Gobierno, Andrés Chadwick”.

El déjà vu 2006 de esta historia se encuentra en estos sitios:

http://www.elclarin.cl/index.

php?Itemid=961&id=2955&option=
com_content&task=view

http://alainet.org/active/

11619&lang=es

*) Ernesto Carmona, Presidente de la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas (Ciap-Felap) y director del Círculo de Periodistas de Santiago (Chile).

Denuncian la infiltración policial en la última protesta estudiantil en Chile

La Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios denunció que en la manifestación estudiantil celebrada el miércoles en Santiago de Chile había «carabineros infiltrados» y que la quema de unidades de transporte pudo ser «un montaje» hecho por los Carabineros. La protesta, que se saldó con al menos 75 detenidos y 49 agentes heridos, finalizó con enfrentamientos y quema de autobuses públicos.

 

"Varios miles de estudiantes Chilenos protagonizaron ayer la última protesta ...

 

La convocatoria fue realizada por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, que contó con el respaldo de los colectivos universitarios, para reclamae una educación pública, gratuita y de calidad.

Los estudiantes pretendían marchar por la Alameda, la principal avenida de la capital, pero las autoridades no autorizaron el recorrido. Los manifestantes no cejaron en su intento y la Policía se enfrentó a ellos con carros lanzagases y personal montado a caballo y lanzando agua a presión.

La portavoz de AES, Eloísa González, denunció que los hechos violentos fueron provocados por «carabineros infiltrados», ya que «hay intención de inferir las manifes- taciones y de tratar de coartar el libre albedrío de los estudiantes».

Apuntó que la quema autobuses pudo ser «un montaje» de los propios agentes. «No renemos claridad de quiénes son los encapuchados y cómo han ocurrido estos hechos de violencia. 

Me preocupa mucho la actitud del Gobierno de querer individualizar, de querer armar montajes, de querer desenfocar los movimientos estudiantiles y sociales», afirmó González.
Por su parte, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), Gabriel Boric, aseguró que «era evidente lo que iba a pasar», después de que no se autorizada la marcha.

«Me parece terrible lo que está pasando porque el Gobierno no ha dado respuestas a los estudiantes. Hicimos un emplazamiento a los 120 diputados, les entregamos una carta a los 38 sendaores, al presidente de la república, y lo único que recibimos por parte del Gobierno fue una carta» para decir que había recibido la misiva enviada por el movimiento estudiantil.

En rueda de prensa, la funcionaria Cecilia Pérez informó que uno de los agentes se encuentra grave mientras que un estudiante de 14 años de edad ha sido acusado de quemar un autobús perteneciente a la compañía Transantiago.
 

Un exmiembro de la Junta chilena declara ante un juez por la muerte del padre de Bachelet

El general retirado Fernando Matthei, exmiembro de la Junta Militar y jefe de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) durante la dictadura de Augusto Pinochet, declaró hoy ante el juez Mario Carroza que investiga la muerte del padre de la expresidenta Michelle Bachelet, informó el magistrado. 

                             a expresidenta de Chile Michelle Bacheletde "ocultar información"

Matthei, dijo a los periodistas el juez Carroza al término de la diligencia que duró dos horas, proporcionó "todos los datos" que se le pidieron respecto de la muerte del también general de la FACH Alberto Bachelet.

Bachelet, que se opuso al golpe militar que en septiembre de 1973 encabezó Augusto Pinochet para derrocar al Gobierno del presidente Salvador Allende, murió en una cárcel de Santiago el 12 de marzo de 1974, tras ser torturado en la Academia de Guerra Aérea (AGA), de la que Matthei era director en esa época.

Aunque originalmente se indicó que Matthei sería citado a declarar como inculpado en la causa, finalmente fue citado sólo como testigo, señaló el magistrado, que hace algunas semanas procesó a dos exoficiales de la FACH, Edgar Ceballos y Ramón Cáceres, como presuntos autores de las torturas a Bachelet.

La declaración de Fernando Matthei, que se materializó en el Club de Oficiales de la FACH, en el centro de la capital chilena, fue solicitada por la parte querellante después que en una entrevista de televisión admitió haber estado al tanto de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura (1973-1990).

Aunque sostuvo en la entrevista que no se arrepentía de haber formado parte de la Junta Militar, se sentía "avergonzado" por las violaciones a los derechos humanos cometidas bajo ese régimen.

"Personalmente, lamento y me siento avergonzado de que nosotros, siendo gobierno militar, y siendo yo una parte importante de éste, se haya violado derechos humanos", sostuvo.

"No puedo decir que no sabía. ¡Por supuesto que sí sabía! Pero tampoco tenía la capacidad de arreglar eso. ¿Por qué? Porque en las Fuerzas Armadas cada uno responde de su propio sector. Yo era comandante de la FACH y no parte de los aparatos de inteligencia", añadió.

En ocasiones anteriores, Matthei había negado haber sabido de las violaciones y aseguró que nunca asumió en propiedad la dirección de la Academia de Guerra Aérea, sino que en realidad en esa época se desempeñó en el Comando de Operaciones de la FACH.

"Dio todos los datos, se superaron las contradicciones y hay que ver, con la lectura de sus declaraciones, qué es lo que se puede relacionar con este proceso", dijo hoy el juez Carroza.

Matthei se convirtió en comandante en jefe de la FACH y en miembro de la Junta Militar en 1975, cuando su antecesor, Gustavo Leigh se distanció de Pinochet y éste lo destituyó.

Durante la dictadura de Pinochet unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado y de ellos, 1.192 están aún en las listas de detenidos desaparecidos, según cifras oficiales.

Michelle Bachelet, que gobernó Chile entre 2006 y 2010 y su madre, Ángela Jeria, fueron también detenidas y torturadas antes de salir al exilio.

Un exasesor de Pinochet afirma que el jefe de la policía secreta fue agente de la CIA

Un exasesor de comunicaciones de Augusto Pinochet reveló que el director de la temible policía secreta de la dictadura militar, Manuel Contreras Sepúlveda, fue un agente de la CIA. 

 

Manuel Contreras ex jefe de la DINA

 

El periodista Federico Willoughby, asesor de Pinochet durante los primeros años del régimen militar (1973-1990) y secretario de la Junta Militar, aseguró a Radio Cooperativa que "en 1975 y 1976 había un agente pagado por la CIA en Chile que se llamaba Manuel Contreras".

 El periodista Federico Willoughby, asesorde Pinochet 

"(Él) Fue a entrenamiento a la sede central de ese organismo en Virginia (EE.UU.)", sostuvo el periodista quien aseguró que esto "lo dice el Gobierno norteamericano".

Contreras Sepúlveda, general retirado del Ejército y jefe de la desaparecida Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), suma en la actualidad más de 270 años de condena por violaciones a los derechos humanos, los que purga en una prisión especial.

Willoughby comentó en sus declaraciones que durante tres años estuvo en el régimen militar "tratando de establecer todo lo que podía aportar en cuanto a sentido de Estado".

"Cuando me di cuenta de que se habían infiltrado dentro del Gobierno militar, especialmente en el entorno del general Pinochet, algunos factores que eran distintos a mis principios, me alejé", añadió.

Aseguró que cuando tuvo conocimiento de que iba a firmar una ley secreta que autorizaba la ejecución sumaria de las personas, que cada persona que moría era como un cheque "le dije a Pinochet que el responsable iba a ser él".

"Me tiró un florero literalmente, pero no me pegó", aseguró Willoughby, quien también trabajo bajo el Gobierno democrático de Patricio Aylwin (1990-1994), que sucedió al dictador.

La Comisión Rettig determinó a comienzos de la década de los noventa que durante la dictadura, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado por causas políticas, de los que 1.192 son considerados aún detenidos desaparecidos.