Las máscaras del imperio

El imperio de la oscuridad, de la noche, del Apocalipsis y del dinero está integrado por nombres y apellidos. Ellos han desarrollado su propia manera de asistir a la gran crisis final que vive la sociedad y nuestro planeta. Hoy recibí muchas llamadas en relación a mi anterior nota publicada ayer en distintos medios que me brindan su espacio. ¿Es cierto que ellos piensan emigrar del planeta? ¿Hay pruebas, sospechas? Preguntaban.

Seremos los últimos en enterarnos, sino es a Marte, será la Luna o el fondo del Pacífico, o bajo el desierto de Arizona en una gran ciudad que los aloje, donde podrán sobrevivir a la radioactividad, al hambre, a la gran mutación y a los embates de la hecatombe provocadas por los daños ambientales y por ellos mismos. Esta es una obvia conclusión ante su descarada y enfática alianza con las fuerzas destructoras, ante su indolencia y desinterés ante las cumbres de Kioto o Copenhague,  ante la radiación que hoy se filtra a la atmósfera desde Japón, ante su ensañamiento en contra de los pueblos y su alianza con la miseria y el hambre que aumenta con la crisis del sistema económico que les dio oxígeno y les dio el poder que ostentan.

El Club de Bilderberg ha sido el concilio de los sacerdotes de las fuerzas imperiales, dueños de medios, corporaciones y emporios financieros, políticos y economistas asisten a sus reuniones en caravanas de negras limosinas, en un absoluto secreto, siempre antes de cada reunión de G8.  El pentágono es su sala situacional, ellos diseñan su propia salvación antes que otra cosa, sus riquezas desesperadas ante un planeta a punto de colapsar invierten sus fortunas en una puerta de escape. No podemos construir lo que digieren sus estómagos sin usar una de las mejores armas que nos queda la gran humanidad: la imaginación. Esa fuerza soterrada y castigada en una sociedad agónica que aun en su deliro mortuorio sigue dominada por la cultura imperial. Imaginar es dibujar lo imposible como posiciones necesarias, es romper el cerco de la alienación que nos abozala y encarcela.

Las mujeres y hombres sentimos temor al despertar, entre guerras y calamidades nuestra cotidianidad pierde el resplandor de la alegría de vivir opacado por los presagios de miseria, dolor, y muerte que nublan nuestro porvenir. Es poco posible entender el teclado sobre el que se escribe el futuro en las mesas de trabajo del imperio. Hay códigos secretos, sociedades secretas que construyen una alternativa exclusivista y demoníaca, que puede traducirse en la gran desgracia y sentencia de muerte para nuestra vida, nuestra civilización y nuestro planeta.

Más allá de los sucesos que acontecen en la historia cotidiana, más allá de las rebeliones en Túnez, en Egipto y en la situación actual de Libia, más allá hay un plan oculto, un jugador maligno que va colocando las piezas sobre el tablero para arrinconarnos en el ajedrez existencial y matar nuestro futuro. Hay que imaginar, hay que suponer, hay que sospechar. Hay que responder con demasiada suspicacia a cada movimiento del imperio capitalista. Ya la historia va más allá de la enfrenta de las fuerzas históricas. Cuando la extinción de la especie y el planeta entra en juego, cambian las estrategias, gane quien gane el tablero probablemente quede inservible, quizá estemos en la última partida que podamos jugar, el escenario se deshace, todo está en riesgo.

Con emoción he podido leer una importante reacción en muchos medios alternativos ante el irresponsable juego de las termonucleares, quizá el miedo antes que rendirnos nos está despertando. Las fuerzas ecológicas entran a jugar su papel en la política, el sentido de supervivencia, aquel que en la selva nos hizo gigantes ante temibles especies, hoy nos agigantará para enfrentar a estos amos de la vida y vencerlos de una vez por todas.  

Pretenden cambiar las máscaras a sus marionetas, Piñera es más sonriente que Pinochet, pero más lacayo, quien tenga las de ganar en Egipto, seguramente será lo mismo, se pretende imponer esta nueva escenografía en Libia y así tratarán de que repita en Cuba y Venezuela. Debemos volver a incendiarles las caras, a denunciar su farsa y avanzar en nuestras luchas. Los pueblos del mundo unidos, los pobres, los que componemos la clase trabajadora, los excluidos, todas y todos debemos ser desde ya el ejército invencible que se una para ser los parteros del mundo nuevo.

 Pase lo que pase, debemos dejar un mundo para nuestra descendencia, debemos sembrar los nuevos valores para la vida, debemos crear una nueva forma de gobernarnos, y debemos sobre todo derrotar un imperio que nos castiga y sentencia a la asfixia, para poder dar inicio a la nueva humanidad, a la paz, al socialismo libertario.

Blog de Rodolfo Varela

Venceremos!!!.

Fuente : Raúl Bracho en Kaos en la Red

Chile.- Cuatro líderes mapuches inician una huelga de hambre en Chile contra la Ley Antiterrorista

Cuatro líderes mapuches que fueron condenados por un tribunal chileno han iniciado este martes una huelga de hambre para exigir ser sometidos a la justicia ordinaria y no bajo la denominada Ley Antiterrorista, en vigor desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). 

 

Cuatro líderes mapuches que fueron condenados por un tribunal chileno han iniciado este martes una huelga de hambre para exigir ser sometidos a la justicia ordinaria y no bajo la denominada Ley Antiterrorista, en vigor desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Los cuatro comuneros forman parte del grupo de 34 indígenas que desde prisión protagonizaron un ayuno de 81 días que culminó en octubre del año pasado, contra el proceso judicial que tildaron de "político" y el Gobierno de Sebastián Piñera, al que acusaron de pretender de "desarticular la organización mapuche".

Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical fueron condenados por atentado a la autoridad y robo con intimidación durante el llamado juicio de Cañete, que culminó el pasado febrero.

Los mapuches en huelga de hambre piden la anulación del juicio y que todos los imputados sean procesados por un "tribunal competente e imparcial" sin la presencia de testigos secretos ni la aplicación de la Ley Antiterrorista, así como el traslado desde la cárcel de Lebu a la de Angol, para tener condiciones carcelarias dignas, ha informado la emisora Radio Universidad de Chile.

Natividad Llanquileo, portavoz de los presos, había advertido horas antes del inicio de esta nueva protesta de la posibilidad de que los mapuches retomaran la huelga de hambre. "Lamentablemente va a tener que ser mucho más larga que la que se hizo para que puedan pasar otras cosas", ha expresado en declaraciones a Radio Universidad de Chile.

La Ley Antiterrorista fue sancionada durante la dictadura de Pinochet para perseguir a sus opositores, pero los gobiernos de izquierda de la Concertación no la derogaron y la continuaron aplicando para algunos crímenes, a pesar de que la ONU ha criticado esta normativa porque discrimina a las comunidades indígenas.

Piñera, un político de derechas, ha prometido que los líderes indígenas serían juzgados por tribunales civiles, en vez de por militares, y el desarrollo de un plan general para las tribus indígenas.

El pueblo mapuche representa casi el 25 por ciento de la población chilena, según datos de organizaciones indígenas, y sus principales asentamientos se encuentran en Araucanía, a unos 600 kilómetros al sur de Santiago.

Los indígenas denuncian que en esa región tienen tierras que les pertenecen desde antes de la colonización española, las cuales, según ellos, les fueron despojadas.

Chile : Allende, morir de traición

Después de 37 años, un juez deberá determinar la causa de muerte del presidente Salvador Allende. Si esa investigación transcurre sin inconvenientes, si las manos negras de siempre no tuercen las pruebas y se hace todo el esfuerzo por llegar a la verdad, se confirmará que el presidente murió de traición.

 

Determinar si la bala vino de allá o de acá sería un ejercicio estéril. Acorralado por el ejército, bombardeado por la Fuerza Aérea, con su escolta de Carabineros abandonando el palacio y resistiendo sólo con un grupo de valientes, saber si él apretó el gatillo o una bala perdida le voló la cabeza corresponde a un detalle insignificante.

Allende murió sintiendo que muchos le daban la espalda. En primer lugar, aquellos militares traidores en los que creyó, pero cuyo comportamiento no fue ajeno a la larga historia de matanzas que avergüenza su pasado. Aún hoy muchos de ellos se esconden en la amnesia, los apodos, y en la bruma que deja en la memoria el tiempo que ha pasado.

Grande debió ser la amargura de Salvador Allende en su hora postrera al constatar la traición de la que era objeto y verse rodeado sólo por un grupo heroico que combatía a su lado. De esas huestes que alguna vez marchaban por las calles lanzando consignas y gritos de combate, tampoco supo. Muchos corrían a las embajadas, abandonando sus esmirriadas armas en los callejones. Los pocos que se atrevieron a combatir, acosados, infiltrados, sin nadie que los siguiera, fueron diezmados sin piedad por los criminales que usurparon el poder.


Aún no se le ha hecho justicia a esos tres años audaces, irreverentes, angustiosos, vividos con un vértigo que a veces se parecía al miedo y otras, a una genuina, esquiva y extraña posibilidad de felicidad para la gente humilde. Los tres años de la Unidad Popular hicieron mella en todos los chilenos. Entre los poderosos inoculó la pavura de sospecharse perdiendo sus eternas y extremas riquezas. Entre los pobres inauguró, como nunca antes, la certeza de una historia distinta a la vivida por los siglos de los siglos. Más que un cúmulo de logros trascendentes, errores inexcusables y posibilidades truncas, los tres años de la Unidad Popular fueron un mal ejemplo que debía ser avasallado.

Y qué mejor arma que la traición. 

Generales, rastreros unos, cobardes otros, apuntaron sus armas contra aquellos que parecían sublevarse a un estado de cosas que parecía un sino inmutable, pero que en aquellos días alimentaban una esperanza nunca vista. 

 

Salvador Allende fue víctima de la traición y sigue siéndolo como si una muerte no bastara, ni bastara para sus asesinos, cómplices y encubridores todo el tiempo que ha pasado sin que sus huellas hayan podido esconderse.

El imperio hizo su trabajo, cuyos primeros efectos culminaron con la muerte de Allende. En adelante sólo quedó insistir en asesinar su ejemplo cuantas veces osara aparecer. 

Durante los veinte años posteriores al dictador, el nombre de Allende fue dicho con hastío por unos, con temor por otros y sólo con respeto cariñoso por la gente humilde. Y como si las estatuas bastaran para perpetuar el legado de un hombre, las levantaron frías, a salvo del verbo acusador del presidente. 

Durante estos años vergonzosos se prodigaron honores que sonaban a cosa burocrática. Se escondieron los despojos del presidente, como si se tratara de restos poco ejemplares para una chusma poco letrada y mal informada. El paso veloz de su funeral confirma que la traición es capaz de superar los años y adoptar formas que parecen decentes, pero que en el fondo, no lo son.


Porque Salvador Allende dejó para la historia un ejemplo que jamás podrán emular los cobardes. El ejemplo del presidente Allende expone ante el mundo lo que hace de verdad un hombre que ha empeñado su palabra como un bien inmarcesible, y no como un cálculo miserable e indigno. 

El presidente Allende y la Unidad Popular fueron víctimas de la mano criminal de Estados Unidos, que digitó en nuestro territorio a sus súbditos como en tantas oportunidades en América Latina para impedir un ejemplo peligroso.


Salvador Allende fue traicionado por aquellos cuyo baldón indigno perseguirá a sus descendientes por la eternidad, pero también lo fue y sigue siéndolo por quienes, diciéndose sus camaradas, no fueron capaces de reivindicar sus ideas y hoy se confunden con los que ayer eran sus enemigos. Los presidentes que sucedieron a Salvador Allende son inmerecidos herederos de un hombre de honor. 

El presidente Allende murió de traición, no importa de donde haya venido la bala que le voló la cabeza pero que dejó intacto su pensamiento. La gente humilde aún recuerda que hablaba de un mundo mejor, que no se parecía a éste.
Fuente : www.puntofinal.cl

La Moneda oculta el sitio en que murió Allende

Tras la dictadura, en el proceso de transición a la democracia, se creó un sistema de visitas guiadas al Palacio de la Moneda accesible a todo el que lo solicitara, chileno o extranjero. El recorrido incluía salones, patios, la sala de las medallas al lado de la puerta de Morandé 80 y, desde luego, el memorial, con placas conmemorativas, contiguo al lugar en que falleció el presidente Salvador Allende. Sin embargo, desde que asumió la presidencia Sebastián Piñera, y tras los arreglos por los daños causados por el terremoto, se reiniciaron las visitas, pero esta vez excluyendo el sitio donde murió Allende.

Donde murió Salvador Allende

Así lo pudo comprobar el director de la edición chilena de Le Monde Diplomatique, Víctor Hugo de la Fuente, quien acompañó a unos periodistas franceses el miércoles 3 de febrero y no les mostraron el lugar en que falleció Salvador Allende, ubicado en el acceso al segundo piso desde el Patio del Canelo. Al consultarle a la guía el por qué de esa situación, dado que en las dos visitas anteriores (bajo los gobiernos de Ricardo Lagos y de Michelle Bachelet) sí les habían llevado al memorial de Allende, se limitó a señalar que así era el recorrido, desde que llegó la nueva administración del Palacio de la Moneda.

Tras dejar estampado un reclamo Le Monde Diplomatique hizo la consulta, por correo electrónico, a visitas@presidencia.cl el por qué de ese cambio, desde cuándo ya no se visitaba el memorial de Allende y quién había tomado tal decisión. Respondió el Director Administrativo de la Presidencia, señor Aldo Sabat Pietracaprina, señalando que él había tomado las decisiones y agregó que desconocía el recorrido antes de su llegada el 11 de marzo de 2010. Sostuvo que el recorrido se hacía tomando en consideración los más de 200 años del Palacio de la Moneda y el poder conciliar las visitas con las actividades de los funcionarios de los ministerios y de la Presidencia, que allí trabajan, e insistió en que no había motivos políticos.

Sin embargo es evidente que uno de los hitos históricos del Palacio de la Moneda es la muerte allí del Presidente Salvador Allende y también es evidente que cuando en los recorridos anteriores se visitaba el memorial a Allende, también trabajaban funcionarios de los ministerios y la presidencia, sin que se produjera ningún problema. Es lógico preguntarse qué pretende la nueva administración al ocultar en las visitas el lugar donde murió Salvador Allende. ¿La resolución la tomó solo el señor Aldo Sabat Pietracaprina, sin consultar al presidente de la República Sebastián Piñera? ¿Tiene tanto poder el señor Sabat? Quizás, ya que basta consultar en un buscador de internet “Aldo Sabat Pietracaprina” para conocer la historia y los vínculos políticos del hermano del Alcalde de Nuñoa Pedro Sabat. A la espera de conocer las respuestas a estas interrogantes, hacemos un llamado a las autoridades y al propio Presidente de la República, a que vuelvan a incluir el sitio en que murió Salvador Allende en los recorridos por la Moneda.

Presidente de Chile Sebastián Piñera ¿Involucrado en un montaje contra Mapuches?

En agosto del año 2009, como candidato, afirmaba que detrás de la violencia en el conflicto mapuche hay organizaciones terroristas extranjeras y llamaba a aplicar más ley antiterrorista.

En consideración al juicio llevado en Cañete contra Mapuches y los intentos de aplicación de la Ley antiterrorista, más, las recientes investigaciones llevados por una comisión de la Cámara de diputados, hizo nuevamente llevar a la palestra la relación “Mapuches con grupos terroristas”. 

La Historia Farc - Mapuche no es nueva. En septiembre de 2008, parlamentarios de Renovación Nacional, encabezados por el Senador Alberto Espina denunciaron la existencia de vínculos entre las Farc con grupos extremistas mapuches de la región de la Araucanía, cuya información “privilegiada” habría sido provista desde el mismo Gobierno de Uribe en Colombia en el 2006. 

Lo mismo era resaltado por el diputado independiente -ex RN y ex ministro de Pinochet- Alberto Cardemil y el RN Cristián Monckeberg, quienes aseguraron que el Ministerio del Interior de la época estaba al tanto de la posible relación entre las Farc y grupos subversivos vinculados a la causa mapuche desde hace más de un año y medio. 

Lo mismo hizo el actual presidente y entonces presidenciable Sebastián Piñera, en agosto del año 2009, afirmando irresponsablemente que detrás de la violencia en el conflicto mapuche hay organizaciones terroristas extranjeras y en agosto de este año con su homónimo de Colombia, el actual presidente Juan Manuel Santos, dijeron a la prensa que habían acordado “cortar el ‘vínculo’” entre mapuches y las Farc”. 

También, de la misma forma, señalaba, textualmente a los medios: "En la Araucanía se han cometido hechos de terrorismo y el gobierno en vez de aplicar la Ley Antiterrorista, salvo en dos excepciones, hace la vista gorda y cuando el gobierno esconde la cabeza, la gente piensa que puede seguir actuando con impunidad”. (Que) “un puñado de delincuentes tengan de rodillas a todo un país es porque (el gobierno) no esta cumpliendo con su deber”. 

Cabe mencionar que el medio informativo donde se origina la concepción “Terrorismo Mapuche” y ha dado amplias coberturas a la relación “Mapuches con grupos terroristas extranjeros”, es principalmente el Diario El Mercurio y sus cadenas de diarios, cuyo propietario es el ex golpista Agustín Edwards, también vinculado a la ultra derecha. 

Otro medio, Canal TV 13 de fundación "católica" ligada a un sector de la iglesia, con directa influencia del grupo Matte, aliadas de Edwards, dueñas de Forestal Mininco, CMPC, quienes mantienen sendos conflictos territoriales con Comunidades Mapuches, donde hoy, en dicho canal, es propietario el grupo Luksic, difundía en junio del 2010, en el programa contacto, ante una importante audiencia y a través de una apuesta sensacionalista el llamado “conflicto Mapuche” y se pretendió, exclusivamente, hacer la relación Mapuches – Farc y el terrorismo en Chile ¿Coincidencia? 

MONTAJES

“Actos considerados como repulsivos, repugnantes, sin moral, que buscan trasladar un conflicto ideológico occidental en el continente, para desviar la atención sobre los verdaderos temas de fondo que reclama el Pueblo Mapuche y que versan sobre reclamaciones de tierras ancestrales, restauración de derechos humanos y exigencias de reparaciones frente a los abusos, violaciones, usurpaciones, arbitrariedades, negaciones y empobrecimiento causado por un estado colonial y patriarcal, controlado por oligarquías que imponen políticas verticales, anti democráticas, de explotación, subyugación a favor del capital privado y en desmedro de la libredeterminación de los pueblos”, publicaba este medio en julio del 2010. 

LO QUE DICE EEUU  

Cables de la Embajada norteamericana en Chile, correspondientes a las desclasificaciones de Wikileaks, revelados por diversos diario internacionales, demuestran que la pretendida conexión mapuches-PC-FARC fue un montaje ejecutado por parlamentarios de la ultra derecha, entre ellos, los senadores Alberto Espina y el entonces candidato presidencial Sebastián Piñera, con la complicidad de medios informativos, como El Mercurio y La Tercera. 

Los sucesivos despachos enviados a Washington, a lo largo de 2008 y 2009, indican, sin embargo, que todas las investigaciones les llevaron a la misma conclusión: la comunidad mapuche es abrumadoramente no violenta; "el problema ha sido magnificado por los medios"; quienes alegan que existen lazos entre los mapuches y organizaciones terroristas extranjeras "no han proporcionado pruebas de ello" y "los expertos del Gobierno califican esos contactos de mero 'turismo de guerrilla"…. 

Todos esos son párrafos desclasificados de la correspondencia de la Embajada de Estados Unidos en Santiago, que demuestran la falsedad de la supuesta conexión entre los mapuche y las FARC. 

CHILE PIDIO AYUDA AL ESPIONAJE DE EEUU FRENTE A LOS MAPUCHES  

El Gobierno sospechaba de contactos entre los indígenas y el terrorismo internacional .- La Embajada estadounidense no veía al movimiento mapuche como una amenaza seria

Edmundo Pérez Yoma, ministro del Interior del último Gobierno de Michelle Bachelet, transmitió a Estados Unidos su preocupación por el "problema mapuche" y le pidió apoyo "de inteligencia" para seguir de cerca su posible radicalización, sus eventuales contactos con grupos terroristas extranjeros, como las FARC colombianas o ETA, y para "seguir el dinero" que les pudiera llegar. 

La conversación se produjo en 2008, a poco de tomar posesión el ministro, y cuando ya se habían registrado algunos incidentes entre grupos mapuches, fuerzas del orden, propietarios de tierras reclamadas por la comunidad indígena y empresas españolas, como Endesa, implicadas en la construcción de presas hidroeléctricas en territorio mapuche. 

"El consejero legal le explica que el FBI ya está coordinado con los Carabineros para ayudarles a localizar la llegada de esos posibles contactos", asegura un telegrama de la embajada. 

Los sucesivos despachos enviados a Washington, a lo largo de 2008 y 2009, indican, sin embargo, que todas las investigaciones les llevaron a la misma conclusión: la comunidad mapuche es abrumadoramente no violenta; "el problema ha sido magnificado por los medios"; quienes alegan que existen lazos entre los mapuches y organizaciones terroristas extranjeras "no han proporcionado pruebas de ello" y "los expertos del Gobierno califican esos contactos de mero 'turismo de guerrilla". 

Aunque no es posible saber exactamente el número de mapuches entre la población chilena (el censo de 1992 hablaba de 932.000 y el de 2002, sorprendentemente, de solo 604.000), la mayoría de las o­nG que trabajan en el país manejan cifras que oscilan en torno al millón de personas (entre el 5% y el 6% de la población total). 

Un detallado informe escrito en otoño de 2009, tras un viaje de varios días por el territorio en conflicto (que coincide con la muerte de un joven activista mapuche a manos de la policía chilena), recoge la opinión, bastante irónica, de los diplomáticos estadounidenses: 

"Un eventual observador de la cobertura informativa de la actualidad chilena podría pensar que violentos activistas mapuches, relacionados con las FARC y ETA, matan cada semana a inocentes civiles", se mofan. 

"El candidato presidencial de la oposición, Sebastián Piñera, ha declarado que la Araucaria arde en llamas. Los principales periódicos chilenos, que son generalmente conservadores, publican muy a menudo en primera página reportajes sobre este conflicto". 

Los diplomáticos ocultan a duras penas su indignación: "La destrucción de propiedades, que supone la inmensa mayoría de las acciones ilegales de los mapuches, se presenta frecuentemente a todo color con descarados titulares y a veces una cobertura muy superior a la que se da a crímenes mucho más graves cometidos por chilenos no indígenas".. 

LA VERSION DE LA POLICIA CHILENA  

Radio Universidad de Chile, publicó recientemente que habrían desechado la tesis de vinculación de mapuche con grupos terroristas, esto, en la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, quienes debieron concurrir para exponer sobre los cuestionados operativos que han realizado en la zona de la Araucanía. 

En la comisión, de acuerdo al relato del medio, se encontraba el general director de Carabineros subrogante, Gustavo González y el director general de la PDI, Marcos Vázquez, quienes informaron sobre su actuar en el marco del conflicto de tierra que enfrenta al pueblo mapuche con empresarios forestales. 

La negativa de Gustavo González, General Director Subrogante de Carabineros fue clara al señalar: “es delicado afirmar una cosa de esa naturaleza si no tiene los antecedentes concretos sobre la materia. Se ha detectado a personas que no corresponden a las etnias mapuches o corresponderían más bien a extranjeros, pero sindicar a un país determinado respecto de esta materia me parece que nos es factible hacerlo”. 

El Director General de la PDI, Marcos Vásquez, señaló también que no tenían antecedentes ciertos en esta línea y opinó sobre otros datos, indicando: “no tenemos antecedentes fidedignos, estamos de acuerdo con Carabineros que tiene la misma versión nuestra” y añadió. “Cuando entregamos cualquier tipo de información tiene que estar confirmada y por eso digo que no tenemos información fidedigna”.

Chile : Mapuches derrotan a la Ley Antiterrorista

Tres meses y medio tardó la justicia en entregar su veredicto respecto de las imputaciones formuladas contra 17 comuneros mapuches en Cañete, formalizados por asociación ilícita, incendio, robo y atentado contra la autoridad, todos agravados por la aplicación de la Ley Antiterrorista. 

Al punto que la Fiscalía pedía en algunos casos más de cien años de prisión, basándose en declaraciones de “testigos protegidos”, que en el juicio entraron en abiertas contradicciones, mientras que otros denunciaron haber sido sometidos a torturas para obtener dichos testimonios.

El Ministerio Público, sin embargo, sufrió un revés importante en sus propósitos al ser declarados culpables sólo cuatro de los 17 imputados, ninguno de ellos por delitos de carácter terrorista, como solicitaba la Fiscalía. 

Los condenados son Héctor Llaitul Carrillanca, Jonathan Huillical Méndez, José Huenuche Rei-mán y Ramón Llanquileo Pilquimán, quienes arriesgan penas de hasta 10 años y un día por los cargos de robo con intimidación y homicidio frustrado y lesiones. Estos últimos, por la participación que les cabría en el presunto atentado al fiscal Mario Elgueta, ocurrido el 16 de octubre de 2008 en el sector de Puerto Choque cuando regresaba de un procedimiento en la casa de José Santos Jorquera, conocido en la zona por haber facilitado durante la dictadura sus tierras a los militares para la detención de prisioneros, muchos de ellos desaparecidos.

Los magistrados se dieron un mes de plazo -hasta el 22 de marzo- para redactar el fallo, y la defensa tiene 10 días hábiles antes de esa fecha para apelar a las condena, lo que ya han confirmado los abogados defensores por sustentarse en declaraciones de testigos protegidos que carecen de toda validez y por una serie de irregularidades que se dieron en el marco del proceso, como que la defensa no haya sido convocada (aunque sí la prensa) a la reconstitución de escena del principal delito imputado, el atentado al fiscal Elgueta, quien, ¿cabe la casualidad?, antes de estos hechos recibió formación antiterrorista en Estados Unidos. 

Por eso, si bien es cierto que la absolución de la mayor parte de los imputados reviste un avance, persisten en este juicio -como lo veremos a continuación- la aplicación de la Ley Antiterrorista, los falsos testimonios, los montajes y las violaciones al debido proceso de los mapuches movilizados por la defensa de su territorio ancestral.

Caso emblemático

Sin lugar a dudas, este es un juicio emblemático, tanto por el alto número de formalizados como por la complejidad de los cargos y la diversidad de los delitos atribuidos. Es también el primero en que se invoca la Ley Antiterrorista tras la huelga de hambre que por 86 días mantuvieron 34 presos políticos mapuche durante 2010, precisamente para poner fin al uso de esta ley especial en juicios contra comuneros mapuches, así como a los dobles juzgamientos que enfrentan por un mismo delito, en tribunales ordinarios y en la justicia militar.

Esta medida de presión -luego de intensas negociaciones, incluida la mediación de la Iglesia- logró forzar el compromiso del gobierno de no aplicar la Ley Antiterrorista en las causas mapuches y de tramitar de modo urgente su modificación para adecuarla a los estándares internacionales en la materia, así como enmendar el Código Militar, para revertir su excesiva competencia que permite a los tribunales castrenses juzgar a civiles. Esto último es exigido además al Estado chileno por sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el denominado caso Palamara, obligatoria para Chile; entre otras cosas también se le ordena limitar la jurisdicción de dichos tribunales exclusivamente a militares en ejercicio de sus funciones. Constatar si el gobierno cumpliría sus compromisos, era otro elemento importante en este juicio.

Compromisos parciales

El Ejecutivo retiró la formalización por delito terrorista, pero lo hizo recién el 17 de febrero, durante la intervención del nuevo abogado del Ministerio del Interior en los alegatos finales para el cierre del juicio, a casi cinco meses de los acuerdos con los huelguistas, pues la huelga de hambre fue depuesta el 1° de octubre de 2010 por la mayoría de los ayunantes, y una semana más tarde por los restantes.

En cuanto a las modificaciones legales, si bien se realizaron, fueron parciales e insustanciales en sus efectos, pues cinco de los imputados fueron igualmente juzgados y luego absueltos por la justicia militar, ante la falta de pruebas en su contra. Entre ellos, Héctor Llaitul, sindicado por los fiscales de Cañete como el cabecilla de la asociación ilícita terrorista mapuche que habrían constituido los acusados. Pero se siguió utilizando testigos sin rostro, en abierta vulneración al derecho a un debido proceso durante el largo tiempo en que el gobierno no se pronunció sobre la recalificación de los delitos a la que se había obligado. Tanto la Fiscalía, de manera tozuda y desafiante, como el querellante particular, Forestal Mininco, continuaron invocando férreamente la Ley Antiterrorista, la que permite el uso de este tipo de testigos secretos.

Finalmente, ningún comunero fue condenado aplicando esta ley, aunque el tribunal de todos modos la consideró en el caso del delito de incendio, pero estimó que no había pruebas suficientes para condenar por este cargo. Así, el tribunal persiste en identificar al incendio, aún cuándo no se pone en riesgo la vida de personas y sólo se atenta contra bienes materiales, como un delito susceptible de ser considerado terrorista, lo que se aleja de la postura adoptada por los órganos internacionales de derechos humanos, que imponen la necesidad de que se atente contra la vida humana de modo consciente para que un acto sea calificado de terrorista.

Cabe además precisar que eliminar el incendio en casa deshabitada como delito de esta envergadura, fue una de las principales propuestas y exigencias en la reciente modificación a la Ley Antiterrorista, pero en definitiva ésta fue rechazada por el Parlamento, manteniéndose de este modo un margen de arbitrariedad que permite al Estado -puntualmente al Ministerio Público, que es quien investiga y formaliza los cargos- criminalizar la protesta de diversos movimientos sociales y pueblos, recurriendo incluso al engaño, los montajes y la tortura para configurar el delito. Por eso es una muy mala señal, y de extrema gravedad, que los tribunales mantengan esta posición, ya que de acuerdo a la Constitución Política tanto el Poder Legislativo (que equivocadamente no consideró la reforma a esta figura) como el Poder Judicial (y, por cierto, el Ejecutivo), están obligados a promover y respetar los derechos garantizados en los tratados ratificados y vigentes en el país. Resolver, entonces, aplicando estos estándares era un deber del tribunal, que incumplió, sentando un adverso precedente para los diversos juicios que tendrán lugar en los próximos meses contra mapuches por este mismo tipo de acciones.

Falsos testimonios y tortura

Las incongruencias en las que entraron algunos de los testigos de la Fiscalía durante el juicio fueron tan burdas, que era evidente que estaban mintiendo al tribunal. Como en el caso del testigo de nombre “Ismael”, quien testificó haber leído una declaración, en circunstancias que no sabe leer; o del testigo número 8, quien señaló haber escuchado a Ramón Llanquileo avisar que venían los carabineros tras un supuesto ataque a la casa de Santos Jorquera, pero este testigo sufre de sordera desde hace dos años; o del testigo número 26, quien aseguró haber reconocido a uno de los imputados “por los puros ojos y por su baja altura” en el ataque con metralletas a Santos Jorquera, no obstante tratarse de una persona de estatura media en la zona, y a que en la causa nunca se probó la existencia de este tipo de armamento.

Pero lo que causó mayor consternación fueron las denuncias de tortura que se declaró habrían recibido dos de los testigos del Ministerio Público, los que “curiosamente” fueron retirados de la lista de testimonios de prueba aportada por la Fiscalía, al enterarse de su intención de confesar ante el tribunal este grave apremio cometido por agentes del Estado.

Se trata de los hermanos José y Rodrigo Viluñir que, al no poder estar presentes en el estrado, Patricio Cona, presidente de la comunidad Caupolicán a la que pertenecen, expuso su testimonio: “La primera vez fueron detenido por Carabineros y llevados al predio de Eduardo Campos, donde (a Rodrigo) lo cambiaron de vehículo a una camioneta roja y luego lo llevaron a un puente, le colgaron de manos y pies, esposado, y le dijeron que tenía que inventar cualquier cosa y colaborar con ellos”. 

Este proceder de los policías, validado por el Ministerio Público en su afán por acusar de terroristas a los mapuches, no es nuevo y tampoco se aplica exclusivamente a adultos. Como comprobó en diciembre pasado una misión de observación de derechos humanos que visitó el penal de Chol Chol y entrevistó a L.M., uno de los niños mapuches a los que se imputan delitos de carácter terrorista y que hasta hace unas semanas permaneció en “internación provisoria” en dicho centro por casi un año. Aún cuando la reforma a la Ley Antiterrorista tras la huelga de hambre de los presos mapuches, a la que se sumó en su momento L.M., prohíbe su aplicación a menores de edad. En forma reiterada se le negó a L.M. la libertad, pese a existir mayoría en el tribunal a favor de revocar la medida cautelar de prisión, porque la Ley Antiterrorista exige unanimidad.

En su relato, L.M. develó la forma en que se obtienen testimonios falsos bajo tortura y ofertas económicas. L.M. fue detenido en su colegio por personal de Carabineros y agentes de civil, quienes lo insultaron y golpearon durante todo el trayecto en un auto blanco sin identificación y luego en la comisaría, pidiéndole identificar a determinadas personas. Luego fue el tiempo de las ofertas, no por ello abandonando los golpes. “L.M. ¿querí tener mucha plata?”, le dijeron, “si tú quieres, las cosas pueden cambiar para ti y tu familia. Los podemos sacar de la región y cambiarte el nombre”. Todo a cambio de una confesión.

Medios para concientizar a la población

Los medios de comunicación masivos siempre han trabajado en estrecha relación con las policías, desde la otrora crónica roja hasta los complejos escenarios de terrorismo que según la Fiscalía hoy asolarían Chile, originados por los mapuches y en el último tiempo por los jóvenes okupas, denominados “antisistémicos” y considerados “un peligro para la sociedad”.
Consciente de ello, el Ministerio Público fue construyendo su argumentación de cara al tribunal, pero también frente a la opinión pública, valiéndose para ello de los medios de comunicación que han informado profusamente cada vez que se detiene o encausa a un mapuche, y que han festinado con su supuesta vinculación con grupos armados extranjeros, como las FARC y la ETA.

En el documental Ngüenén, el engaño, de Dauno Totoro e Italo Retamal, se pone en jaque la veracidad del atentado a Elgueta, se muestra claramente cómo los manuales que el fiscal conoció en Estados Unidos instruyen que -para el éxito de una operación de inteligencia- se debe tener además del control del poder punitivo y de las leyes, la venia del público. Para ello, de acuerdo al manual, se requieren dos acciones básicas: resaltar el carácter violento y destructivo de estos grupos de “desadaptados”, con el propósito de infundir temor y rechazo en la población, y promover el sufrimiento de las presuntas “víctimas”, para sensibilizar y alcanzar la empatía del público. Algo que sobre todo la televisión, pero también la radio y la prensa escrita, saben hacer a la perfección. Programas como Contacto o Informe Especial, han servido para difundir las tesis incriminadoras de la Fiscalía, al mismo tiempo que moldean percepciones y contribuyen a crear el estigma terrorista.
Por eso, llama la atención que este juicio, tan publicitado al momento de las detenciones, no tuviera una cobertura permanent. Y es que ni siquiera los medios que han facilitado la criminalización, creen que estos hechos de protesta social revistan el carácter de terrorismo y que los mapuches sean terroristas.

Tanto los abogados defensores como los observadores internacionales coinciden en que se trata de “un juicio político” y que la razón de fondo para esta persecución es facilitar la explotación de recursos en tierras usurpadas a los mapuches por el Estado que hoy los incrimina. Esta misma persecución hoy se aplica a jóvenes okupa por oponerse al sistema, y empieza a percibirse también, aunque aún no bajo la lógica terrorista, contra grupos que se oponen a proyectos mineros, termoeléctricos, hidroeléctricos y contaminantes.

Organizaciones sociales piden exhumar el cadáver de Allende defendiendo que no fue un suicidio

Alicia Lira, presidente de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos sostiene que contra Allende se cometió un magnicidio el 11 de septiembre de 1973, tras el golpe de estado del dictador Pinochet.

 

Organizaciones defensoras de los derechos humanos solicitaron hoy a la justicia chilena se proceda a la exhumación del cadáver del expresidente Salvador Allende para determinar con precisión cómo falleció.

El pedido corrió a cargo de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) en un contexto de presentación de 403 nuevas querellas por violaciones de los derechos humanos durante el régimen militar del dictador Augusto Pinochet
(1973-1990).

Es una obligación ética y moral investigar plenamente las causas de su muerte, opinó Alicia Lira, presidente de la AFEP y quien sostiene que contra Allende se cometió un magnicidio.

Aquí hubo un magnicidio, en el momento del terrorismo de Estado, el momento del golpe de Estado, (Allende) no tenía ninguna salida y ninguna seguridad, manifestó Lira, conocida la determinación de la justicia chilena de investigar las circunstancias de su deceso.

Por su parte el reconocido abogado chileno Eduardo Contreras afirmó que "no es posible aceptar tesis como dogmas de fe, cuando todos sabemos que el cuerpo del presidente Allende fue acribillado por las balas de los militares (...) El país tiene derecho a saber la verdad", remarcó.

A más de 37 años del golpe de Estado contra el líder de la Unidad Popular, la justicia chilena aceptó la histórica indagación, luego que el nombre del líder de la Unidad Popular apareció en una lista de 726 querellas presentadas por la fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago Beatriz Pedrals, relacionadas con víctimas del régimen castrense.

De inmediato en el escenario político cobró relieve el debate entre los que se inclinan por la tesis del suicidio y los que sostienen que Allende fue asesinado por miembros de la Junta Militar de Pinochet.

"Todo indica que el presidente Allende fue asesinado, porque las tropas que entraron a La Moneda no entraron a saludarlo, entraron a matar a su enemigo, que en ese minuto era Allende", considera el reconocido cineasta chileno Miguel Littin.

Unas tres mil personas fueron asesinadas o desaparecidas durante la dictadura militar de Pinochet y otras 50 mil sufrieron torturas, cárcel o persecución.