sábado, 27 de noviembre de 2010

La reforma de la ley antiterrorista es "un juego de palabras" para los mapuches


La reforma de la ley antiterrorista chilena "ha sido sólo un juego de palabras", denunció este sábado en París la portavoz de los 34 presos mapuches que comenzaron a ser juzgados, al concluir una intensa gira europea durante la que pidió que viajen a Chile "observadores internacionales". 
"Lo único positivo que tiene esta ley es que saca a los menores de edad. Las demás modificaciones son solamente un juego de palabras", afirmó Natividad Llanquileo, elegida su portavoz por los 34 presos mapuches que cumplieron una huelga de hambre de casi tres meses.

Diecisiete de los 34 mapuches, que empezaron a ser detenidos en abril de 2009, acusados de incendios, robos de madera y enfrentamientos con la policía en el marco de la reclamación de sus tierras ancestrales, son siendo juzgados desde el 8 de noviembre en Cañete, en el sur del país. Unos diez serán juzgados en Angol y 17 en Temuco en fechas aún no fijadas, precisó Natividad Llanquileo, de 26 años, estudiante del quinto año de derecho en Santiago y hermana de dos de los detenidos.

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Tras una huelga de hambre de 82 días, el gobierno chileno, dirigido desde marzo por el derechista Sebastián Piñera, impulsó un reforma de la ley antiterrorista heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-90) que siguió vigente durante los gobiernos de la Concertación.

El Congreso chileno aprobó la reforma a finales de septiembre, lo que permitió que los presos mapuches depusieran su protesta.

Entre las modificaciones destacan la prohibición de aplicar la ley a menores de 18 años y una reducción de las penas por el delito de incendio.

"La reforma de la ley no ha cambiado nada", insistió Llanquileo. "El gobierno retiró la querella por delitos antiterroristas, pero sigue usando las herramientas de la ley, como los testigos protegidos", denunció Llanquileo, oriunda de una comunidad de 40 familias en la provincia de Arauco, en la VIII región, tras explicar cómo se convirtió en portavoz.

"Antes de comenzar la huelga, me pidieron que fuera su vocera (...) y era lo mínimo que podía hacer", aseguró Natividad, que el 15 de noviembre inició su primera gira europea, que la llevó a París, Bruselas, Ámsterdam, Berlín y Ginebra.

Allí se reunió con parlamentarios, defensores y organismos de derechos humanos, comisiones de la ONU y grupos de apoyo al pueblo mapuche. "Les vine a contar qué es lo que estaba pasando, cómo fue la huelga, qué es lo que sigue ahora y cuál es la necesidad que tenemos ahora: necesitamos la presencia de observadores internacionales en estos juicios", sostuvo antes de asegurar que el balance de su gira europea es "positivo".
Confesó que le sorprendió encontrar a gente "muy interesada, que ya sabía de la situación de los mapuches", subrayó, refiriéndose en particular a parlamentarios alemanes o franceses, que manifestaron su intención de viajar a Chile para conocer una situación que los mapuches denuncian de larga data.

Los mapuches, la mayor etnia chilena -700.000 de una población total de 17 millones de habitantes-, terminaron siendo sometidos a finales del siglo XIX, época desde la cual comenzaron a perder casi todas sus tierras, reducidas de 2,5 millones de hectáreas a unas 500.000. Viven en niveles de pobreza que duplican los del resto de la población.

"Todo parte con el tema de las tierras, la invasión de las empresas forestales, mineras y el gobierno", explicó Llanquileo, que denunció una "militarización" de la VIII y IX regiones de Chile.
"A ellos también les interesa que haya gente presa para no oponerse a sus proyectos (...) Porque todo responde a intereses económicos", afirma, antes de considerar que en Chile, "el estado de derecho existe para la gente no mapuche".

Reconoce que uno de los efectos positivos de la huelga de hambre fue "romper el cerco" de los medios de comunicación y que en Chile "ya no se hable del indio, sino del mapuche".

COMPLEXO DO ALEMAO La Policía de Brasil pide a los narcos que se rindan para evitar más violencia

En el 'Complexo do Alemao' se refugiaron decenas de narcotraficantes que fueron expulsados de la favela 'Vila Cruzeiro', donde la policía militar entró con tanques.

Lucha contra los narcos

El comandante de la Policía Militar de Río de Janeiro, coronel Mario Sergio Duarte, pidió hoy a los narcotraficantes que controlan el Complexo do Alemao que se rindan para evitar más violencia cuando entren los centenares de policías y militares que tienen cercado ese conjunto de favelas.

Decenas de narcotraficantes que hace dos días fueron expulsados por la policía, con el apoyo de blindados de la Armada, de su fortín en la favela Vila Cruzeiro, se refugiaron en el vecino Complexo do Alemao, cuyos accesos están bajo control de policías y militares del Ejército.

"Con relación al Complexo do Alemao, tenemos todo listo para hacer el rescate de aquel territorio. Le ordenamos a los criminales que se entreguen cuando todavía hay tiempo. A los criminales que quieran entregarse y deponer las armas, estaremos esperándolos para encaminarlos a la cárcel", dijo el oficial en declaraciones a periodistas.

Duarte les sugirió a quienes quieran abandonar la violencia que se entreguen en la calle Joaquim Queiroz, cercana al complejo de favelas del Alemao, en la zona norte de Río de Janeiro.

"Después de que la policía entre (en el Complexo do Alemao) la situación será muy difícil", subrayó el jefe de Policía Militar.
La ola de violencia desatada hace una semana por narcotraficantes ha dejado hasta ahora 35 muertos, la mayoría de ellos supuestos narcotraficantes, decenas de detenidos y más de un centenar de vehículos quemados por los delincuentes en distintos puntos de la ciudad y su área metropolitana.

Duarte señaló que los policías entraron en Vila Cruzeiro permanecerán en esa favela para evitar que vuelva a ser tomada por el crimen organizado y subrayó que el Complexo do Alemao también será tomado por la autoridad.

"Entramos en Vila Cruzeiro para quedarnos, no saldremos más. Entraremos también en el Complexo do Alemao", dijo el jefe policial, quien recordó que los hombres a su mando tiene le apoyo de las Fuerzas Armadas y de las policías Federal y Civil.

 

Fotos: Arde la favela más peligrosa de Río de Janeiro

Desde el pasado lunes no para el enfrentamiento entre bandas del narcotráfico y la policía en Vila Cruzeiro. Más de 40 personas han muerto.
Viernes 26 Noviembre 2010
Se llama la favela Vila Cruzeiro y es considerada el principal fortín del grupo criminal que desde el domingo pasado genera el pánico en Río de Janeiro, Brasil, con decenas de incendios a vehículos.

Allí opera la banda conocida como Comando Vermelho (comando rojo), que se financia con el narcotráfico. Desde el lunes por la mañana la Policía ingresó a Vila Cruzeiro, ubicada en la falda de un cerro en el norte de Río.
La toma tuvo que ser apoyada por el Ejército que envió 800 hombres para controlar, arrestar o abatir a los responsables de la ola de ataques contra civiles.

La toma ha dejado muertos, y se extendió a otras 28 favelas convertidas en guaridas para bandas de narcotraficantes.


Las imágenes evidencian la difícil situación.


Estos barrios marginales se han convertido en todo un ícono en Río de Janeiro. A diferencia del resto de ciudades de Brasil, no se limitaron a las periferias deprimidas, se proliferaron por las laderas de toda la ciudad, lo que permitió a los pobres residir cerca de las zonas ricas donde trabajan.



El cerco a los narcotraficantes que generan el pánico en Río de Janeiro fue reforzado con el desplazamiento de 800 soldados del Ejército brasileño que cuentan con experiencia en el combate a la delincuencia en áreas urbanas debido a que participaron en ese tipo de operaciones en Haití.




Según la Policía, la ofensiva policial dejó 25 supuestos narcotraficantes muertos y 192 presos. El número puede ser mayor debido a que el balance no incluye las acciones de otras fuerzas policiales y versiones de prensa indican que el número de muertos desde el lunes ya llega a 43.



Los militares, que en su mayoría integraron las Fuerzas de Paz de la ONU que combatieron a las bandas criminales que actuaban en Puerto Príncipe (Haití), se posicionaron en las áreas de acceso a las favelas de Río de Janeiro, donde están escondidos decenas de pistoleros responsables de los ataques que desde el pasado sábado han dejado 96 vehículos incendiados.




Una mujer habitante de la favela llora y se esconde durante los enfrentamientos entre la fuerza pública y las bandas que tienen dominada la favela Vila Cruzeiro, una de las más peligrosas de Río de Janeiro en Brasil.



Desde el pasado domingo, las bandas han incendiado 95 vehículos y causado el pánico en esta zona deprimida. Desde el lunes las bandas se enfrentan con las autoridades.



Dos millones de personas -un tercio de la población de Río- vive en unas mil favelas, aproximadamente, algunas de ellas localizadas en escarpadas colinas que se asoman sobre lugares turísticos como las playas de Copacabana e Ipanema y en la falda del monte del Corcovado, que corona la estatua del Cristo Redentor.



Los miembros de las bandas no han tenido reparos en posar ante los lentes de los fotógrafos y presumir las armas que consiguen con el dinero que deja el negocio del narcotráfico.




Un hombre resulta herido en medio de una balacera en la favela. El panorama típico de estos lugares son marañas de cables, basuras amontonadas a la espera de que pasen los servicios de limpieza y, en demasiadas ocasiones, ríos de aguas negras sin canalización, un problema que favorece la proliferación de enfermedades como tuberculosis y dengue.





Una niña es testigo del operativo de las autoridades para capturar a los líderes de la banda conocida como Comando Rojo que siembra el terror en esta favela de Río de Janeiro.

viernes, 26 de noviembre de 2010

En entredicho compromiso de Chile con los derechos humanos

El compromiso del gobierno y de diversos organismos del Estado respecto a la protección y promoción de los derechos humanos es puesto en duda en Chile por un informe especial lanzado este jueves 25.
  
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"Creo que no hay una comprensión cabal por parte de las autoridades, de distintos órganos públicos, de lo que significa la obligación de respetar y promover los derechos humanos, como lo establece la propia Constitución", dijo a IPS Jorge Contesse, director del Centro de Derechos Humanos de la privada Universidad Diego Portales (UDP), que realizó el estudio.

A modo de ejemplo, Contesse recordó la forma en que el gobierno del derechista presidente Sebastián Piñera, en el poder desde marzo, reaccionó ante la huelga de hambre que mantuvieron por más de 80 días una treintena de presos indígenas mapuches.

El académico valora que Piñera haya desarticulado la medida de presión enviando al parlamento dos proyectos de ley largamente esperados, que reforman la justicia militar y la ley antiterrorista. Pero asegura que los textos "no satisfacen cabalmente los estándares internacionales" de derechos humanos.

"La modificación a la justicia militar es parcial, ya que con el proyecto de ley que promueve el gobierno todavía existe la posibilidad de que civiles sean sometidos a la jurisdicción militar. Eso, desde el punto de vista internacional, es inadmisible", planteó.

Afirmó que si no se perfecciona la norma, Chile se arriesga a ser nuevamente condenado en esa materia por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la Organización de Estados Americanos y con sede en San José de Costa Rica.


En cuanto al segundo proyecto, Contesse cree que se avanzó en algunos aspectos. No obstante, se incluyó una definición de terrorismo tan "vaga" que hasta un "asesino en serie" podría ser condenado por este delito, aseveró.

Estas son algunas de las cuestiones analizadas en el Informe Anual de Derechos Humanos en Chile 2010 de la UDP, presentado este jueves.

Respecto a la justicia militar, el texto cuestiona la decisión de los fiscales del Ministerio Público (fiscalía) de derivar a las cortes marciales los casos donde las víctimas son civiles, mostrando un total desconocimiento del fallo de la Corte Interamericana.

A comienzos de este mes, diversos Sitios de Memoria, como Londres 38 y Villa Grimaldi, que recuerdan los atropellos cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), denunciaron que el gobierno había retirado del proyecto de presupuesto 2011 el financiamiento directo que tenían esos lugares patrimoniales.

Tras una campaña pública y el apoyo de parlamentarios opositores, se logró un acuerdo con el Poder Ejecutivo para reincorporar dichas asignaciones.

Luego, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) acusó al Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior de "retener" más de 60 querellas por casos de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos durante la dictadura que dicho organismo debía interponer ante la justicia.

La AFDD envió una carta al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y ha solicitado numerosas entrevistas para tratar el tema en el Palacio de La Moneda, sede de gobierno.

"Pero no hemos recibido respuestas", dijo a IPS Gabriela Zúñiga, dirigente de la AFDD, organización que actualmente carece de financiamiento, en espera de que el gobierno responda a los proyectos que ha presentado para obtenerlo.

La AFDD también ha cuestionado actuaciones de la actual secretaria ejecutiva del Programa de Derechos Humanos, Rossy Lama, como que se reúna con militares en retiro.

Actualmente hay más de 700 personas procesadas por violaciones a los derechos humanos y casi 300 condenados, según cifras del Programa.

Más de 3.000 personas engrosan las listas de personas ejecutadas y detenidas desaparecidas durante la dictadura de Pinochet, mientras 27.000 fueron víctimas de tortura.

"Según las cifras entregadas por el Programa en mayo de 2010, hay 350 causas abiertas en Chile por desapariciones, torturas, entierros ilegales o conspiraciones que datan del período dictatorial", indica el informe de la UDP.

"Estas causas representan un tercio de la cifra oficial de víctimas reconocidas, lo que quiere decir que la mayoría de ellas aún no han iniciado procesos judiciales", agrega.

Un señal auspiciosa fue dada este mismo jueves por el gobierno al anunciar que se querellará contra quienes resulten responsables de la muerte en marzo de 1974 del ex ministro del derrocado presidente Salvador Allende (1970-1973), José Tohá, hasta ahora etiquetada como suicidio.

Tohá, quien fue titular de Interior y Defensa de Allende, murió en un hospital militar, a donde llegó muy deteriorado y desnutrido tras estar detenido y ser torturado en la Isla Dawson, en el extremo sur del país. Un tribunal de Santiago ordenó el día 15 exhumar sus restos y proseguir las investigaciones sobre la verdadera causa de su muerte.

Junto con saludar la iniciativa, la directora del público y autónomo Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes, llamó "a las autoridades a pronunciarse con la misma fuerza y celeridad respecto de las demandas por casos de ejecutados políticos que se encuentran pendientes en el Programa de Derechos Humanos de la cartera de Interior".

La voluntad de la Corte Suprema también ha sido puesta en duda por organizaciones de defensa de los derechos humanos, principalmente por rebajar las sentencias de los antiguos represores, aplicando las figuras de la "prescripción" y "media prescripción".
 

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El máximo tribunal además tiene la política de rechazar las demandas civiles contra el Estado que buscan indemnización por estos casos, advierte el informe.

El Centro de Derechos Humanos de la UDP también estudió la jurisprudencia de la Corte Suprema en relación al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, que entró en vigor en el país en 2009.

"Se aprecia que en las Cortes de Apelaciones la tendencia es a dar lugar a las normas del Convenio, incluso por sobre las normas internas, como obliga el derecho internacional público, en tanto no es posible aducir normas internas para incumplir con lo dispuesto por un tratado internacional", dice el texto.

Pero al llegar a la Corte Suprema las argumentaciones basadas en el Convenio 169 se desestiman.

"Salvo un caso, fallado por la sala civil de la Corte Suprema, el máximo tribunal ha ido desarrollando, en la sala constitucional, una jurisprudencia que desatiende las obligaciones de Chile y sitúa al Estado --una vez más-- en la senda del incumplimiento de sus compromisos internacionales, exponiéndolo a ser reprendido por órganos de supervisión y monitoreo de tratados", concluye el informe.

El Gobierno chileno se querella por la muerte de un ministro de Salvador Allende

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Los expertos revelan que José Tohá fue estrangulado y se simuló su suicidio

El Gobierno chileno anunció ayer una querella contra los responsables de la muerte del ministro del gabinete de Salvador Allende José Tohá, ocurrida en extrañas circunstancias en marzo de 1974, mientras era prisionero de la dictadura de Augusto Pinochet. 

 Según dijo a la prensa el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, la decisión se tomó tras conocerse en los últimos días nuevos antecedentes del caso, después de que la Corte de Apelaciones de Santiago ordenara una serie de nuevas diligencias para esclarecer el caso. Entre ellas, la exhumación de los restos de Tohá y la reconstrucción de las circunstancias de su deceso, ocurrida en el antiguo Hospital Militar de Santiago y que fue presentada por el régimen militar como un suicidio, versión que expertos han considerado "un montaje burdo".

Según los expertos, fue estrangulado y después su cadáver introducido en el ropero para simular un suicidio.

El Ejército brasileño toma las favelas de Río de Janeiro

Helicópteros del Ejército sobrevuelan Río de Janeiro en el sexto día de violencia Despliegan 800 hombres de la Brigada Paracaidista Militar para controlar el acceso a algunas favelas

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Helicópteros de la Fuerza Aérea Brasileña se han incorporado a los operativos contra los cárteles de la droga que han sembrado el pánico en algunas favelas de Río de Janeiro, mientras varios tanques y miles de oficiales continúan desplegados en las barriadas donde, por sexto día consecutivo, se han registrado hechos de violencia.

  Los helicópteros --dos del Ejército y uno de la Policía-- han sido vistos también en las conocidas playas de Copacabana, una de las zonas más turísticas de Brasil, informó el diario local 'O Globo'.

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  Un grupo de 800 hombres de la Brigada Paracaidista Militar ha sido designado para controlar todos los accesos a la favela de Vila Cruzeiro y al Complejo del Alemán, un conjunto de barriadas pobres del norte de Río, donde estarían escondidos narcotraficantes del Comando Vermelho (Comando Rojo).

  El envío de este contingente se produjo horas después de que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, autorizara el apoyo del Ejército en las operaciones antidroga y diera luz verde al uso de dos helicópteros de la Fuerza Aérea Brasileña y de 10 vehículos blindados.

  Las autoridades brasileñas atribuyen esta ola de violencia a represalias de miembros cárteles de droga que fueron expulsados de algunas favelas, mediante la labor de las Unidades de Policía Pacificadora (UPP), instaladas en esas barriadas para acabar con las bandas de delincuentes.


CONTROLES

  El subsecretario de Planificación Operacional de la Secretaría de Seguridad Pública de Río, Roberto Sá, anunció a los medios locales que también bloquearán todas las entradas a Vila Cruzeiro y al Complejo del Alemán, donde se estiman que viven unas 100.000 personas, informó la Agencia Brasil.

  Unos 17.500 soldados y decenas de policías del Batallón de Operaciones Especiales (BOPE) recorren las calles de Río de Janeiro en busca de los peces gordos del narcotráfico, mientras que todavía circulan cerca de las favelas varios tanques tipo M113 equipados con armamento de guerra.


  Pese a este histórico operativo de seguridad, los narcotraficantes han continuado con los ataques que comenzaron el pasado domingo y que se han cobrado la vida de un total de 25 personas, según cifras de la Policía Militar divulgadas este viernes.

  En distintas cadenas de la televisión brasileña se pueden apreciar imágenes de los enfrentamientos entre presuntos narcotraficantes y oficiales que han logrado ingresar a algunas favelas.

  Un total de 192 presuntos delincuentes han sido detenidos y puestos a la orden de los órganos judiciales, acusados de participar en actos vandálicos como la quema de 96 coches.

  Entretanto, en algunas zonas de Río de Janeiro los cariocas han declarado una especie de toque de queda debido a la violencia desatada. Unas 135 escuelas han tenido que suspender sus actividades dejando sin clases a 47.300 niños y adolescentes.


APOYO DE LULA

  Ante esta escalada de violencia, Lula ha asegurado que brindará total apoyo al gobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral, en sus operativos antidrogas y contra los ataques de los grupos delictivos.

  "Le dije a Cabral que la ayuda que él necesite para que el gobierno federal ayude, para que podamos permitir que esas personas vivan en paz, lo vamos a hacer", aseveró este jueves desde Georgetown, en Guyana, donde asiste a la cumbre de presidentes de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

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  Así, Lula garantizó que Río de Janeiro "puede estar tranquilo de que nosotros estaremos apoyando en un cien por cien al gobernador y al pueblo de ese estado".

miércoles, 24 de noviembre de 2010

Chile : Fallece monseñor Sergio Valech, defensor de los Derechos Humanos durante la dictadura militar en Chile

Presidió la comisión que investigó la tortura sistemática cometida bajo el régimen de Augusto Pinochet


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Monseñor Sergio Valech Aldunate, obispo auxiliar emérito de la Archidiócesis de Santiago de Chile y un firme defensor de los Derechos Humanos durante la dictadura militar en Chile 
a través de su labor en la Vicaría de la Solidaridad, ha fallecido este miércoles a los 83 años.

Según confirmaron a 'Prensa' fuentes eclesiásticas, el prelado murió a las 4:17 horas en la casa sacerdotal Santo Cura de Ars, donde residía desde hace unos años. Valech, que padecía un cáncer pulmonar, fue ordenado sacerdote el 28 de junio de 1953 por el cardenal José María Caro.

En 1983 se convirtió en vicario general y cuatro años después en vicario de la Solidaridad --cargo que ocupó hasta 1992--, donde hizo frente con firmeza a los últimos años del régimen militar y defendió los Derechos Humanos.

Por ello, fue uno de los participantes en la Mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos de 2000 y a partir de 2003 estuvo en la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech, por ser él su presidente, que investigó el uso de la tortura por parte del régimen del dictador  Augusto Pinochet.

Según 'La Prensa Chilena', sus restos serán trasladados a mediodía a la Catedral Metropolitana, donde estarán hasta el viernes, cuando se realizará una misa fúnebre y su cuerpo será llevado al Cementerio General, donde será sepultado en el mausoleo de la familia Valech. Según el cardenal Francisco Javier Errázuriz, el deseo del religioso era descansar en el mausoleo de su familia y no en la cripta de la Catedral.

El presidente chileno, Sebastián Piñera, ha expresado su pesar por la muerte de monseñor Valech. "Lamento profundamente la muerte de monseñor Valech", ha señalado en un mensaje colgado en su cuenta en Twitter, subrayando que "u coraje, valentía y ejemplo quedarán grabados en nuestros corazones".