Senador derechista chileno admite fondos “irregulares” en campaña electoral

El senador Iván Moreira, del derechista partido chileno Unión Demócrata Independiente (UDI), admitió haber recibido fondos de manera “irregular” del grupo económico Penta para financiar su campaña parlamentaria de los comicios de noviembre de 2013.

Uno de los controladores del Grupo económico Penta, Carlos Eugenio Lavín.

• La investigación judicial, que se 
• ha hecho pública en los últimos 
• días, ha sacado a la luz correos 
• electrónicos enviados por 
• Moreira y otros parlamentarios a
•  ejecutivos del Grupo Penta 
• solicitando dineros para su campaña senatorial.
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• La polémica por la financiación 
• de las campañas políticas, que en 
• Chile permite aportes reservados 
• de empresas privadas, surgió a 
• partir de una investigación que 
• realiza la Fiscalía a los 
• principales socios del grupo 
• Penta por fraude al Fisco.

El caso,que es investigado por la Justicia, involucra a otros políticos que también habrían recibido recursos de manera fraudulenta del mismo conglomerado económico, un grupo de inversión que administra activos por unos 20.000 millones de dólares.

Sin embargo, Moreira es el único que hasta ahora ha dicho que recibió financiación irregular, mientras otros parlamentarios de su mismo partido insisten en negarlo.

“Quiero reconocer mediante este acto público que el mecanismo utilizado para tales efectos fue irregular porque se realizó a través de boletas de honorarios a terceros”, dijo Moreira a los periodistas en la sede de la UDI, donde sin embargo hizo retirar los emblemas y logotipos del partido.

Las boletas justificaban supuestas operaciones financieras o venta de servicios inexistentes y su uso está penado por la ley.

La investigación judicial, que se ha hecho pública en los últimos días, ha sacado a la luz correos electrónicos enviados por Moreira y otros parlamentarios a ejecutivos del Grupo Penta solicitando dineros para su campaña senatorial.

“No soy de aquellos que para evadir sus responsabilidades optan por culpar a otros o se escudan en el argumento que se trata de prácticas generalizadas”, dijo Moreira.

“Cuando uno se equivoca no cabe la teoría del empate. Hoy estoy dando la cara, reconociendo mis errores con hombría y estoy pidiendo disculpas públicas”, expresó.

La polémica por la financiación de las campañas políticas, que en Chile permite aportes reservados de empresas privadas, surgió a partir de una investigación que realiza la Fiscalía a los principales socios del grupo Penta por fraude al Fisco.

Ellos, al igual que otros ejecutivos del conglomerado, han declarado voluntariamente en los últimos tres días y Moreira expresó también su intención de ponerse a disposición de la Justicia.

El Gobierno reaccionó frente a las declaraciones de Moreira asegurando que son “sorprendentes”.

“Dan cuenta de irregularidades que deben ser investigadas”, dijo el portavoz de La Moneda, sede del Ejecutivo,Álvaro Elizalde.

“Estas declaraciones dan cuenta de la necesidad de elevar los estándares de transparencia y probidad”, agregó.

El Servicio de Impuestos Interno (SII) denunció a los dueños de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, como presuntos autores de un delito tributario por la utilización indebida de 258 boletas de honorarios y facturas falsas para disminuir la base imponible del impuesto a la renta por unos 2.000 millones de pesos (unos 3,38 millones de dólares).

Hugo Bravo, exejecutivo de Penta, fue quien abrió el capítulo político del caso al señalar que el grupo financiaba las campañas de la UDI con dineros provenientes de negocios ficticios que acreditaban con boletas fraudulentas.

Chile = Manifiestan que “pequeño comercio” debe tener una mayor participación en el mercado de pago electrónico

Las declaraciones fueron realizadas por el senador Eugenio Tuma, tras reunirse con el titular de Banco Estado, Rodrigo Valdés y se basan en un proyecto de acuerdo precedentemente presentando.

El vicepresidente del Senado, senador Eugenio Tuma, sostuvo una reunión con el titular de Banco Estado, Rodrigo Valdés, oportunidad en la que analizaron el proyecto de acuerdo que solicita poder evaluar la implementación de una red de competencia a Transbank, incorporando un nuevo operador en el mercado.

En tal sentido, el parlamentario sostuvo que se necesitan cambios en la ley para la participación de otros actores en el mercado que estimule la modernización, innovación y las estrategias de incorporación de las empresas de menor tamaño y de los territorios que no tienen cobertura por este servicio.


“El acceso al dinero, al crédito, a que no se pierdan las ventas del pequeño comercio es un avance en materia de competitividad, de crecimiento y desarrollo de las pymes”, apuntó.


Además, el legislador valoró y agradeció además la iniciativa de la institución en cuanto a anunciar un proyecto para hacer operativa la red de Caja Vecina a todos los usuarios del sistema financiero del país.


“Celebramos la decisión del Banco de establecer en las cajas vecinas un paralelo a lo que es Transbank, para que tengamos una alternativa de competencia. En materia de operaciones comerciales o crediticias es muy importante que tenga acceso el pequeño comercio. Este paso que está dando Banco Estado es un ejemplo para crear competencia donde no lo hay. (…) El país debe caminar hacia una economía donde el pequeño comercio tenga una mayor participación en el mercado de pago electrónico”, precisó.


Asimismo, indicó que el presidente de Banco Estado se mostró dispuesto a reforzar el proyecto de acuerdo presentado por un grupo transversal de 18 parlamentarios, entre ellos la bancada pro pyme. “Creemos que la mayor presencia de Banco Estado en las distintas ciudades del país es un instrumento muy importante para el desarrollo de las regiones y su descentralización”, concluyó.

Chile: Caso Penta, nuevas filtraciones en la investigación.

Este domingo se dieron a conocer nuevas filtraciones en la investigación de la arista política del Caso Penta que investiga el "aporte" del Holding a dirigentes políticos para sus campañas parlamentarias.
Son algunas de las interrogantes que se presentan al momento de tratar de entender éste polémico caso que remece al mundo político.

La investigación comenzó como algo netamente económico, donde se indagó la posible mala utilización del Fondo de Utilidad Tributaria (FUT), debido a que Penta declaraba sus montos a tributar con cifras mucho menores al valor real de utilidades.

Dicha acción era realizada por un funcionario del Servicio de Impuestos Internos (SII) que ingresaba ésta solicitud al sistema.

Al ver esta irregularidad, el SII comenzó una investigación que apuntó directamente al jefe del SII Oriente, Iván Álvarez, quien le ofrecía este "servicio" a distintas empresas a través de sus contadores. Esto llevó a que Álvarez fuera formalizado y se encuentre en prisión preventiva.

Iván Alvarez fue formalizado por su participación en el millonario "fraude al FUT".

Pero, ¿cómo llegó Álvarez a vincularse con Penta? Se dice que el nexo habría sido el fallecido martillero Jorge Valdivia, quien - según un amigo de este, Carlos Barahona trabajó para el exdirector de Penta Hugo Bravo "haciendo todo tipo de requerimiento que éste le hacía".

Entre las declaraciones de Álvarez, explicó el funcionamiento del sistema y afirmó que había trabajado con Bravo, entregándole este "servicio" a Inversiones y Asesorías Challico Ltda y Administración e Inversiones Santa Serella Ltda.

Por este fraude al FUT recibió de Bravo $4 millones que fueron pagados por el contador del Grupo Penta, Marcos Castro.

El gerente de contabilidad del Grupo Penta, Marcos Castro,

Al conocerse estos detalles, la Policía de Investigaciones comenzó a investigar al holding. Fue en ese momento en donde se descubrió otro detalle: un mal uso de boletas de honorarios emitidas a nombre de las cónyugues de los fundadores de Penta, Carlos Délano y Carlos Lavín.

Con esto se disminuía la base imponible por parte de las empresas Penta. Se calcula que el monto que evitaron pagar en impuestos fue de $400 millones.

Los socios fundadores del grupo Penta, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano

Bravo, al ser formalizado, declaró que en éstas boletas estarían vinculadas una serie de figuras políticas que habrían recibido de ésta forma aportes para financiar sus campañas políticas.

En la instancia, Bravo apuntó directamente a los dirigentes UDI Iván Moreira, Pablo Zalaquett, Laurence Golborne, Ena von Baer, Pablo Longueira, y al excandidato presidencial y líder de Fuerza Pública, Andrés Velasco.

Este domingo se dieron a conocer los correos electrónicos de los parlamentarios pidiendo dinero para sus campañas a Penta.

Cabe destacar que aún no existe claridad de si fue a través de aportes reservados (atendiendo al marco legal) o si fue con mala utilización de boletas de honorarios.

Zalaquett dijo que recibió dinero de Carlos Alberto Délano (uno de los controladores de Penta), pero por aporte reservado para su campaña como candidato a senador por Santiago Poniente.

Golborne, por su parte, señaló que presentó su declaración al Servel, la cual fue aprobada.

Velasco negó que en los registros del financiamiento para las primarias de junio 2013 - en su candidatura presidencial- se encontraran aportes de Penta.

Von Baer, en tanto, evitó referirse al tema y llamó a través de su cuenta de Twitter a "esperar los resultados de la investigación".

Moreira indicó que sí recibió aportes reservados, pero al ser "reservados" afirmó "no saber de quienes son".


A los antes mencionados por Bravo, se suman el chofer de Iván Moreira, quien habría emitido boletas a Penta; la secretaria de Jorge Manzano, el cientista político de la UDI; y el ex secretario general del partido.

También, ha estado en la palestra el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, quien según el fiscal a cargo de la investigación, Carlos Gajardo, el Ministerio Público decidió incluirlo en la lista de investigación por el pago de $4 millones realizado por Penta S.A. a la fundación creada por el titular del MOP: Ciudad Justa.

Explotación sexual infantil, la cara oculta de Uruguay

Karina Núñez Rodríguez tenía solo 12 años cuando se vio empujada a la prostitución. Ahora con medio siglo de vida y seis hijos, es una de las voces más elocuentes contra la explotación sexual de niñas y adolescentes en Uruguay, un país reacio a reconocer esta creciente lacra.

Uno de los carteles de la masiva campaña No Hay Excusas, realizada por el Conapees, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y Unicef. Crédito: Cortesia de Conapees

Su apellido materno, Rodríguez, “tiene todo que ver con lo que hago y con lo que soy”, dice a IPS al explicar por qué quiere figurar con ambos esta mujer que, pese a sus múltiples aportes, no tiene otros ingresos que el trabajo sexual.

En Uruguay, una gran cantidad de menores, la gran mayoría niñas, son arrancados de su infancia y ofrecidos como mercadería a cambio de pagos variables: un paquete de cigarrillos, una dosis de drogas, una tarjeta de teléfono móvil, comida, vestimenta, refugio o dinero. Los explotan miembros de sus familias, vecinos o redes criminales, pequeñas o más articuladas.

Tal como su abuela, su madre también fue una niña explotada. Ahora ella se enorgullece de haber quebrado este círculo familiar de servidumbre y marca una fecha simbólica: cuando su hija menor cumplió 12 años siendo una niña alegre y pronta para ingresar a la escuela secundaria.

En Uruguay, una gran cantidad de menores, la gran mayoría niñas, son arrancados de su infancia y ofrecidos como mercadería a cambio de pagos variables: un paquete de cigarrillos, una dosis de drogas, una tarjeta de teléfono móvil, comida, vestimenta, refugio o dinero. Los explotan miembros de sus familias, vecinos o redes criminales, pequeñas o más articuladas.

La dueña de un negocio alimentario organiza bailes en su tienda los días de paga de los peones rurales del lugar, e invita a niñas de 12 años de su vecindario. Las pequeñas pasan sus noches bebiendo, bailando y manteniendo relaciones sexuales en las instalaciones exteriores de una capilla cercana.

El propietario, de 74 años, de un hotel en una zona turística paga el viaje de una quinceañera, que vive a cientos de kilómetros, para tener sexo con ella. Después, le envía dinero a sus explotadores, pero elude ser procesado alegando que ignoraba que la adolescente era menor de 18 años.

Un alto funcionario de un departamento (provincia) organiza una fiesta con adolescentes, alcohol y cocaína en un edificio gubernamental y es hallado en flagrancia cuando, ya borracho, se va en su automóvil con una de las jovencitas.

Una red, conformada por camioneros y los padres de dos de las víctimas, obliga a varias niñas a tener relaciones sexuales con conductores de camiones en tres pueblos diferentes.

Casos como estos son noticia cada semana en Uruguay. En 2010, el gobierno declaró el 7 de diciembre como día nacional contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Pero todavía no puede medir los alcances del crimen, penado con hasta 12 años de prisión por una ley de 2004. La prostitución adulta es legal en el país y está regulada por el Estado.

Al menos 1,8 millones de menores son explotados en la prostitución o la pornografía en el mundo, según Ecpat, una red mundial de organizaciones dedicadas a combatir estos delitos. Casi 80 por ciento de la trata de personas es para la explotación sexual, y más de 20 por ciento de las víctimas son niñas y niños.

Desde 2010 hasta septiembre de este año, la justicia procesó 79 casos que involucraron a 127 acusados. Solo 43 de ellos recibieron condena, según un informe publicado por el Poder Judicial.

Pero las denuncias policiales van en aumento. En 2007 fueron 20, en 2011 llegaron a 40, en 2013 fueron 70, y en los 10 primeros meses de 2014 superaron las 80. “Cada caso no afecta solo a una niña o un niño. Puede implicar a cuatro o cinco”, dice a IPS el presidente del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y no Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (Conapees), Luis Purtscher.

Además, los perpetradores superan en número a las víctimas. “En una sola noche, una chica puede tener cinco o 10 relaciones”, agrega.

En los últimos cinco años, Conapees entrenó a 1.500 empleados públicos, incluyendo educadores, trabajadores sociales, agentes policiales y fiscales. “Tenemos 3.000 ojos y oídos más, con algún grado de entrenamiento para detectar y denunciar”, agrega, como otra razón por la que los casos aumentaron.

La violencia de género juega también un papel relevante. En una lista de 12 países latinoamericanos, más España y Portugal, Uruguay tiene la tasa más alta de mujeres asesinadas por sus parejas actuales o pasadas cada 100.000 habitantes, sostiene un informe publicado por el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe.

Dentro de una campaña de sensibilización, el Conapees publicó un aviso en la prensa escrita: “Chicas, muy chicas”, seguido de un número de teléfono que recibió 100 llamadas el primer día y 500 el primer fin de semana.

Por todos lados

Denunciar es peligroso, pero estos crímenes y sus víctimas no están ocultos. La fotógrafa belga Susette Kok registró muchos sitios públicos en una exhibición y un libro en el que retrató a 27 personas que fueron víctimas infantiles de explotación sexual y ahora, invariablemente, son trabajadoras sexuales.

“Fue muy fácil encontrar la explotación. Está por todos lados”, dice a la prensa.

La “casita del amor”, un conjunto de muros derruidos, con el suelo cubierto de condones usados, aparece al lado de una iglesia en Fray Bentos, en el sudoeste uruguayo. Un oxidado “contenedor de pasiones” emerge en una instalación deportiva y, otra vez, junto a una iglesia, a la entrada de Young, en el occidente del país.

Decenas de lugares similares se diseminan por el país: un banco en un campo de fútbol vecinal, un grueso árbol junto a un puente, que la ironía bautizó “sexo ecológico”, chozas, clubes y “bares de camareras”.

Núñez Rodríguez se convirtió en activista tras presenciar el sufrimiento de jovencitas sometidas al “proceso de ablande” en las “whiskerías” (prostíbulos y expendios de alcohol): “torturas, penetraciones forzadas y colectivas, golpizas”, destinadas a crear “tal lazo de temor entre la víctima y el explotador que la chica se pueda quedar toda la noche parada en una esquina en cualquier parte sin siquiera pensar en ir a la policía”, describe.

Ella cuenta como un logro haber presentado 27 denuncias a las autoridades. De esos casos, “participé en nueve procesamientos y tengo el honor de que la gente confía en mí y me aporta más y más pruebas certeras”, sostiene. Revisa personalmente los datos y se apoya en una red de ocho amigas y colegas en distintas ciudades del país. “Gracias a Dios, tenemos WhatsApp”, sonríe.

En 2007, junto a otras compañeras crearon el Grupo Visión Nocturna para promover una postura independiente de las autoridades en cuestiones de salud vinculadas a la prostitución y para exigir respeto hacia las trabajadoras sexuales.

En 2009, poco después de denunciar en una comisaría de una pequeña ciudad del interior que dos adolescentes iban a ser traficadas, un supuesto cliente la invitó a su auto. Viajaron 20 kilómetros hacia las afueras. “Nueve tipos me dieron una paliza. Estuve 11 días en cuidados intensivos y tres meses sin poder caminar”, relata.

Cuando se recuperó, “volví a denunciar el mismo delito”, asegura. Ha sufrido amenazas de muerte y asume que alguna puede materializarse.

En el oeste de Montevideo, terminales de autobús, parques, autopistas, cantinas e incluso viviendas particulares son los sitios en los que se perpetran crímenes sexuales contra niñas y niños, señala el informe “Un secreto a voces”, escrito por Purtscher y otros siete especialistas que entrevistaron a más de 50 personas.

El área está atrayendo grandes inversiones y mano de obra masculina, que podrían agravar la situación, pero carece de mecanismos para asistir a las víctimas, según indicaron varias fuentes. Tampoco los tiene el país. Un programa gubernamental de asistencia creado en 2013 con ese fin está desfinanciado y cuenta solamente con dos equipos propios.

Esta lenta respuesta oficial exaspera a Karina Núñez Rodríguez. “Cuando un niño es explotado, no se puede esperar”, dice.