"Me metieron ratas por la vagina, me violaron perros, me colgaban", sostuvo una de las víctimas. Agregó que sus captores la amarraban desnuda junto a su padre y su hermano, quien por entonces tenía 15 años, y le decían que su padre la violaría.
Las querellas fueron iniciadas en mayo y esta semana las mujeres rindieron su testimonio ante el juez Mario Carroza. Las mujeres pudieron presentar su denuncia y rendir sus testimonios pese a que las violaciones ocurrieron décadas atrás porque Chile firmó suscribió un acuerdo internacional de derechos humanos que impide que estos delitos prescriban al elevarlos a la categoría de crímenes de lesa humanidad.
"Exigimos que el gobierno chileno, que las autoridades, el Estado, tiene que cambiar las leyes, tiene que aceptar que existen estas torturas (sexuales)", dijo Nieves Ayress a The Associated Press, una de las querellantes, que en 1974 fue detenida junto a sus 25 años por ser militante socialista, junto con su padre y su hermano. Fue liberada en 1976 y obligada a exiliarse.
Buscan una reforma
Las mujeres también buscan que se reforme el Código Penal chileno, que data de 1874, y que no contempla como delito la tortura ni la violencia sexual de carácter político. Bajo esa legislación, las torturas y otras violaciones a los derechos humanos se pudieron haber juzgado bajo otros tipos penales que contemplan penas menores.
Ayress declaró el lunes ante el juez Carroza. Tiene 66 años, es educadora y activista comunitaria y vive en Nueva York. Al día siguiente, fue sometida a un extenso peritaje psiquiátrico y sicológico para establecer las huellas psíquicas de la violencia política sexual.
Más tarde, médicos del Servicio Médico Legal examinarán si hay huellas físicas que hayan dejado las violaciones sexuales aunque no exista evidencia clave como rastros de ADN.
Torturadas por ser mujeres
Las mujeres alegan que la tortura sexual tiene un componente de género, que las maltrataban más por ser mujeres y les decían "perras", anulando su calidad de ser humano, de "maracas" (prostitutas), denigrándolas, y las violaban reiteradamente hombres y animales, introduciéndoles además objetos en la vagina y el ano, lo que convierte estas acciones en violencia política sexual.
"Me metieron ratas por la vagina, me violaron perros, me colgaban", sostuvo. Agregó que sus captores la amarraban desnuda junto a su padre y su hermano, quien por entonces tenía 15 años, y le decían que su padre la violaría.
"Hacían una fila de militares y me obligaban a hacer contacto oral con todos ellos y eyaculaban en mi cuerpo y me bañaban de semen", relató. "Me cortaron el vientre con un yatagán (un cuchillo corvo)" y también le hicieron tajos con hojas de afeitar en "los senos y nos ponían adentro los cables eléctricos y alcohol".
El padre y el hermano de Ayress salieron libres y partieron al exilio unos seis meses antes que ella. La madre se quedó en Chile hasta que ella fue expulsada del país y ambas se fueron también a Italia.
Las otras tres querellantes, Carmen Holzapfel, Soledad Castillo y Nora Brito Cortez, también relataron al juez las torturas sexuales durante sus detenciones.
Algunos hombres también fueron víctimas
La demanda incluía inicialmente a varios hombres que presuntamente fueron violados, quienes luego desistieron de seguir adelante con el caso.
"A los hombres se les hace más difícil todavía reconocer la condición de violados en los procesos de tortura", dijo Cristián Castillo, dirigente del Campo Por la Paz Villa Grimaldi, organización defensora de los derechos humanos que funciona en el que fuera uno de los más terroríficos centros de tortura del general Augusto Pinochet (1973-1990).
Castillo afirmó que no le "cabe la menor duda de que podrían aparecer nuevos casos de torturadores y violadores con las declaraciones de compañeras que específicamente denuncian este delito de lesa humanidad como es la violación sexual".
La dictadura en cifras
La dictadura del general Pinochet dejó un saldo oficial de 40.018 víctimas, incluidos presos políticos, torturados y 3.095 muertos. Cerca de 70 uniformados y un puñado de civiles cumple condenas de cárcel en un penal especial.
La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura de Chile, que recogió los testimonios de miles de torturados durante la dictadura, dijo que casi todas las 3.399 mujeres entrevistadas dijeron haber sido víctimas de tortura sexual. Más de 300 dijeron que fueron violadas durante su detención.
Recién en 1993 los organismos internacionales comenzaron a clasificar las violaciones cometidas durante un conflicto interno como crímenes de lesa humanidad. Esa figura legal fue adoptada durante juicios relacionados con lo ocurrido en Yugoslavia llevados a cabo en el Tribunal Penal Internacional.
Carroza afirmó que "los tratos inhumanos, degradantes, los cuales eran considerados como un concepto general, pero que tal vez no recibían el nombre de tortura...deben ser considerados dentro de lo que es el concepto internacional (de tortura)".
Demandarían al Estado
Las cuatro querellantes dicen que, de no ser individualizados los autores de las violaciones y torturas, responsabilizarán al Estado chileno porque los agentes represivos eran funcionarios del Estado.
Ayress dijo que no vio a sus torturadores pero sí al coronel Manuel Contreras, considerado el líder más cruel de la policía secreta del régimen militar y quien ordenaba que la torturaran. "Las otras compañeras que estuvieron presas conmigo vieron a los torturadores", aseguró.
Otra ex presa política, Leila Pérez, 57 años, dijo a la prensa que estuvo detenida algunos días tras el golpe y que en octubre de 1975 fue nuevamente arrestada y llevada a Villa Grimaldi. "Vi a las personas que me agredieron, me torturaron y (aplicaron la) violencia política sexual", contó.
Pérez presentó por ahora solo una querella por tortura, pero dijo que espera interponer otra por violencia política sexual. Sobre sus violadores, señaló que "algunos están involucrados en la querella por tortura, pero hay otros que no lo están".
Ayerss sostuvo que "hay cientos de militares que están pasando inadvertidos" y que a más de 40 años del golpe militar "la gente está empezando a hablar y a perder el miedo, pero es difícil".
"Es difícil porque el apremio, la tortura y todo lo que hicieron los militares es tan violento, que hasta ahora (han pasado) tres generaciones y la gente tiene miedo", manifestó Ayress, quien exhortó a otras víctimas de torturas sexuales a que se atrevan a salir a la luz y contarle lo que les pasó a su entorno y a la justicia.
Las denuncias no son fáciles de comprobar porque el tiempo pasado ha eliminado la mayor parte de la evidencia y los militares no hablan.
El presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, dijo en agosto que un grupo grande de militares condenados por violaciones a los derechos humanos se cuida de no involucrar a otros oficiales en crímenes de lesa humanidad. "Si eso significa un pacto de silencio, bueno, yo creo que lo tienen todas las personas que están imputadas en hechos ilícitos", expresó.
