lunes, 7 de mayo de 2012

Chile: la aprobación de Piñera cae al 26 %, la más baja desde su llegada al Gobierno

La aprobación del presidente chileno, Sebastián Piñera, cayó tres puntos en abril, del 29 % al 26 %, la más baja desde su llegada al Gobierno en marzo de 2010, mientras que la desaprobación aumentó del 64 % al 66 %, según reveló hoy la encuesta mensual de la consultora privada Adimark.
El apoyo al Gobierno en conjunto, en tanto, disminuyó tres puntos, al 26 %, y el rechazo se elevó del 65 % al 67 %.


Hasta la encuesta de abril, la aprobación más baja dePiñera fue el 27 % que obtuvo en agosto del año pasado, en medio de las movilizaciones estudiantiles por una educación pública y gratuita.
La actualidad política en abril, señaló la consultora, estuvo marcada por un polémico aumento de las asignaciones de los senadores, el envío al Congreso de la reforma tributaria elaborada por el Gobierno y las primeras manifestaciones de estudiantes.


Además, algunas variables económicas de temas sensibles, como el precio de los alimentos y los combustibles, han golpeado la evaluación del Ejecutivo.
“Todo esto parece hacer desaparecer otras variables que se mueven en dirección positiva, como la actividad económica y el empleo”, comentó Adimark.


Entre las áreas de gestión del presidente Piñera mejor evaluadas se mantienen las relaciones internacionales (63 %), el empleo (45 %, seis puntos menos que en marzo) y la economía (36 %), mientras que las peor valoradas son el transporte público (21 %) y la delincuencia (16 %).
En cuanto a las dos grandes coaliciones, la gubernamental recibe una aprobación del 23 % y un rechazo del 63 %, sin variación respecto de la encuesta de marzo.


La Concertación, de centroizquierda y en la oposición, recibe un apoyo del 19 % y una desaprobación del 67 %.
La Cámara de Diputados y el Senado salen malparados de la última encuesta, debido a la aprobación de un aumento de dos millones de pesos (unos 4.100 dólares) en las asignaciones que reciben mensualmente los senadores.


Tras este polémico episodio, que además provocó un enfrentamiento entre las dos cámaras del Congreso, la aprobación de la Cámara de Diputados cayó cinco puntos, al 16 %, lo que representa un mínimo histórico.
El Senado, en tanto, obtuvo un apoyo del 17 %, ocho puntos menos que en la encuesta de marzo, y un rechazo del 69 %.

sábado, 5 de mayo de 2012

La crisis del sindicalismo y la urgencia de un cambio

Un nuevo Primero de Mayo en Chile y se podría decir que las cosas no han variado mucho en estas últimas décadas en cuanto al declive que ha sufrido el movimiento sindical chileno. Por el contrario, el panorama es desolador y absolutamente ajeno al momento que viven los otros movimientos sociales, los cuales han podido modificar la correlación de fuerzas a su favor y han abierto posibilidades reales para construir un camino alternativo al chile neoliberal.








Las causas asociadas a este fenómeno no pueden explicarse solo señalando el evidente problema de conducción que existe al interior de las centrales sindicales -burocracias anquilosadas en sus direcciones, políticas entreguistas y falta de democracia interna-, que son efectos más que causas de un problema mayor. Las dimensiones que abarca el asunto guardan relación con las profundas transformaciones económicas y sociales que afectaron a los países de América Latina desde principios de la década de los ochenta. Sobre esas transformaciones creo que es necesario sentar los fundamentos por los cuales el sindicalismo debe dar un giro hacia nuevas iniciativas, que le ayuden a oxigenarse y pensar sobre la base de una nueva realidad del campo productivo.




La profundidad de la crisis sindical


La liberalización del mercado, la privatización de empresas estatales y la desregulación de la institucionalidad laboral, afectaron fuertemente a amplios sectores de trabajadores dejando profundas consecuencias. Significó en primer lugar, que el Estado dejara de ser el reflejo de las estructuras sociales y de sus demandas, desplazó a los sindicatos de su papel regulador y de su carácter de interlocutor con las empresas y representantes de los trabajadores [1]. La privatización de empresas estatales afectó también fuertemente al poder del sindicalismo, debido a que dentro de éstas era donde se habían desarrollado con mayor fuerza y donde había logrado obtener los mejores resultados. Las privatizaciones en este sentido no solo obedecían a una lógica económica que buscaba la rentabilidad de las empresas estatales, sino que perseguían implicancias políticas tanto o más importantes [2].




La desregularización laboral también contribuyó a erosionar la base organizativa del sindicalismo. Estas medidas fueron promovidas por el Banco Interamericano del Desarrollo y el Banco Mundial y fueron denominadas como reformas de segunda generación que debían profundizar lo que las de primera generación (apertura del mercado y privatizaciones), habían iniciado a mediados de los ochenta. Estas reformas fueron rápidamente instaladas en nuestro país con el consenso absoluto de la clase política y trajeron consigo la flexibilización de las condiciones de trabajo y de empleo a través de la derogación y sustitución del código del trabajo que estaba vigente desde 1931. Esto afecto directamente a las negociaciones colectivas, a las federaciones y confederaciones en cuanto a los márgenes de maniobra que pudieran desarrollar y delimitación de los temas que son negociables en las empresas. Si bien se hizo una reforma al código laboral a fines del 2001 (bajo el gobierno de Ricardo Lagos) y que trajo algunos cambios mínimos, no se logro revertir el fenómeno global de precarización abierto hace más de 30 años. Tampoco pasó con la ley de subcontratación del año 2007 que trato de regular algunos elementos, pero que fue reducida a las obligaciones del empleador en materia de protección y seguridad.




La desregularización laboral también contribuyó a erosionar la base organizativa del sindicalismo. Estas medidas fueron promovidas por el Banco Interamericano del Desarrollo y el Banco Mundial y fueron denominadas como reformas de segunda generación que debían profundizar lo que las de primera generación (apertura del mercado y privatizaciones), habían iniciado a mediados de los ochenta. Estas reformas fueron rápidamente instaladas en nuestro país con el consenso absoluto de la clase política y trajeron consigo la flexibilización de las condiciones de trabajo y de empleo a través de la derogación y sustitución del código del trabajo que estaba vigente desde 1931. Esto afecto directamente a las negociaciones colectivas, a las federaciones y confederaciones en cuanto a los márgenes de maniobra que pudieran desarrollar y delimitación de los temas que son negociables en las empresas. Si bien se hizo una reforma al código laboral a fines del 2001 (bajo el gobierno de Ricardo Lagos) y que trajo algunos cambios mínimos, no se logro revertir el fenómeno global de precarización abierto hace más de 30 años. Tampoco pasó con la ley de subcontratación del año 2007 que trato de regular algunos elementos, pero que fue reducida a las obligaciones del empleador en materia de protección y seguridad.




Es verdad. El sindicalismo ya no es lo mismo. O mejor dicho, el sindicalismo no puede volver a ser lo mismo, porque el modelo de acumulación cambio y el modelo de dominación política también lo hizo hace unas cuantas décadas. Estos ajustes son los que han impactado fuertemente en las relaciones sociales que se producen en el trabajo. Existe una atomización generalizada que no permite enfrentar los problemas actuales de precarización laboral de forma colectiva, lo que reduce la capacidad de acción de los sujetos y lo obliga a aceptar y soportar las condiciones negativas de cualquier trabajo.




Desafíos y prioridades de la lucha de los
trabajadores


Si la realidad cambia, no podemos seguir haciendo lo mismo, a no ser que guste equivocarnos mil veces. El trabajo que han desempeñado los sectores de la izquierda consecuente dentro del sindicalismo se ha limitado a criticar y enfrentar al lastre dirigencial, pero no se ha querido cuestionar sobre un problema que es mayor y más significativo para la reconstitución del sindicalismo. Somos millones de trabajadores y solo el 10% está organizado.





Considerando los argumentos que expuse sobre las transformaciones ocurridas en la matriz económica y política, se podría señalar que el sindicalismo necesita con urgencia entender una serie de cambios y trabajar en la búsqueda de nuevas formas de organización para la mayoría de los trabajadores. Las transformaciones del mercado de trabajo y del aparato productivo en general indican que las formas tradicionales de sindicalismo tienen serias dificultades para sindicalizar a los nuevos trabajadores: los tipos de contratos, el tamaño de las empresas, y la flexibilización del tiempo de trabajo, entre otros factores, bloquean la posibilidad de organizar a los trabajadores de forma sostenible. Ejemplos como el de un Call Center, que puede llegar a tener 3 categorías de trabajadores, las subcontrataciones del sector de la minería privada y de los centros de estudio universitarios, la fuerte rotación laboral del sector retail de mano de obra no cualificada [3], los sueldos de miseria y los contratos de inestabilidad de empleo y muchos casos similares dan cuenta de esto.
La fragmentación productiva y la flexibilidad, han generado segmentos de trabajadores que no se vinculan contractualmente a las empresas que ocupan (subcontratados), no tienen empleos permanentes (temporeros y empleo a ratos) o bien no ejercen siempre el mismo oficio (polivalencia y multiempleo). No todos los sindicatos están facultados para negociar colectivamente y por otro lado algunos son tan chicos que no tienen posibilidad de enfrentar efectivamente a los patrones [4].

Hay algo que no ha cambiado sin embargo. Que los trabajadores están condenados a entregar su plusvalía para sobrevivir y que este hecho se mantiene como factor determinante en su constitución como clase. Es por esta razón que debemos abrir el debate sobre las múltiples alternativas de organización que se pueden desarrollar dentro del campo de los trabajadores. Esto se debe desarrollar por ejemplo dependiendo de las posibilidades y condiciones bajo las cuales podamos implementar un tipo de organización. Hoy debemos echar a andar las formas más creativas y astutas de agrupación, tal y cual como existieron antes de la centralidad ocupada por el sindicalismo en nuestro continente, en donde en ese momento histórico preindustrial convivían mutuales, sociedades de socorro, ateneos, cooperativas, asociaciones de ayuda mutua y una amplia heterogeneidad organizacional. También hay que revisar qué experiencias ligadas al sindicalismo han funcionado actualmente y por qué lo han logrado. El caso de la Central de Trabajadores de la Argentina, CTA [5] llama mucho la atención.

Más allá del tipo de organización que levantemos, debemos pensar en cómo destrabar la situación de aislamiento y desprotección que sufren los trabajadores debido a la falta de herramientas para combatir los abusos de los patrones. Fomentar la unidad de estas diversas formas de organizaciones sindicales o no sindicales para realmente disputar poder a los poderosos. Este debiese ser hoy la mayor preocupación de las fuerzas políticas y sociales que están del lado de los trabajadores.

Santiago de Chile, Mayo del 2012.

* Militante de Libres del Sur-Chile
www.libresdelsur.cl









viernes, 4 de mayo de 2012

El ocaso de la CUT


La corrupción de la política tiene su correlato en la descomposición de nuestros referentes sindicales. La misma forma en que se toman decisiones en los partidos y la falta de representatividad de los mismos se reproduce en la Central Unitaria de Trabajadores y otras mínimas expresiones de los trabajadores chilenos. Lo primero que se debe consignar es que en más de dos décadas de post dictadura, los índices de sindicalización en nuestro país apenas superan el 15 por ciento de la masa laboral. Esto es, que de los 5 millones de trabajadores, menos de 800 mil pertenecen a alguna agrupación sindical. Al mismo tiempo que un porcentaje ínfimo de sindicatos está afiliada a la CUT, entidad que ya no tiene nada de unitaria, ni ejerce liderazgo importante según lo evidencian, incluso, sus paupérrimas convocatorias para conmemorar el Primero de Mayo. Si no fuera por la presencia en éstas de los estudiantes, medioambientalistas y luchadores por los Derechos Humanos, lo cierto es que la concurrencia laboral a las mismas resultaría aún más bochornosa, en medio de un clima nacional marcado por las movilizaciones sociales, cada vez más masivas y extendidas por todo nuestro territorio.


Arturo Martínez, presidente de la CUT 

La CUT es una entidad que le ha resultado muy conveniente a los gobiernos de la Concertación como, también, al actual. Para cada uno de los ministros de Hacienda ha resultado cómodo tener interlocución con dirigentes completamente ilegitimados dentro del mundo laboral y sin capacidad de ejercer presión real para imponer las justas aspiraciones, derivadas de una estrategia política y económica que fomenta el salario paupérrimo, el empleo precario y las colusiones de la clase patronal. La negociación anual respecto del salario mínimo se ha constituido en un trámite cada vez más ignominioso para la dignidad de los trabajadores, quienes en cada oportunidad deben comprobar la distancia existente entre el reajuste que solicitan y el que resulta de la imposición de las autoridades, la decisión de los partidos y los acuerdos parlamentarios.
En el país donde las diferencias salariales son las más pronunciadas del mundo, nuestros representantes sindicales vienen perpetuándose en sus directivas, como lo está la camarilla de dirigentes de la CUT y de otras organizaciones, gracias al arreglo cupular y las cuotas de poder que les asignan los comisarios políticos e infectan sus resoluciones y renuncios. Personajes todos que, sin rubor alguno, administran la alcancía sindical en viajes, suculentos almuerzos y viáticos, tanto que para nadie resulta ya un misterio que los fondos que manejan son el resultado de asignaciones de los gastos reservados del Ejecutivo, como de los sobornos empresariales abiertos o disfrazados que premian su buena conducta y “espíritu patriótico” en consentir siempre reajustes que consolidan el deterioro del poder adquisitivo de la mayoría de los chilenos, especialmente de los más pobres. En esto es que tiene base, seguramente, el reciente acuerdo de “cuello y corbata” entre la CUT y la confederación patronal de la producción y del Comercio (CPC), en que unos y otros han manifestado un conjunto de “voluntades comunes”.
Cuando se reconoce que el sindicalismo chileno vive en estado de crisis es por la incapacidad demostrada por los dirigentes dignos y limpios para imponerse a las maquinarias electorales de sus organizaciones, donde la cupularidad y el autoritarismo es todavía más escandaloso que el que campea en los propios partidos políticos. Mientras que en los verdaderos regímenes democráticos, los procesos eleccionarios de los sindicatos y otras instancias sociales es reglamentada por ley y vigilada por las autoridades y la prensa, aquí éstos se suceden en el más inaudito secretismo, cuanto que ya es tradicional que las pugnas se resuelvan en la repartición de prebendas y la suscripción de compromisos que prometen renovación y transparencia. El país no sabe de sus registros y procedimientos electorales, salvo cuando trascienden las prácticas del acarreo de votantes, la desaparición de sufragios y el arreglo final mediante pactos celebrados entre cuatro paredes. De esta forma es que la burocracia sindical de la CUT vuelve a urdir sus comicios internos de agosto próximo, donde lo más seguro es que aquellos que todavía creen posible corregir “desde dentro” a las instituciones descompuestas vuelvan a sufrir una nueva y dramática decepción.
Después de tantos años en lo mismo, es preciso dejar morir a las instituciones arcaicas y proponerse nuevos referentes y propósitos. Que busquen, por cierto, una afiliación sindical masiva y un nuevo pacto laboral destinado a consolidar movilización social, negociación colectiva, salarios dignos, previsión segura, así como la recuperación para Chile de nuestros recursos naturales y empresas productivas y estratégicas. Que ponga a los trabajadores a la vanguardia de aquellas organizaciones sociales que le han dicho BASTA al régimen político y económico que nos rige, y suman esfuerzo por hermanar a Chile con aquellos procesos destinados a recuperar soberanía nacional, impedir la concentración de la riqueza e imponer equidad social.

Del Socialismo con “Empanadas y Vino Tinto” al Eurocomunismo

Haciendo eco del ruido mediático que provocó la reciente visita de la líder estudiantil Camila Vallejo y una delegación de las JJCC de Chile a Cuba, Gonzalo Bustamante publicó en El Mostrador una columna titulada “ Eurocomunismo versus Sudacacomunismo ”.


Camila Vallejos

En ella, el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez contrasta la trayectoria del Partido Comunista Italiano (PCI), el partido comunista occidental más influyente del siglo XX, con la de su símil chileno (PCCh), para explicar la debilidad de los comunistas criollos por el proyecto político que nació con la Revolución Cubana y por sus principales figuras (Fidel Castro y el Che Guevara).







Che Guevara y Fidel Castro


Así, mientras el comunismo italiano destaca por su condición de “movimiento cultural” anticonservador, cuya historia político-intelectual estaría enraizada en una tradición democrático-occidental, cuyo resultado fue el eurocomunismo; nuestros comunistas carecerían de referencias internas para afirmar su propia identidad, lo que los obligaría a recurrir a referentes foráneos de dudosa vocación democrática, como el castrismo, y a afirmar un terco antiamericanismo. Según Bustamante, esta tendencia puede ser comprendida como “sudacacomunismo”.

Para el autor en cuestión, “Berlinguer [el connotado líder italiano que propuso la idea de “compromiso histórico” con la Democracia Cristiana en la década de los ‘70] y el PCI constituyen un caso excepcional de reflexión seria por buscar transformar la opción comunista en una fuerza democratizadora de la institucionalidad liberal sin recurrir ni a la dictadura del proletariado ni a la revolución”, lo que suponía un desmarque de la Unión Soviética y su modelo de socialismo real. Si bien estos elogios al PCI se sustentan en una formulación con bastante asidero -el acrítico apoyo que los Partidos Comunistas del mundo dieron a su equivalente soviético- pareciera que en la citada columna el principal mérito que se le reconoce al partido fundado por Gramsci es el hecho de haberse terminado fundiendo con las corrientes socialdemócratas: “Los herederos del PCI conforman la principal fuerza de la izquierda democrática italiana. Hoy miran hacia los Obama, Lula, Lagos o Bachelet”. En otras palabras, se valora el hecho de que el PCI se haya disuelto, en pos de su vocación democrática, renunciando a la idea de ser alternativa al reformismo italiano. Actualmente, los comunistas, los pocos que se reivindican como tales, otrora poderosos actores de la política italiana, se encuentran reducidos a la marginalidad política.

Lejos de seguir el consejo, indirectamente sugerido por Bustamente, de colgar las sotanas, los comunistas chilenos se aprestan a conmemorar un siglo de existencia como partido. Este hecho, así como el abierto desconocimiento que el autor exhibe en su columna, muestran la necesidad de reflexionar un poco más sobre la particular trayectoria del PCCh en el año de su centenario.
El propio origen de esta agrupación que reconoce como acto fundacional la constitución del Partido Obrero Socialista (1912) de Luis Emilio Recabarren, ya permite atisbar una biografía institucional que se distingue de la de otros partidos del mismo tipo. Efectivamente, el Partido Comunista Chileno es uno de los únicos casos de los partidos que se adscribieron a la Tercera Internacional de Lenin que no se origina del desprendimiento de una fracción minoritaria de un partido socialista o socialdemócrata. De esta manera, las raíces del comunismo chileno pueden ser encontradas en la organización y luchas de los mineros del salitre en el norte minero, más que en la Revolución Bolchevique (1917), origen mítico de los partidos comunistas del mundo.

Por otra parte, el sólo hecho de Chile haber sido el escenario de una experiencia electoral exitosa de lo que se conoció como la política de Frentes Populares, que redundó en la elección de tres presidentes radicales con significativa presencia de los comunistas (1937-1952), es razón suficiente para considerar la influencia de los comunistas en la política chilena. De hecho, esta presencia fue tal que los comunistas pasaron de ser los principales aliados de Gabriel González Videla, el último presidente radical, a ser la principal amenaza para su gobierno, lo que, sumado a la presión de los EE.UU., lo llevó a dictar la Ley de Defensa Permanente de la Democracia (1948), más conocida como “ley maldita”, con la que se proscribió al Partido Comunista y se eliminó a sus militantes de los registros electorales y se les persiguió.



La experiencia del Frente Popular tiende a ser situada como parte de la trayectoria que devino en el proyecto de la Unidad Popular, que llevó a la primera magistratura al socialista Salvador Allende. La elección de Allende marca uno de los hitos más importante de la contribución de los socialistas chilenos, y con ellos cuento también a los comunistas, al mundo de la izquierda. La inédita elección de un presidente marxista que llega al gobierno mediante elecciones democráticas, mediante una coalición sustentada en el pluripartidismo, alimentó una serie de imaginarios, debates y revisiones teóricas en el mundo entero.


Fidel Y Allende


La vía chilena al socialismo o, como coloquialmente la definió el extinto dirigente comunista Luis Corvalán, la revolución con “empanadas y vino tinto” fue, de hecho, una de las fuentes más destacadas del proceso de reflexión que condujo al “Eurocomunismo”. Así, por lo menos, lo ha demostrado el trabajo historiográfico de Alessandro Santoni ( 2010 ), que contradice completamente el argumento defendido en la columna que motiva esta réplica. La experiencia chilena y, en ella, la praxis de los comunistas chilenos, aparece no como un itinerario ajeno al democrático eurocomunismo elogiado por Bustamante, sino como su inspiración. Argumento difícil de comprender para quien despectivamente, haciendo gala de un eurocentrismo bastante vulgar, califica a los chilenos de “sudacacomunistas”.


Una atenta lectura de los trabajos de, por ejemplo, el historiador Hernán Ramírez Necochea, cuyas principales obras fueron recientemente reeditadas por Editorial LOM, ayudaría a Bustamante a revertir el desconocimiento que muestra de la historia del PCCh. En este sentido, sería recomendable no sólo revisar “Origen y Formación del Partido Comunista de Chile”, sino también “Historia del Imperialismo en Chile” del mismo Necochea, para cuestionar la idea sustentada por nuestro columnista de que el “antiamericanismo” de la izquierda latinoamericana “más que explicarse por la conducta imperialista que ha tenido la nación del norte, lo es por una búsqueda de la necesidad de afirmar una identidad”. Sobre este mismo punto, para una lectura menos sudaca y más americana, vale la pena hojear también los Archivos Desclasificados de la CIA sobre Chile que comprueban la intervención norteamericana en el derrocamiento de Allende.
Un punto aparte merece el instrumental aprecio que Bustamante muestra sobre Gramsci y su partido. Ya hace tiempo, Enzo Faletto en su artículo “Qué pasó con Gramsci” ( 1991 ) llamaba la atención sobre cómo la incorporación del pensamiento gramsciano en Chile ha sido parcial, fragmentaria y subordinada a aspectos meramente político prácticos. En sus palabras, “Gramsci fue el puente para introducir una ruptura con el marxismo y a veces con algunos principios básicos del socialismo en general” (90-91). Los “usos” de Gramsci en Chile, como una de las principales fuentes de la renovación socialista, han contribuido a divulgar una visión del autor de los “Cuadernos desde la cárcel” como una referencia antileninista desprendida de cualquier trazo revolucionario. Aunque es una interpretación posible, siempre es sano recordar que es sólo eso, una interpretación más, y que no necesariamente da cuenta de la complejidad del pensamiento del italiano.


Finalmente, al afirmar a Cuba como el referente del comunismo chileno, el autor confunde al PCCh con el MIR o confunde a Cuba con la Unión Soviética. Pues, si hubo una referencia internacional que marcó al comunismo chileno fue la política de la desaparecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En este sentido, no resulta del todo injusta la broma con la que comúnmente los socialistas criollos fustigaban a sus otrora aliados históricos: “Cuando llueve en Moscú, los comunistas chilenos salen a la calle con paraguas”. A pesar de su fidelidad a toda prueba con el PCUS –Luis Corvalán decía que eran “Soviet-hinchas”-, el PCCh fue capaz de desarrollar un proyecto político a todas luces original que explica en buena parte la enorme influencia que tuvo en la política chilena en general y en la clase obrera en particular. En este sentido, en el Partido de Recabarren ha existido una convivencia un tanto paradojal entre el apoyo externo a regímenes no democráticos con una trayectoria interna demostradamente republicana, el PCCh es el único partido tradicional chileno que puede decir que nunca apoyó un Golpe de Estado en Chile. Estas contradicciones aún están vivas y es de esperar que sean abordadas críticamente en las reflexiones que los 100 años de celebración del comunismo en Chile traerán.


 Fuente: http://www.redseca.cl/?p=3016





miércoles, 2 de mayo de 2012

APRUEBAN PROPUESTA DE COMISIÓN MIXTA A PROYECTO QUE ESTABLECE PENAS ALTERNATIVAS A LA RESTRICCIÓN DE LIBERTAD

De acuerdo a lo concordado en la instancia de diputados 

senadores, se estableció un 

plazo de 45 días para que el delegado a cargo de la pena 

sustitutiva de libertad vigilada 

o libertad intensiva presente a consideración del tribunal 

un plan de intervención para 

el condenado.



 Cámara de Diputados de Chile


Por 98 votos, la Cámara aprobó el informe de Comisión Mixta del proyecto (boletín 5838) que modifica el actual régimen de medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad con el propósito de favorecer la reinserción social de los condenados; controlar con mayor efectividad el cumplimiento de las penas; brindar protección a las víctimas y propender a un uso más racional de la privación de libertad y de los recintos penitenciarios.

Cuatro fueron los artículos en los que hubo divergencia entre la Cámara y el Senado. El primero de ellos dice relación con el plazo que tendría el delegado para informar el plan de intervención que correspondería cumplir a la persona si se aplicara efectivamente la pena privativa o restrictiva de libertad, el que quedó en 45 días.

También se aprobó la propuesta del artículo que establece que la información obtenida del sistema de monitoreo telemático podrá ser usada por un fiscal del Ministerio Público que conduzca una investigación en que el condenado sometido a este monitoreo aparezca como imputado. Para ello, el fiscal deberá solicitar previamente autorización al juez de garantía.

Un último cambio concordado establece que en casos excepcionales, el tribunal que conozca o deba conocer de la ejecución de una pena sustitutiva podrá declararse incompetente, a fin de que conozca del asunto el juzgado de garantía del lugar en que deba cumplirse dicha pena, cuando exista una distancia considerable entre el lugar donde se dictó la sentencia condenatoria y el de su ejecución.

Penas sustitutivas 

El resto del proyecto, que ahora debe ser ratificado por el Senado, mantiene como penas sustitutivas la remisión condicional y la libertad vigilada e incorpora como nuevas la reclusión parcial, la libertad vigilada intensiva y la expulsión en el caso de extranjero. Además, se agrega como pena sustitutiva el trabajo comunitario.

Precisa también que en ciertos delitos graves, como la violación con homicidio y el tráfico de drogas, resulta improcedente la aplicación de estas penas sustitutivas.

La prestación de servicio en beneficio de la comunidad consiste en la realización de actividades no remuneradas a favor de la colectividad o en beneficio de personas en situación de precariedad, coordinadas por un delegado de Gendarmería de Chile. Esta pena procederá por una sola vez y sólo si los antecedentes del condenado hicieren improcedente la aplicación de las demás penas sustitutivas.

Por otra parte, el proyecto regula el monitoreo telemático (GPS), entendiendo por ello toda supervisión, mediante la utilización de dispositivos tecnológicos, de aquellos condenados a los cuales se les ha aplicado penas sustitutivas de reclusión parcial y libertad vigilada intensiva.

Reacciones

Tras la votación, los diputados de Renovación Nacional e integrantes de la Comisión de Constitución, Alberto Cardemil y Cristián Mónckeberg, “esta es una muy buena noticia para los chilenos”.

“Yo me alegro que sea éste, mi Gobierno, el que concrete esta buena idea. Es un proyecto importante que la ciudadanía está esperando”, sentenció el diputado Cardemil antes de agregar que “no en vano, hoy en día de las aproximadamente 100 mil personas que están en calidad de condenados, 54 mil están en prisión y el resto cumplen su codena en el medio libre. Es una realidad que debemos asumir con eficiencia y eficacia”, argumentó.

Por su parte, el diputado y presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara,Cristián Monckeberg aclaró que “ciertos delitos graves, como la violación con homicidio y el tráfico de drogas, no son aplicables para este beneficio que estamos apoyando”.

Tras esto, el diputado Monckeberg agregó que “debemos ser capaces de compatibilizar las posibilidades de rehabilitación para los condenados, con una pena alternativa a la de prisión en el medio libre; y por otro lado, comenzar a gatillar una solución al hacinamiento monstruoso en que viven miles de reclusos al interior de los recintos penitenciarios.”

Finalmente, los parlamentarios señalaron que “ésta iniciativa, está marcando el camino correcto por donde tiene que transitar el país en términos de políticas públicas en esta materia”. 

martes, 1 de mayo de 2012

Remitidas a Chile las pesquisas sobre blanqueo de los Pinochet

La última causa que seguía abierta en España contra 


los familiares del exdictador queda archivada


La Audiencia archiva la causa contra la viuda de Pinochet

La última causa que seguía abierta en España por blanqueo de capitales, alzamiento de bienes y destrucción fraudulenta de efectos embargados contra la viuda y familiares del dictador chileno Augusto Pinochet, quedó ayer archivada.


El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que sustituyó a Baltasar Garzón, decidió ayer el sobreseimiento provisional de la causa, debido a que en Chile está abierta otra causa similar por los mismos hechos. Por ello, el magistrado ha decidido remitir testimonio íntegro de todas las investigaciones que se realizaron en España sobre el caso.


El caso se inició el 31 de febrero de 2005 por delitos de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, pero en 2009 se amplió el proceso contra Lucía Hiriart, viuda de Pinochet, y varios directivos de Banco de Chile, tanto en Santiago como en Nueva York, como Pablo Granifo Lavin, Hernán Donoso Lira o Óscar Custodio Aitken Lavanchy. Además, se declaró responsables civiles subsidiarios al Banco de Chile, Banchile Corredores de Bolsa y Banchile Administradora de Fondos. El juez les impuso una fianza de 51,4 millones de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran declararse y bloqueó bienes de los Pinochet por 17 millones de euros.


Comisión rogatoria


Sin embargo, el juez dirigió una comisión rogatoria a las autoridades chilenas para cumplimentar una serie de investigaciones. Pero desde Chile se devolvió sin cursar. La Sala Segunda de la Corte Suprema respondió que “las materias investigadas por el tribunal requirente están siendo conocidas actualmente por un tribunal chileno que tiene jurisdicción y competencia para tales asuntos”. El sumario en cuestión, por delito de malversación de caudales y otros, estaba a cargo del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Valderrama Rebolledo.

El fiscal, al tener conocimiento de la existencia de un procedimiento abierto en Chile por los mismos hechos, informó de que debía ser el tribunal chileno el que persiguiera las maniobras de alzamiento y ocultamiento de bienes y blanqueo de capitales desplegada por los querellados, como finalmente así ha decidido el juez Pablo Ruz.
La causa seguirá ahora en la Corte de Santiago.