“Es de absoluta evidencia que hay una violencia desproporcionada, que no tiene parangón ante una ciudadanía que lo único que quiere es sentarse a dialogar”, sostuvo Andrade. Además, la oposición política en Chile criticó la innovación introducida en la ley de Seguridad del Estado por la sede presidencial (Moneda), la cual, según el titular del Interior, Rodrigo Hinzpeter, se aplicará en contra de los manifestantes de la región de Aysén que participan en los bloqueos de rutas y caminos.
La citada normativa surgió durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) para acallar la protesta social.
Anteriormente, los máximos dirigentes del Partido Comunista y del Movimiento Amplio Social habían advertido con interrumpir las labores del Poder Legislativo, en solidaridad con el caso de la Patagonia, pues declararon que el Gobierno, en vez de sentarse a negociar, está poniendo obstáculos y tardando en resolver el conflicto en la zona de la Patagonia. El Movimiento Social de Aysén comenzó hace tres semanas, en protesta contra las políticas centralistas y el alto costo de la vida en esa zona de la Patagonia, situada a unos dos mil quilómetros de Santiago, capital del país.
Los sindicatos se oponen a la privatización de los bienes y servicios públicos, argumentando que beneficia únicamente a las firmas trasnacionales y genera el saqueo de los recursos naturales del país; las protesta han sido reprimidas por la policía mediante el uso de coches lanza agua y gases lacrimógenos.
