El neofascista Sebastián Piñera prepara una ley para criminalizar el derecho del pueblo chileno a protestar

El proyecto de ley del gobierno de Sebastián Piñera que penaliza la protesta social ha generado un gran malestar entre estudiantes, partidos de la oposición y organizaciones sociales.

El neofascista Sebastián Piñera

El proyecto de ley del gobierno de Sebastián Piñera que penaliza la protesta social ha generado un gran malestar entre estudiantes, partidos de la oposición y organizaciones sociales.

En opinión de la portavoz de la Confederación de Estudiantes de Chile, Camila Vallejo, la normativa resulta un contrasentido a pocas horas del inicio de una mesa de diálogo entre el gobierno y los representantes del Movimiento Social por Educación Pública y Gratuita.

 

 Camila Vallejos, líder del movimiento estudiantil chileno y latinoamericano

“Claramente condiciona el diálogo”, afirmó en declaraciones a la prensa de Chile. “Es mucho más difícil hoy día ver al Ejecutivo como un actor o un interlocutor válido en esta instancia, donde nuevamente se nos pone la pistola en el pecho”, añadió.

Comentó además que resulta en extremo preocupante que en el gobierno primen las ideas de la ultraderecha, sobre todo si se recuerda la historia de represión, tortura y de violación a los derechos humanos que vivió Chile.

“De alguna forma nos volvemos a acercar a este terrorismo de Estado. No puede ser que una toma de un colegio o de una institución pública sea entendida como un acto de vandalismo que es condenable”, enfatizó la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.

Presentado el pasado domingo por el presidente Sebastián Piñera como un proyecto a favor del resguardo del Orden Público, la iniciativa desató una ola de cuestionamientos porque tipifica como delito, con anuncio de duras sanciones penales además, las tomas de colegios y otras manifestaciones sociales.

“El gobierno ha buscado enfrentar el conflicto estudiantil tratándolo como un problema de orden público, criminalizando las movilizaciones y minimizando el derecho de los estudiantes a cuestionar las bases del actual sistema educativo”, comentó al respecto la presidenta del Partido por la Democracia, Carolina Tohá.

Carolina Tohá

Expresó que se trata de una mirada autoritaria y llamó a la oposición en Chile a formar un frente común para que la movilización de los estudiantes, que ha logrado que una mayoría política en Chile esté a favor de un nuevo modelo educacional, no sea derrotada.

Asimismo la abogada y ex Defensora Nacional, Paula Vial, criticó que el gobierno tome de blanco a los estudiantes en el discurso contra la delincuencia.

“Pareciera que los estudiantes se convierten en los nuevos enemigos del Estado y en el nuevo foco de criminalidad que hay que combatir”, recalcó.

Ante la avalancha de impugnaciones, La Moneda ha intentado aquietar los ánimos con la reiterada aclaración que “si las tomas son pacíficas, no hay problema”.

“Si las tomas son con violencia y por la fuerza, impidiendo el derecho de otras personas a poder ingresar a un establecimiento educacional, hospitalario o a usar las calles, no va a ser aceptado y por eso es que hemos mandado un proyecto de ley para que esto sea sancionado”, apuntó el portavoz del gobierno, Andrés Chadwick.

Víctimas dictadura chilena demandan en Alemania a exlíder de Colonia Dignidad

Representantes de las víctimas de Colonia Dignidad presentaron hoy una demanda en la fiscalía de Krefeld (oeste del país) contra el doctor Harmut Hopp, el segundo del enclave que dirigió en Chile el exoficial nazi Paul Schäffer y prófugo de la justicia chilena desde el pasado mayo.

 Fiscalía de Krefeld (oeste del país) contra el Doctor Harmut Hopp,

La demanda fue presentada por los abogados berlineses Petra Schlägenhauf y Wolfgang Kaleck, y se centra en tres opositores a la Junta Militar -Juan Miano, Elizabeth Rekas Urra y Antonio Elizondo-, desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Los representantes de esas víctimas sustentan su demanda en la documentación en el caso de esos tres ciudadanos chilenos, secuestrados por la DINA en mayo de 1973 y trasladados al enclave chileno, donde fueron retenidos y presuntamente torturados hasta la muerte.

El equipo de abogados berlinés sustentará su demanda en el cargo de participación directa en asesinato, delito que no prescribe, y no en otros casos documentados de lesiones, tortura o violación, puesto que éstos sí habrían prescrito en Alemania.

Hopp, de 67 años y nacido en Alemania, huyó de Chile el pasado mayo, meses después de ser condenado en Santiago de Chile a cinco años y un día por complicidad en abusos sexuales cometidos entre 1993 y 1997.

Poco después fue localizado por medios alemanes en la ciudad de Krefeld, cuyas autoridades confirmaron había firmado un contrato de arrendamiento con una inmobiliaria de la localidad.

Según explicaron hoy los abogados berlineses, la demanda ha sido presentada ante la evidencia de que no será extraditado a Chile, en tanto que ciudadano alemán, y con el objetivo de que responda ante la justicia de este país.

El doctor alemán fue procesado en Chile junto con otros 13 imputados por los crímenes cometidos en el enclave alemán fundado en la década de 1960 por el exoficial nazi Schäfer y utilizado en tiempos de la dictadura de Pinochet como centro de tortura.

Hopp huyó de Chile tras escuchar la condena, encontrándose en situación de arresto domiciliario y aprovechando que la sentencia no era aún en firme.

Hasta su desmantelamiento, a principios de los años 90, la Colonia Dignidad retuvo bajo condiciones despóticas a unos 300 colonos, mayoritariamente de origen alemán, en un enclave de 16.000 hectáreas donde se practicaron torturas y abusos sexuales a menores.

Tras el desmantelamiento del enclave, Schäfer huyó a Argentina, cuya Justicia lo entregó en 2005 a Chile, donde fue condenado a 33 años de cárcel.

Concertación chilena busca rearmarse en aniversario de triunfo sobre Pinochet

La Concertación por la Democracia, la coalición de centroizquierda que gobernó Chile durante 20 años, presentó hoy el boceto de una nueva propuesta, al cumplirse 23 años de un histórico triunfo sobre Augusto Pinochet, con la que busca rearmarse y atraer nuevamente a las mayorías.

 

Presidente del Partido Socialista de Chile, Diputado Osvaldo  Andrade    

El 5 de octubre de 1988, la Concertación, integrada entonces por 17 partidos y organizaciones políticas, condujo la opción NO en un plebiscito con el que Pinochet trató de prolongar su régimen de facto.

La propuesta presentada hoy, elaborada por los presidentes de los cuatro partidos que permanecen en el conglomerado, busca conformar "una nueva mayoría de centro e izquierda", conformada "a través de un foro democrático más amplio que la Concertación", según señaló durante el acto Osvaldo Andrade, presidente del Partido Socialista.

Derrotada por la derecha encabezada por el actual presidente Sebastián Piñera y cruzada por un variopintas controversias, la Concertación ha ido de tumbo en tumbo como fuerza opositora y su aprobación ciudadana es apenas del 17 por ciento, según una encuesta de la consultora Adimark conocida este miércoles.

En el documento, de apenas cuatro páginas, se fija un itinerario hacia la conformación de una coalición más amplia, abierta a otros sectores progresistas, con la aspiración de volver a ser Gobierno.

El texto admite que hay diferencias entre los partidos sobre la forma de encarar el desafío y no fija plazos para alcanzar los objetivos, pero plantea como inicio un proceso de coordinación con otras representaciones parlamentarias y un foro de conversación con fuerzas sociales.

En el documento se admite también que se desconoce aún la forma concreta y precisa que adoptará la nueva coalición, pero, insistió Andrade, la idea es trabajar junto a otros actores sociales y políticos en un proceso sin vetos y con una agenda sin exclusiones

"Necesitamos una nueva Constitución, la Constitución en Chile (instaurada por Pinochet en 1980) se hizo desde el miedo a la mayoría", dijo el dirigente y diputado socialista.

"Necesitamos un nuevo pacto social, hay que ponerse del lado de los abusados y eso implica un nuevo Código del Trabajo, un nuevo estatuto para los consumidores, en salud pública, educación y pueblos originarios", añadió.

"Necesitamos un nuevo modelo, un Estado que sea garante y proveedor de bienes públicos de calidad y cobertura", remató.

El documento "es un compromiso para el inicio de un camino, establece una metodología para tener un nuevo tipo de relación con el mundo social y popular, esperamos compartir este camino con muchos más, no sólo con los cuatro partidos de la Concertación", insistió.

Andrade, antes del acto, hizo también una autocrítica sobre el papel de la Concertación, señalando que "terminamos con la leyenda negra de ser dirigidos por un dictador, pero no fuimos capaces de enfrentar la lucha contra la desigualdad y el abuso".

"En ese sentido tenemos un déficit del cual hacernos cargo y asumirlo de forma responsable y con mucha humildad", dijo a Radio Cooperativa.

Para el expresidente Patricio Aylwin (1990-1994), a la Concertación "le queda mucho por hacer".

El dictador Pinochet felicita a Aylwin. 

 "La Concertación ha cumplido un papel histórico en este país y si se amplia con otras fuerzas mejor, pero que nadie se vaya, todos tienen una tarea dentro de la Concertación", añadió el exmandatario democristiano, para quien la propuesta conocida hoy "no es un inicio pero tampoco es el fin de una etapa".

Corte Suprema de Chile ratifica sobreseimiento de 19 militares quienes desaparereciron a sacerdote

La Corte Suprema Chilena (CSC) ratificó este jueves el sobreseimiento de 19 militares retirados quienes están siendo acusados de la desaparición del sacerdote británico-chileno, Miguel Woodward durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Sacerdote Miguel Woodward.

Esta resolución del alto tribunal chileno se tomó luego de que rechazaran los recursos interpuestos por el ministerio del Interior, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y los  querellantes que pretendían anular el fallo

El fallo emitido por los ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal, Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y el abogado integrante Alberto Chaigneau, señala que los jueces no cometieron falla y abuso grave al dictar sobreseimiento. 


En mayo pasado el CSC dictaminó que eran autores del delito cometido contra Woodward, los siguientes ciudadanos: Luis Francisco Pinda Figueroa, Carlos Alberto Miño Muñoz, Guillermo Carlos Inostroza Opazo, José Manuel García Reyes, Marcos Cristián Silva Bravo, Nelson Roberto López Cofre, Jorge Leiva Cordero, Manuel Atilio Leiva Valdivieso, Bertalino Segundo Castillo Soto y Héctor Fernando Palomino López.

En otra sentencia, la instancia judicial estableció el sobreseimiento parcial y temporal para: Guillermo Aldoney Hansen, Juan Mackay Barriga, Ricardo Riesco Cornejo, Carlos Costa Canessa, Víctor Valverde Stelenlen, José Yañez Riveros, Pedro Vidal Miranda, Alfredo Mondaca Salamanca, Claudio Cerezo Valencia, Héctor Tapia Olivares, Ángel Lorca Fuenzalida, Enrique Corrales Díaz, Luis Araya Maureira, Pedro Abregó Diamantti, Juan de Dios Reyes Basaur, Jaime Lazo Pérez, Alejo Esparza Martínez, Carlos Líbano Riquelme y Sergio Hevia Fabres.


La determinación a favor de los citados se estableció puesto que no se encontraba totalmente probada la participación de esas personas en el suceso.

El sacerdote Miguel Woodward fue arrestado el 19 de septiembre de 1973 por miembros de la armada chilena en una localidad de Valparaíso en la costa central de Chile.


Poco después fue trasladado a la Universidad Federico Santa María de esta ciudad donde fue sometido a toda clase de torturas.

Por último fue llevado a la Academia de Guerra Naval, donde recibió más torturas hasta que lo condujeron al buque escuela Esmeralda, donde finalmente murió y su cuerpo nunca fue hallado.


El último informe de la Comisión Nacional sobre Política y Tortura, conocido como informe de la Comisión Valech, elevó a más de 40 mil las víctimas durante la dictadura.

Piñera crea en Chile el delito de "saqueo" para fortalecer el orden público

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, incluyó un nuevo delito, el de "saqueo", en un proyecto de ley que firmó hoy y cuyo objetivo es fortalecer el orden público mediante modificaciones "significativas" en el Código Penal.

 Sebastián Piñera comunicó  un nuevo delito, el de "saqueo"

El proyecto, que ahora será enviado al Legislativo, busca "terminar con la puerta giratoria" de la Justicia, afirmó Piñera durante el acto de firma de la iniciativa, que tuvo lugar en el Palacio de La Moneda.
Como "puerta giratoria" se conoce en Chile a una serie de normas legales que permiten que delincuentes recuperen rápidamente la libertad cuando son detenidos y que el mandatario conservador prometió eliminar en la campaña electoral que lo condujo a La Moneda.

"Pido a los fiscales y jueces de garantía que pongan siempre por delante el derecho a vivir en paz de los ciudadanos", dijo Piñera al hacer un recuento de las medidas que ha impulsado su Gobierno para combatir la delincuencia.
 
"Hemos creado un sistema de penas alternativas, para que quienes son condenados a la cárcel por deudas sean sancionados con otras medidas, no con cárcel", dijo.
"Se creó un registro de prófugos de la justicia, que es público, un registro de los condenados por delitos sexuales graves y hemos establecido nuevas normas legales para restringir las libertades provisionales", añadió.

Además, destacó la ampliación del Ministerio del Interior, que ahora se llama "del Interior y Seguridad Pública, la creación de una Subsecretaría de Prevención del Delito, y diversos programas preventivos puestos en práctica en las principales ciudades de Chile.

Entre las medidas incluidas en el nuevo proyecto figura el delito de "saqueo", que quedó en evidencia tras el terremoto del 27 de febrero de 2010 en varias ciudades, en las que muchedumbres se dedicaron a vaciar de mercaderías supermercados, tiendas y otros negocios.

El último episodio de saqueos masivos se produjo el pasado 24 de septiembre, cuando un apagón dejó a oscuras a varias regiones de Chile y también han ocurrido, de forma más puntual, en algunas manifestaciones callejeras.

"Estamos haciendo lo correcto, proteger a los inocentes y condenar a los delincuentes, a los vándalos, los encapuchados nunca van a tener la última palabra en nuestra sociedad", dijo al respecto el gobernante chileno.

"Sabemos que es una lucha ardua y muy difícil, que en todas partes del mundo significa avances y a veces también retrocesos, porque al frente tenemos un enemigo implacable, que no respeta a las mujeres, niños y ancianos, que no respeta el trabajo honesto de pequeños y medianos empresarios", añadió.

Presidente insiste que no puede dar educación gratuita a todos

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, afirmó que Chile no puede ofrecer un sistema educativo totalmente gratuito, como demandan las organizaciones estudiantiles movilizadas desde mayo pasado en demanda de ese objetivo.

 

 Sebastián Piñeira, presidente de Chile.

 "El Gobierno no ha asumido la causa de educación gratuita por dos razones: primero, porque Chile no está posibilitado de alcanzar esa meta", dijo el mandatario al participar en Valparaíso en el Consejo General de la Unión Demócrata Independiente (UDI), uno de los partidos de la coalición oficialista.

"En segundo lugar, porque no es justo que con los impuestos que pagan los más pobres de nuestro país estemos financiando la educación de los más ricos", añadió Piñera.

El gobernante ofreció en cambio la generación de una beca que busca financiar al 40 % de los hogares más pobres del país, con el fin de reducir las brechas de ingreso a la educación superior.

Un educación pública gratuita y de calidad ha sido la demanda central de las movilizaciones estudiantiles que desde mayo se desarrollan en Chile, donde el Estado subvenciona parte de la educación privada.