La Moneda oculta el sitio en que murió Allende

Tras la dictadura, en el proceso de transición a la democracia, se creó un sistema de visitas guiadas al Palacio de la Moneda accesible a todo el que lo solicitara, chileno o extranjero. El recorrido incluía salones, patios, la sala de las medallas al lado de la puerta de Morandé 80 y, desde luego, el memorial, con placas conmemorativas, contiguo al lugar en que falleció el presidente Salvador Allende. Sin embargo, desde que asumió la presidencia Sebastián Piñera, y tras los arreglos por los daños causados por el terremoto, se reiniciaron las visitas, pero esta vez excluyendo el sitio donde murió Allende.

Donde murió Salvador Allende

Así lo pudo comprobar el director de la edición chilena de Le Monde Diplomatique, Víctor Hugo de la Fuente, quien acompañó a unos periodistas franceses el miércoles 3 de febrero y no les mostraron el lugar en que falleció Salvador Allende, ubicado en el acceso al segundo piso desde el Patio del Canelo. Al consultarle a la guía el por qué de esa situación, dado que en las dos visitas anteriores (bajo los gobiernos de Ricardo Lagos y de Michelle Bachelet) sí les habían llevado al memorial de Allende, se limitó a señalar que así era el recorrido, desde que llegó la nueva administración del Palacio de la Moneda.

Tras dejar estampado un reclamo Le Monde Diplomatique hizo la consulta, por correo electrónico, a visitas@presidencia.cl el por qué de ese cambio, desde cuándo ya no se visitaba el memorial de Allende y quién había tomado tal decisión. Respondió el Director Administrativo de la Presidencia, señor Aldo Sabat Pietracaprina, señalando que él había tomado las decisiones y agregó que desconocía el recorrido antes de su llegada el 11 de marzo de 2010. Sostuvo que el recorrido se hacía tomando en consideración los más de 200 años del Palacio de la Moneda y el poder conciliar las visitas con las actividades de los funcionarios de los ministerios y de la Presidencia, que allí trabajan, e insistió en que no había motivos políticos.

Sin embargo es evidente que uno de los hitos históricos del Palacio de la Moneda es la muerte allí del Presidente Salvador Allende y también es evidente que cuando en los recorridos anteriores se visitaba el memorial a Allende, también trabajaban funcionarios de los ministerios y la presidencia, sin que se produjera ningún problema. Es lógico preguntarse qué pretende la nueva administración al ocultar en las visitas el lugar donde murió Salvador Allende. ¿La resolución la tomó solo el señor Aldo Sabat Pietracaprina, sin consultar al presidente de la República Sebastián Piñera? ¿Tiene tanto poder el señor Sabat? Quizás, ya que basta consultar en un buscador de internet “Aldo Sabat Pietracaprina” para conocer la historia y los vínculos políticos del hermano del Alcalde de Nuñoa Pedro Sabat. A la espera de conocer las respuestas a estas interrogantes, hacemos un llamado a las autoridades y al propio Presidente de la República, a que vuelvan a incluir el sitio en que murió Salvador Allende en los recorridos por la Moneda.

Presidente de Chile Sebastián Piñera ¿Involucrado en un montaje contra Mapuches?

En agosto del año 2009, como candidato, afirmaba que detrás de la violencia en el conflicto mapuche hay organizaciones terroristas extranjeras y llamaba a aplicar más ley antiterrorista.

En consideración al juicio llevado en Cañete contra Mapuches y los intentos de aplicación de la Ley antiterrorista, más, las recientes investigaciones llevados por una comisión de la Cámara de diputados, hizo nuevamente llevar a la palestra la relación “Mapuches con grupos terroristas”. 

La Historia Farc - Mapuche no es nueva. En septiembre de 2008, parlamentarios de Renovación Nacional, encabezados por el Senador Alberto Espina denunciaron la existencia de vínculos entre las Farc con grupos extremistas mapuches de la región de la Araucanía, cuya información “privilegiada” habría sido provista desde el mismo Gobierno de Uribe en Colombia en el 2006. 

Lo mismo era resaltado por el diputado independiente -ex RN y ex ministro de Pinochet- Alberto Cardemil y el RN Cristián Monckeberg, quienes aseguraron que el Ministerio del Interior de la época estaba al tanto de la posible relación entre las Farc y grupos subversivos vinculados a la causa mapuche desde hace más de un año y medio. 

Lo mismo hizo el actual presidente y entonces presidenciable Sebastián Piñera, en agosto del año 2009, afirmando irresponsablemente que detrás de la violencia en el conflicto mapuche hay organizaciones terroristas extranjeras y en agosto de este año con su homónimo de Colombia, el actual presidente Juan Manuel Santos, dijeron a la prensa que habían acordado “cortar el ‘vínculo’” entre mapuches y las Farc”. 

También, de la misma forma, señalaba, textualmente a los medios: "En la Araucanía se han cometido hechos de terrorismo y el gobierno en vez de aplicar la Ley Antiterrorista, salvo en dos excepciones, hace la vista gorda y cuando el gobierno esconde la cabeza, la gente piensa que puede seguir actuando con impunidad”. (Que) “un puñado de delincuentes tengan de rodillas a todo un país es porque (el gobierno) no esta cumpliendo con su deber”. 

Cabe mencionar que el medio informativo donde se origina la concepción “Terrorismo Mapuche” y ha dado amplias coberturas a la relación “Mapuches con grupos terroristas extranjeros”, es principalmente el Diario El Mercurio y sus cadenas de diarios, cuyo propietario es el ex golpista Agustín Edwards, también vinculado a la ultra derecha. 

Otro medio, Canal TV 13 de fundación "católica" ligada a un sector de la iglesia, con directa influencia del grupo Matte, aliadas de Edwards, dueñas de Forestal Mininco, CMPC, quienes mantienen sendos conflictos territoriales con Comunidades Mapuches, donde hoy, en dicho canal, es propietario el grupo Luksic, difundía en junio del 2010, en el programa contacto, ante una importante audiencia y a través de una apuesta sensacionalista el llamado “conflicto Mapuche” y se pretendió, exclusivamente, hacer la relación Mapuches – Farc y el terrorismo en Chile ¿Coincidencia? 

MONTAJES

“Actos considerados como repulsivos, repugnantes, sin moral, que buscan trasladar un conflicto ideológico occidental en el continente, para desviar la atención sobre los verdaderos temas de fondo que reclama el Pueblo Mapuche y que versan sobre reclamaciones de tierras ancestrales, restauración de derechos humanos y exigencias de reparaciones frente a los abusos, violaciones, usurpaciones, arbitrariedades, negaciones y empobrecimiento causado por un estado colonial y patriarcal, controlado por oligarquías que imponen políticas verticales, anti democráticas, de explotación, subyugación a favor del capital privado y en desmedro de la libredeterminación de los pueblos”, publicaba este medio en julio del 2010. 

LO QUE DICE EEUU  

Cables de la Embajada norteamericana en Chile, correspondientes a las desclasificaciones de Wikileaks, revelados por diversos diario internacionales, demuestran que la pretendida conexión mapuches-PC-FARC fue un montaje ejecutado por parlamentarios de la ultra derecha, entre ellos, los senadores Alberto Espina y el entonces candidato presidencial Sebastián Piñera, con la complicidad de medios informativos, como El Mercurio y La Tercera. 

Los sucesivos despachos enviados a Washington, a lo largo de 2008 y 2009, indican, sin embargo, que todas las investigaciones les llevaron a la misma conclusión: la comunidad mapuche es abrumadoramente no violenta; "el problema ha sido magnificado por los medios"; quienes alegan que existen lazos entre los mapuches y organizaciones terroristas extranjeras "no han proporcionado pruebas de ello" y "los expertos del Gobierno califican esos contactos de mero 'turismo de guerrilla"…. 

Todos esos son párrafos desclasificados de la correspondencia de la Embajada de Estados Unidos en Santiago, que demuestran la falsedad de la supuesta conexión entre los mapuche y las FARC. 

CHILE PIDIO AYUDA AL ESPIONAJE DE EEUU FRENTE A LOS MAPUCHES  

El Gobierno sospechaba de contactos entre los indígenas y el terrorismo internacional .- La Embajada estadounidense no veía al movimiento mapuche como una amenaza seria

Edmundo Pérez Yoma, ministro del Interior del último Gobierno de Michelle Bachelet, transmitió a Estados Unidos su preocupación por el "problema mapuche" y le pidió apoyo "de inteligencia" para seguir de cerca su posible radicalización, sus eventuales contactos con grupos terroristas extranjeros, como las FARC colombianas o ETA, y para "seguir el dinero" que les pudiera llegar. 

La conversación se produjo en 2008, a poco de tomar posesión el ministro, y cuando ya se habían registrado algunos incidentes entre grupos mapuches, fuerzas del orden, propietarios de tierras reclamadas por la comunidad indígena y empresas españolas, como Endesa, implicadas en la construcción de presas hidroeléctricas en territorio mapuche. 

"El consejero legal le explica que el FBI ya está coordinado con los Carabineros para ayudarles a localizar la llegada de esos posibles contactos", asegura un telegrama de la embajada. 

Los sucesivos despachos enviados a Washington, a lo largo de 2008 y 2009, indican, sin embargo, que todas las investigaciones les llevaron a la misma conclusión: la comunidad mapuche es abrumadoramente no violenta; "el problema ha sido magnificado por los medios"; quienes alegan que existen lazos entre los mapuches y organizaciones terroristas extranjeras "no han proporcionado pruebas de ello" y "los expertos del Gobierno califican esos contactos de mero 'turismo de guerrilla". 

Aunque no es posible saber exactamente el número de mapuches entre la población chilena (el censo de 1992 hablaba de 932.000 y el de 2002, sorprendentemente, de solo 604.000), la mayoría de las o­nG que trabajan en el país manejan cifras que oscilan en torno al millón de personas (entre el 5% y el 6% de la población total). 

Un detallado informe escrito en otoño de 2009, tras un viaje de varios días por el territorio en conflicto (que coincide con la muerte de un joven activista mapuche a manos de la policía chilena), recoge la opinión, bastante irónica, de los diplomáticos estadounidenses: 

"Un eventual observador de la cobertura informativa de la actualidad chilena podría pensar que violentos activistas mapuches, relacionados con las FARC y ETA, matan cada semana a inocentes civiles", se mofan. 

"El candidato presidencial de la oposición, Sebastián Piñera, ha declarado que la Araucaria arde en llamas. Los principales periódicos chilenos, que son generalmente conservadores, publican muy a menudo en primera página reportajes sobre este conflicto". 

Los diplomáticos ocultan a duras penas su indignación: "La destrucción de propiedades, que supone la inmensa mayoría de las acciones ilegales de los mapuches, se presenta frecuentemente a todo color con descarados titulares y a veces una cobertura muy superior a la que se da a crímenes mucho más graves cometidos por chilenos no indígenas".. 

LA VERSION DE LA POLICIA CHILENA  

Radio Universidad de Chile, publicó recientemente que habrían desechado la tesis de vinculación de mapuche con grupos terroristas, esto, en la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, quienes debieron concurrir para exponer sobre los cuestionados operativos que han realizado en la zona de la Araucanía. 

En la comisión, de acuerdo al relato del medio, se encontraba el general director de Carabineros subrogante, Gustavo González y el director general de la PDI, Marcos Vázquez, quienes informaron sobre su actuar en el marco del conflicto de tierra que enfrenta al pueblo mapuche con empresarios forestales. 

La negativa de Gustavo González, General Director Subrogante de Carabineros fue clara al señalar: “es delicado afirmar una cosa de esa naturaleza si no tiene los antecedentes concretos sobre la materia. Se ha detectado a personas que no corresponden a las etnias mapuches o corresponderían más bien a extranjeros, pero sindicar a un país determinado respecto de esta materia me parece que nos es factible hacerlo”. 

El Director General de la PDI, Marcos Vásquez, señaló también que no tenían antecedentes ciertos en esta línea y opinó sobre otros datos, indicando: “no tenemos antecedentes fidedignos, estamos de acuerdo con Carabineros que tiene la misma versión nuestra” y añadió. “Cuando entregamos cualquier tipo de información tiene que estar confirmada y por eso digo que no tenemos información fidedigna”.

Chile : Mapuches derrotan a la Ley Antiterrorista

Tres meses y medio tardó la justicia en entregar su veredicto respecto de las imputaciones formuladas contra 17 comuneros mapuches en Cañete, formalizados por asociación ilícita, incendio, robo y atentado contra la autoridad, todos agravados por la aplicación de la Ley Antiterrorista. 

Al punto que la Fiscalía pedía en algunos casos más de cien años de prisión, basándose en declaraciones de “testigos protegidos”, que en el juicio entraron en abiertas contradicciones, mientras que otros denunciaron haber sido sometidos a torturas para obtener dichos testimonios.

El Ministerio Público, sin embargo, sufrió un revés importante en sus propósitos al ser declarados culpables sólo cuatro de los 17 imputados, ninguno de ellos por delitos de carácter terrorista, como solicitaba la Fiscalía. 

Los condenados son Héctor Llaitul Carrillanca, Jonathan Huillical Méndez, José Huenuche Rei-mán y Ramón Llanquileo Pilquimán, quienes arriesgan penas de hasta 10 años y un día por los cargos de robo con intimidación y homicidio frustrado y lesiones. Estos últimos, por la participación que les cabría en el presunto atentado al fiscal Mario Elgueta, ocurrido el 16 de octubre de 2008 en el sector de Puerto Choque cuando regresaba de un procedimiento en la casa de José Santos Jorquera, conocido en la zona por haber facilitado durante la dictadura sus tierras a los militares para la detención de prisioneros, muchos de ellos desaparecidos.

Los magistrados se dieron un mes de plazo -hasta el 22 de marzo- para redactar el fallo, y la defensa tiene 10 días hábiles antes de esa fecha para apelar a las condena, lo que ya han confirmado los abogados defensores por sustentarse en declaraciones de testigos protegidos que carecen de toda validez y por una serie de irregularidades que se dieron en el marco del proceso, como que la defensa no haya sido convocada (aunque sí la prensa) a la reconstitución de escena del principal delito imputado, el atentado al fiscal Elgueta, quien, ¿cabe la casualidad?, antes de estos hechos recibió formación antiterrorista en Estados Unidos. 

Por eso, si bien es cierto que la absolución de la mayor parte de los imputados reviste un avance, persisten en este juicio -como lo veremos a continuación- la aplicación de la Ley Antiterrorista, los falsos testimonios, los montajes y las violaciones al debido proceso de los mapuches movilizados por la defensa de su territorio ancestral.

Caso emblemático

Sin lugar a dudas, este es un juicio emblemático, tanto por el alto número de formalizados como por la complejidad de los cargos y la diversidad de los delitos atribuidos. Es también el primero en que se invoca la Ley Antiterrorista tras la huelga de hambre que por 86 días mantuvieron 34 presos políticos mapuche durante 2010, precisamente para poner fin al uso de esta ley especial en juicios contra comuneros mapuches, así como a los dobles juzgamientos que enfrentan por un mismo delito, en tribunales ordinarios y en la justicia militar.

Esta medida de presión -luego de intensas negociaciones, incluida la mediación de la Iglesia- logró forzar el compromiso del gobierno de no aplicar la Ley Antiterrorista en las causas mapuches y de tramitar de modo urgente su modificación para adecuarla a los estándares internacionales en la materia, así como enmendar el Código Militar, para revertir su excesiva competencia que permite a los tribunales castrenses juzgar a civiles. Esto último es exigido además al Estado chileno por sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el denominado caso Palamara, obligatoria para Chile; entre otras cosas también se le ordena limitar la jurisdicción de dichos tribunales exclusivamente a militares en ejercicio de sus funciones. Constatar si el gobierno cumpliría sus compromisos, era otro elemento importante en este juicio.

Compromisos parciales

El Ejecutivo retiró la formalización por delito terrorista, pero lo hizo recién el 17 de febrero, durante la intervención del nuevo abogado del Ministerio del Interior en los alegatos finales para el cierre del juicio, a casi cinco meses de los acuerdos con los huelguistas, pues la huelga de hambre fue depuesta el 1° de octubre de 2010 por la mayoría de los ayunantes, y una semana más tarde por los restantes.

En cuanto a las modificaciones legales, si bien se realizaron, fueron parciales e insustanciales en sus efectos, pues cinco de los imputados fueron igualmente juzgados y luego absueltos por la justicia militar, ante la falta de pruebas en su contra. Entre ellos, Héctor Llaitul, sindicado por los fiscales de Cañete como el cabecilla de la asociación ilícita terrorista mapuche que habrían constituido los acusados. Pero se siguió utilizando testigos sin rostro, en abierta vulneración al derecho a un debido proceso durante el largo tiempo en que el gobierno no se pronunció sobre la recalificación de los delitos a la que se había obligado. Tanto la Fiscalía, de manera tozuda y desafiante, como el querellante particular, Forestal Mininco, continuaron invocando férreamente la Ley Antiterrorista, la que permite el uso de este tipo de testigos secretos.

Finalmente, ningún comunero fue condenado aplicando esta ley, aunque el tribunal de todos modos la consideró en el caso del delito de incendio, pero estimó que no había pruebas suficientes para condenar por este cargo. Así, el tribunal persiste en identificar al incendio, aún cuándo no se pone en riesgo la vida de personas y sólo se atenta contra bienes materiales, como un delito susceptible de ser considerado terrorista, lo que se aleja de la postura adoptada por los órganos internacionales de derechos humanos, que imponen la necesidad de que se atente contra la vida humana de modo consciente para que un acto sea calificado de terrorista.

Cabe además precisar que eliminar el incendio en casa deshabitada como delito de esta envergadura, fue una de las principales propuestas y exigencias en la reciente modificación a la Ley Antiterrorista, pero en definitiva ésta fue rechazada por el Parlamento, manteniéndose de este modo un margen de arbitrariedad que permite al Estado -puntualmente al Ministerio Público, que es quien investiga y formaliza los cargos- criminalizar la protesta de diversos movimientos sociales y pueblos, recurriendo incluso al engaño, los montajes y la tortura para configurar el delito. Por eso es una muy mala señal, y de extrema gravedad, que los tribunales mantengan esta posición, ya que de acuerdo a la Constitución Política tanto el Poder Legislativo (que equivocadamente no consideró la reforma a esta figura) como el Poder Judicial (y, por cierto, el Ejecutivo), están obligados a promover y respetar los derechos garantizados en los tratados ratificados y vigentes en el país. Resolver, entonces, aplicando estos estándares era un deber del tribunal, que incumplió, sentando un adverso precedente para los diversos juicios que tendrán lugar en los próximos meses contra mapuches por este mismo tipo de acciones.

Falsos testimonios y tortura

Las incongruencias en las que entraron algunos de los testigos de la Fiscalía durante el juicio fueron tan burdas, que era evidente que estaban mintiendo al tribunal. Como en el caso del testigo de nombre “Ismael”, quien testificó haber leído una declaración, en circunstancias que no sabe leer; o del testigo número 8, quien señaló haber escuchado a Ramón Llanquileo avisar que venían los carabineros tras un supuesto ataque a la casa de Santos Jorquera, pero este testigo sufre de sordera desde hace dos años; o del testigo número 26, quien aseguró haber reconocido a uno de los imputados “por los puros ojos y por su baja altura” en el ataque con metralletas a Santos Jorquera, no obstante tratarse de una persona de estatura media en la zona, y a que en la causa nunca se probó la existencia de este tipo de armamento.

Pero lo que causó mayor consternación fueron las denuncias de tortura que se declaró habrían recibido dos de los testigos del Ministerio Público, los que “curiosamente” fueron retirados de la lista de testimonios de prueba aportada por la Fiscalía, al enterarse de su intención de confesar ante el tribunal este grave apremio cometido por agentes del Estado.

Se trata de los hermanos José y Rodrigo Viluñir que, al no poder estar presentes en el estrado, Patricio Cona, presidente de la comunidad Caupolicán a la que pertenecen, expuso su testimonio: “La primera vez fueron detenido por Carabineros y llevados al predio de Eduardo Campos, donde (a Rodrigo) lo cambiaron de vehículo a una camioneta roja y luego lo llevaron a un puente, le colgaron de manos y pies, esposado, y le dijeron que tenía que inventar cualquier cosa y colaborar con ellos”. 

Este proceder de los policías, validado por el Ministerio Público en su afán por acusar de terroristas a los mapuches, no es nuevo y tampoco se aplica exclusivamente a adultos. Como comprobó en diciembre pasado una misión de observación de derechos humanos que visitó el penal de Chol Chol y entrevistó a L.M., uno de los niños mapuches a los que se imputan delitos de carácter terrorista y que hasta hace unas semanas permaneció en “internación provisoria” en dicho centro por casi un año. Aún cuando la reforma a la Ley Antiterrorista tras la huelga de hambre de los presos mapuches, a la que se sumó en su momento L.M., prohíbe su aplicación a menores de edad. En forma reiterada se le negó a L.M. la libertad, pese a existir mayoría en el tribunal a favor de revocar la medida cautelar de prisión, porque la Ley Antiterrorista exige unanimidad.

En su relato, L.M. develó la forma en que se obtienen testimonios falsos bajo tortura y ofertas económicas. L.M. fue detenido en su colegio por personal de Carabineros y agentes de civil, quienes lo insultaron y golpearon durante todo el trayecto en un auto blanco sin identificación y luego en la comisaría, pidiéndole identificar a determinadas personas. Luego fue el tiempo de las ofertas, no por ello abandonando los golpes. “L.M. ¿querí tener mucha plata?”, le dijeron, “si tú quieres, las cosas pueden cambiar para ti y tu familia. Los podemos sacar de la región y cambiarte el nombre”. Todo a cambio de una confesión.

Medios para concientizar a la población

Los medios de comunicación masivos siempre han trabajado en estrecha relación con las policías, desde la otrora crónica roja hasta los complejos escenarios de terrorismo que según la Fiscalía hoy asolarían Chile, originados por los mapuches y en el último tiempo por los jóvenes okupas, denominados “antisistémicos” y considerados “un peligro para la sociedad”.
Consciente de ello, el Ministerio Público fue construyendo su argumentación de cara al tribunal, pero también frente a la opinión pública, valiéndose para ello de los medios de comunicación que han informado profusamente cada vez que se detiene o encausa a un mapuche, y que han festinado con su supuesta vinculación con grupos armados extranjeros, como las FARC y la ETA.

En el documental Ngüenén, el engaño, de Dauno Totoro e Italo Retamal, se pone en jaque la veracidad del atentado a Elgueta, se muestra claramente cómo los manuales que el fiscal conoció en Estados Unidos instruyen que -para el éxito de una operación de inteligencia- se debe tener además del control del poder punitivo y de las leyes, la venia del público. Para ello, de acuerdo al manual, se requieren dos acciones básicas: resaltar el carácter violento y destructivo de estos grupos de “desadaptados”, con el propósito de infundir temor y rechazo en la población, y promover el sufrimiento de las presuntas “víctimas”, para sensibilizar y alcanzar la empatía del público. Algo que sobre todo la televisión, pero también la radio y la prensa escrita, saben hacer a la perfección. Programas como Contacto o Informe Especial, han servido para difundir las tesis incriminadoras de la Fiscalía, al mismo tiempo que moldean percepciones y contribuyen a crear el estigma terrorista.
Por eso, llama la atención que este juicio, tan publicitado al momento de las detenciones, no tuviera una cobertura permanent. Y es que ni siquiera los medios que han facilitado la criminalización, creen que estos hechos de protesta social revistan el carácter de terrorismo y que los mapuches sean terroristas.

Tanto los abogados defensores como los observadores internacionales coinciden en que se trata de “un juicio político” y que la razón de fondo para esta persecución es facilitar la explotación de recursos en tierras usurpadas a los mapuches por el Estado que hoy los incrimina. Esta misma persecución hoy se aplica a jóvenes okupa por oponerse al sistema, y empieza a percibirse también, aunque aún no bajo la lógica terrorista, contra grupos que se oponen a proyectos mineros, termoeléctricos, hidroeléctricos y contaminantes.

Organizaciones sociales piden exhumar el cadáver de Allende defendiendo que no fue un suicidio

Alicia Lira, presidente de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos sostiene que contra Allende se cometió un magnicidio el 11 de septiembre de 1973, tras el golpe de estado del dictador Pinochet.

 

Organizaciones defensoras de los derechos humanos solicitaron hoy a la justicia chilena se proceda a la exhumación del cadáver del expresidente Salvador Allende para determinar con precisión cómo falleció.

El pedido corrió a cargo de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) en un contexto de presentación de 403 nuevas querellas por violaciones de los derechos humanos durante el régimen militar del dictador Augusto Pinochet
(1973-1990).

Es una obligación ética y moral investigar plenamente las causas de su muerte, opinó Alicia Lira, presidente de la AFEP y quien sostiene que contra Allende se cometió un magnicidio.

Aquí hubo un magnicidio, en el momento del terrorismo de Estado, el momento del golpe de Estado, (Allende) no tenía ninguna salida y ninguna seguridad, manifestó Lira, conocida la determinación de la justicia chilena de investigar las circunstancias de su deceso.

Por su parte el reconocido abogado chileno Eduardo Contreras afirmó que "no es posible aceptar tesis como dogmas de fe, cuando todos sabemos que el cuerpo del presidente Allende fue acribillado por las balas de los militares (...) El país tiene derecho a saber la verdad", remarcó.

A más de 37 años del golpe de Estado contra el líder de la Unidad Popular, la justicia chilena aceptó la histórica indagación, luego que el nombre del líder de la Unidad Popular apareció en una lista de 726 querellas presentadas por la fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago Beatriz Pedrals, relacionadas con víctimas del régimen castrense.

De inmediato en el escenario político cobró relieve el debate entre los que se inclinan por la tesis del suicidio y los que sostienen que Allende fue asesinado por miembros de la Junta Militar de Pinochet.

"Todo indica que el presidente Allende fue asesinado, porque las tropas que entraron a La Moneda no entraron a saludarlo, entraron a matar a su enemigo, que en ese minuto era Allende", considera el reconocido cineasta chileno Miguel Littin.

Unas tres mil personas fueron asesinadas o desaparecidas durante la dictadura militar de Pinochet y otras 50 mil sufrieron torturas, cárcel o persecución.
 

Situacion del pueblo Mapuche en Chile y violaciones a los derechos humanos perpetradas por actores estatales

Una entrevista con Juana Calfunao por Andrea Alvarado de FIRE (Radio internacional feminista) en Colombo, Sri Lanka como parte de la consulta sobre defensoras de derechos humanos de la mujer. Transcripción de WHRNet por Alejandra Cabezas.

FIRE (Andrea): ¿Cuál es la situación actual del pueblo Mapuche?

JC: Primero que nada, el pueblo Mapuche es un pueblo que existe hace más de 2.200 años, hace 187 años, el estado chileno se conforma sobre la nación Mapuche. Actualmente somos un millón quinientos mil, dice el estado reconocido, pero somos más. El problema más grande que hoy día tenemos es el problema de la defensa de nuestras tierras porque algunas trasnacionales y otra serie de empresas que han negociado con el gobierno chileno están ingresando al territorio Mapuche. También tenemos el problema del exceso de plantación de pino de eucalipto y ese es el problema que hoy día se vive al interior de las comunidades con los hermanos Mapuches.

FIRE (Andrea): ¿Cuáles son las violaciones que se hacen al pueblo Mapuche?

JC: Son innumerables las violaciones. Si hubiera que describirlas faltarían cifras; pero la más grave de todas, es que el gobierno quiere y se empeña en quitarnos las tierras, y los Mapuches, como bien dice la palabra Mapuche, gente de la tierra, no podemos vivir sin tierra y esa es la disputa que hoy día hay entre las comunidades y el gobierno, por defender nosotros nuestras comunidades, nuestras pequeñas porciones de tierra que tenemos. El gobierno manipula diferentes organismos tales como la CONAL y el Programa Origen, INDAP, pero solo son una serie de personeros que están detrás para engañar a las comunidades y sacarlas y las que se resisten las sacan mediante la fuerza, la violencia, y ahí pasa una cosa muy grave, porque llevan a nuestros maridos detenidos, y las mujeres Mapuches somos las que sufrimos la violación más grande de parte del gobierno, porque estando nuestros maridos encarcelados, nosotras tenemos que luchar por la tierra, luchar por nuestros hijos, luchar también por sacar a nuestros maridos, y tenemos que velar por toda la economía, el sustento de la casa, así es que en este caso tenemos que seguir trabajando y por lo tanto somos las mujeres las más violentadas por parte del estado.

FIRE (Andrea): ¿Cuándo usted dice tenemos que luchar, se refiere a un enfrentamiento directo con la policía ó con el gobierno?

JC: Directamente con el gobierno porque el gobierno es el que manda la policía, y la policía ejerce todas las fuerzas sobre nosotras, a balazos, a golpizas, a palo, con bombas, bueno todo y cuando nosotras resistimos eso, sencillamente nos atacan de otra manera, por ejemplo, alguien simula ser asaltado y aunque nadie en la comunidad lo ha robado nos golpean de todas maneras, también nos incendian las casas, en la mañana amanece la gente muerta en sus casas, amanecen las casas quemadas, destruidas, sin dejar ningún tipo de evidencia y eso es de parte del estado. También ingresan los paramilitares que nos atacan de día y de noche y nosotros hacemos esta presentación al tribunal y ahí no hay ni una respuesta del gobierno, ni del poder judicial.

FIRE (Andrea): Me decía UD., en otro momento, que se han llevado indígenas y los han arrestado e incluso los han matado. ¿Les han dado alguna posibilidad de defensa o algún proceso judicial?

JC: Existen muchos procesos, osea desde el momento en que la gente muere, por ejemplo, tenemos un caso de un joven de 17 años, que le vinieron a balazos limpios y lo mataron de un tiro en la cabeza, y el proceso esta ahí, pero está durmiendo en los tribunales, todo el mundo puede hacer una demanda pero de ahí a que halla respuesta es otra cosa, nunca hay respuesta, los Mapuches en Chile nunca hemos tenido respuesta de parte del poder judicial, NUNCA! Y el caso emblemático del hermano Alex Lemund, el murió y nunca se ha llegado a nada, el relator de las Naciones Unidas se hizo presente, pero finalmente el dio su informe al gobierno de la violencia que estaba pasando pero el gobierno como si nada, finalmente ha seguido ejerciendo más violencia. En la constitución del 80 que dejo Pinnochet, hoy día el gobierno democrático está aplicando esta ley antiterrorista a los Mapuches por no pensar como el dice, es decir, que cualquier persona que tiende a defender sus tierras y tiende poner fuerzas para defenderlas ya es un violentista y es acusado de asociación ilícita y se le aplica la ley antiterrorista, osea que los Mapuches en Chile estamos viviendo una dictadura oculta.

FIRE (Andrea): ¿Y por qué razón cree usted que se da de esa manera? Un poco para la gente que estamos fuera del conflicto o que no comprendemos bien cómo culturalmente es el pueblo Mapuche y cómo históricamente ha sido ¿Cree usted que eso es solamente por un asunto de territorio de tierras ó que hay algún otro interés de por medio?

JC: El gobierno recientemente ha firmado grandes acuerdos políticos y bilaterales con los grandes empresarios del mundo. Que fue un acuerdo que se tomó en Salamanca de España hace 2 meses atrás y también se han tomado acuerdos con Bush, el gobierno de Estados Unidos, que a través de la PEC ha firmado tratados de libre comercio, osea prácticamente el territorio Mapuche lo ha puesto en exposición a las transnacionales americanas y de Europa, por lo tanto ahí, el grave problema que hoy día nos están matando e hinchando las transnacionales a nosotros, es porque la riqueza natural que tiene nuestro territorio y también, por la fuerza que nosotros ponemos para resistir que no ingresen estas transnacionales cuando el gobierno ya ha tomado grandes acuerdos económicos y políticos, entonces ahí esta la policía detrás y también el gobierno atrás de todo esto y también por una parte, las transnacionales ingresando con toda la fuerza y el consentimiento del estado chileno y mediante la fuerza están despojándonos de nuestras tierras, ese es el problema que existe porque detrás de esto los Estados Unidos ya ha puesto los ojos en nuestras tierras.

FIRE (Andrea): A su parecer, ¿cuál es la mejor forma de solucionar el problema que tiene el pueblo Mapuche con el gobierno?

JC: Nosotros, siempre, los indígenas decimos una cosa, que nosotros no lo hemos pedido que ellos vayan a nuestras tierras y la mejor solución sería que ellos se vayan de nuestras tierras, las transnacionales, las empresas, EndEspaña, Red Sol, IPS, El Banco Mundial, BBA, Banco Español porque hoy día Chile no es Chile sino que es Chile España, el agua es de España, los tendidos eléctricos son de España, los trazados de los caminos son de España, todo lo del MOB de Chile es de España, también está metiéndose en los seguros de vida, y también está con la seguridad en Chile, la seguridad de Chile también es de España, todo lo que ahí hay, ahí se mueve es de España. Hace 500 años ingresó España al territorio de nosotros, nosotros peleamos 300 años para echarlos, logramos una autonomía, una autodeterminación, logramos acuerdos políticos con la corona española pero hoy día el estado chileno a dejado ingresar nuevamente a los españoles, osea, otra vez estamos siendo colonizados en el nombre del progreso, en el nombre de querer el gobierno chileno empeñarse por dar una buena imagen política, económica al mundo, hoy día está matándonos a nosotros, está violentando, sacando hombres, niños, ancianos de las comunidades.

FIRE (Andrea): ¿Qué trabajo esta haciendo usted por el pueblo Mapuche y hace cuantos años lo está haciendo?

JC: Hace muchos años yo trabajo de defensora, es decir, prácticamente nací, mi madre era una gran defensora, ella durante el año 73, ella cayó detenida. Ella era el jefe político de la comunidad, mi madre, porque ellas lucharon por la corrida de cercos, y ella protegía a muchas comunidades, en ese entonces le mataron a su padre en la comunidad por la corrida de las cercas. Su padre fue detenido en la cárcel de Valdivia y ahí lo mataron a golpes, y también mi abuela fue violada por todos los trabajadores que hacían los trazados del camino y le quemaron su ruca y se salvaron dos de ellos, mi madre y uno de sus hermanos. Y luego mi madre, cuando mueren sus padres, pasa a tomar el control de la comunidad, bueno lo mismo pasa cuando ella fue detenida en el año 73 por ser una gran luchadora por las comunidades y defensora de mucha gente, de muchas mujeres, de muchas personas, de muchos niños, ella fue detenida y también permaneció 4 años en la cárcel y yo siendo muy niña también estuve en la cárcel con ella, sólo que yo estuve en la cárcel de Valdivia y mi mamá en la cárcel de Temuco y de ahí de haber visto tantas aberraciones con mi madre, de haber visto como se ensañaron cortándole las trenzas, sacándole la vestimenta, como ultrajaron a mi madre delante de nosotros sus hijos, yo prometí a mi madre que toda la vida iba a trabajar para defender, para que nunca un niño o alguna persona tuviera que ver todos los hechos tan aberrantes que ha nosotros nos tocó vivir. Y creo que un defensor nace, yo he luchado todo ese tiempo desde el año 73 en adelante, duramente, he hecho miles de cosas con distintas comunidades, luego en los años 1999 y 2000 nos organizamos para que llegará la democracia, más tarde nos organizamos como Comisión Ética contra la Tortura y la Impunidad en Chile, y soy uno de los miembros fundadores de esta comisión. Esta es una comisión no gubernamental para que algún día el gobierno pudiera indemnizar a todas estas personas que fueron tan duramente maltratadas, y así, cada vez me fui metiendo más y más a defender a mi gente, hasta que me tomé el odio del gobierno, me tomé el odio de las autoridades de Chile.
A los gobiernos no les gustan los defensores ya que los defensores le decimos la verdad al pueblo, y porque vamos donde hay problemas, esto es un hostigamiento para ellos, porque mientras más silencio haya, mejor para ellos, pero cuando llega un defensor y defiende los derechos de los otros, esto es un peligro para el gobierno y en esa calidad he sido golpeada, maltratada, tomada varias veces detenida, pero nunca me pudieron probar nada así que me tuvieron que dejar ir, siempre me ponían títulos, a veces hasta de ladrona pero nunca pudieron probarme nada, finalmente me dejaban dos, tres días detenida, una semana o quince días y después me dejaban ir, pero cada vez que me tomaban detenida, me golpeaban duramente. En el año 2003 a golpe perdí una criatura que llevaba en mi vientre, y más tarde nuevamente fui golpeada, por lo cual tengo los brazos quebrados, tengo el pómulo quebrado, también un diente quebrado por la policía, de tantas rencillas que hemos tenido para defender la gente que ha sido encarcelada, las mujeres quien son duramente maltratadas por la policía, y en ese sentido he estado siempre defendiendo. Últimamente ellos me han ido haciendo una serie de cosas, me han quemado la casa donde yo vivo, esta es la tercera vez que han quemado mi propiedad, hace 6 meses atrás quemaron la última de mis casas y también casi muere mi hija pequeña. Cuando quemaron mi segunda casa mataron a mi tío, lo rociaron con bencina y lo quemaron vivo, y bueno ha habido una serie de maltratos por ser defensora y por ser un lonco, por ser un jefe político de la comunidad porque no es común de que una mujer sea un jefe político, como jefe político me toca estar al frente siempre, por tanto los primeros golpes los recibo yo, porque finalmente un jefe nace, no se hace y cuando uno nace tiene que defender con todas sus fuerzas a su gente y nace para defender a su gente también.

FIRE (Andrea): ¿Dentro de esa defensa que usted ha hecho ó que ha hecho el pueblo a golpes, si se quiere, esta también la parte de la defensa hacia la alianza con otras organizaciones, difundir al mundo, al país lo que ahí esta ocurriendo?

JC: Hay mucha alianza con distintas organizaciones, estamos, por ejemplo, organizados en la Comisión Ética contra la Tortura con 58 organizaciones en Chile trabajando en derechos humanos, una serie de cosas, desaparecidos, detenidos, pobladores, organizaciones sociales, etc.. También trabajamos con Amnistía Internacional y también tenemos una red comunitaria, defensora de los derechos humanos de cada comunidad, osea cada comunidad hoy día cuenta con un defensor y ese defensor alerta la red y la red denuncia inmediatamente, y estamos organizados de esa manera porque la veces que hemos montado alguna organización la policía llega y destruye la organización o entra a la oficina y la rompe y se lleva toda la documentación, entonces por eso es una estrategia el hacer una red y en esta red nadie puede saber quien pertenece a la red y nadie puede saber ni acusarnos de nada, es una forma de defendernos.

FIRE (Andrea): ¿Han llevado el caso a la corte Interamericana de Derechos Humanos?

JC: Sí, se han llevado, al menos dos casos, un caso por 144 hermanos detenidos el año 94, se llevó a la corte Interamericana, el gobierno ha sido sancionado pero finalmente no ha cumplido, y también el relator de las Naciones Unidades ha llevado varios casos pero finalmente sólo han dado una recomendación, no habido otra cosa más. Hoy día la MCT esta haciendo alguna observación de todos los casos, el mío en particular, también para llevarlo a la corte Interamericana pero esto todavía no se ha logrado.

FIRE (Andrea): ¿Hay algún mensaje que quiera darle usted, específicamente a las demás mujeres defensoras de derechos humanos, o a algunas organizaciones, o al resto de la audiencia de radio Internacional Feminista?

JC: Todas las mujeres, a incitarlas, que nunca bajen la guardia, que nunca se dejen manipular por terceras personas, que nunca la den la razón a los gobiernos, porque las mujeres siempre tenemos el derecho, y debemos hacerlo respetar, primero porque somos mujeres, porque somos las creadoras de esta sociedad, somos las que le damos la vida, las que le damos el destino a estos pueblos, por lo tanto somos un ejemplo, somos una perla, un cristal en nuestros hogares, en nuestras patrias, por lo tanto tenemos que hacernos respetar, cada mujer es una flor, cada mujer es un mensaje, es una virtud, es un paquete de conocimiento, de sabiduría, de sensaciones y debemos protegernos como mujeres, ayudarnos y salir adelante, comunicarnos, mantener siempre la comunicación y mantener siempre el animo arriba, así que quiero decirles un marichebeo que decimos las mujeres Mapuche, que es: "10 veces si se caen se levantaran, que 10 estaremos unidas, y que 10 veces nos comunicaremos, 10 veces nos levantaremos porque somos mujeres y somos lo más importante de esta vida."

La verdadera razón de la condena a los dirigentes mapuche

Nota: Estos comentarios, dirigidos a los Parlamentarios que han sido partícipes de “las promesas” son seguidos por una declaración de los familiares de los presos. 

 

 

Señoras y señores parlamentarios 

En Chile la justicia no existe y el sistema, gobierno, jueces y fiscales son prevaricadores, como lo dijera una jurista francesa, observadora internacional en los juicios de Cañete. Es decir, se trata de jueces, funcionarios, del Estado y de un gobierno que comete el delito de hacer daño a los inculpados a sabiendas de que actúa de modo ilegal e ilegítimo. 

Las investigaciones no lograron demostrar nada, ni participación, ni crímenes, y ninguna evidencia. Fue un juicio inmoral en el que se cubrió todo con la protección de la Lay Anti-Terrorista –LAT. El gobierno, al aceptar que el proceso fuese hecho bajo la LAT y que las condenas se basaran en acusaciones que no fueron demostradas para nadie NI TAMPOCO PARA LOS QUE QUEDARON COMO CULPABLES, demostró su verdadera cara. En Chile no se quiere permitir que los pueblos indígenas recuperen sus derechos fundamentales como lo promueve Naciones Unidas. La violación del Convenio 169 de la OIT no es respetado. Y, del mismo modo, las detenciones fueron en violación directa a los Convenios contra los niños, las mujeres, los pueblos indígenas, las normas judiciales mundiales y ha facilitado la usurpación de sus tierras de manera criminal. Se ha usado la violencia y la tortura que el estado chileno juró respetar.Y con eso se le falta el respeto a todos los pueblos de Chile. Quienes detentan el poder no pueden esconder su culpabilidad y responsabilidad en lo sucedido. 

El análisis enviado por “Wichan info al día” es el que mejor refleja lo sucedido. Yo estuve en los alegatos finales y vi al fiscal Cruz en su actitud atropelladora, faltar a la verdad y en sus arengas vengativas. La liberación de 13 personas de 17, siendo buena, demostró el espíritu irresponsable y revanchista del Ministerio Público y del Estado chileno. Luego de tener tanta gente con acusaciones probadas falsas tuvieron que dejar libres a quienes llevaban hasta más de dos años de cárcel. Trece presos que, decían, eran todos, según el paranoico Fiscal Cruz, delincuentes, terroristas y ladrones, pero tuvieron que ser liberados. 
 
Si son sólo 4 los detenidos y no pueden demostrar participación en nada, ahora tratan de hacer creer que estos presos fueron capaces de lanzarse, sólos los 4 contra la caravana que asaltó Puerto Choque a media noche y que llevaba más de 50 personas y estaba armada hasta los dientes.

Mientras el Estado no discuta las causas de las luchas justas del pueblo mapuche y no reconozca su irresponsabilidad al mantener presos por mucho tiempo al pueblo mapuche, imponiendo sufrimientos a sus familias, haciendo gastos inmensos en esta guerra de baja inmensidad, no es posible creerle al gobierno que realmente desea negociar de buena fe. Su manejo del Convenio 169, como ha sido denunciado, es falso, el gobierno miente y no muestra interés en respetar sus compromisos. La respuesta a las demandas justas de los mapuche deben comenzar y no mantener pegado todo en las cárceles y abusos que se cometen a diario. Debo indicar que en el Tribunal de Temuco, donde asistí observando, se iniciaron el lunes 28 de febrero los juicios contra siete comuneros, varios de ellos menores. Y vienen varios más en Angol, Temuco, Victoria. Sin embargo, pese a las promesas todo se hace bajo la protección para el estado con la Ley Anti-Terrorista. En realidad no es protección para el estado sino para los que usan el estado en sus negociados anti-ecológicos y represivos contra los pueblos originarios de Chile. La rutina no la quieren cambiar. Pero cambiará y deberán pagar las reparaciones correspondientes a estos crímenes legales que han impuesto sobre todo un pueblo.
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MONTAJE DEL MINISTERIO PÚBLICO CUMPLIO SU OBJETIVO:

TRIBUNAL CONDENA A DIRIGENTES DE LA CAM APLICANDO LA LEY ANTITERRORISTA, CON TESTIGOS SECRETOS, Y DECLARACION OBTENIDA BAJO TORTURAS.

COMUNICADO PUBLICO
LOS FAMILIARES DE LOS PRESOS POLITICOS MAPUCHE DE LA CAM DENUNCIAMOS:
1.- Que nuestros familiares fueron condenados, EXCLUSIVAMENTE, gracias a la aplicación de la Ley Antiterrorista, a través de un montaje, un indebido proceso y un juicio mucho peor. Todo claramente direccionado hacia los militantes de la CAM. 2.- Que fueron condenados por delitos que jamás pudieron ser comprobados y menos aun se pudo probar su participación.
- “Homicidio a Fiscal del Ministerio Público en Grado Frustrado” (de 15 años a cadena perpetua), basado en una supuesta “llamada de celular” que avisaba de la ida del Fiscal Elgueta a Choque pero que jamás fue presentada como prueba. 

- “Lesiones en contra de tres funcionarios de la PDI”.
- “Robo con Intimidación a Santos Jorquera”.
3.- Que el Tribunal de Cañete, en veredicto dividido (2-1), basó su decisión en pruebas espurias como declaraciones obtenidas, por la PDI, a través de torturas y testigos secretos.

4.- Que gracias a este montaje nuestros familiares arriesgan penas que van desde los 15 a los 35 años de cárcel.

5.- Que estas condenas corresponden a una persecución política que tiene como objetivo pacificar la zona del LLeu LLeu y continuar pavimentando el camino a las inversiones económicas, especialmente, referidas a la explotación forestal y minera.

6.- Que si bien nos alegramos por la libertad de la mayoría de los comuneros, consideramos este resultado como un triunfo del Ministerio Publico, de los policías y jueces corruptos y de los poderes fácticos del Estado chileno capitalista.

La lucha continúa… ¡WEUWAIÑ!
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José Venturelli es vocero del Secretariado Europeo de la Comisión Ética contra la Tortura

  http://derechoshumanosyjusticiaparatodos.blogspot.com/2011/03/la-verdadera-razon-de-la-condena-los.html

Chile.- Piñera alcanza un nivel de desaprobación del 49%, según un sondeo

El rechazo a la gestión del presidente chileno, Sebastián Piñera, ha crecido en el último mes hasta llegar a 49 por ciento, siete puntos por encima del índice de aprobación que en febrero apenas alcanzó el 42 por ciento, según una encuesta de la empresa Adimark publicada este miércoles. 

 

El rechazo a la gestión del presidente chileno, Sebastián Piñera, ha crecido en el último mes hasta llegar a 49 por ciento, siete puntos por encima del índice de aprobación que en febrero apenas alcanzó el 42 por ciento, según una encuesta de la empresa Adimark publicada este miércoles.

Este es el peor registro que obtiene Piñera desde que asumió el poder hace casi un año. La desaprobación hacia su gestión mostró un ascenso de tres puntos en febrero, rechazo que pudiese estar vinculado al escándalo de los subsidios que involucró a la intendenta de la región de Biobío, Jacqueline Van Rysselberghe, señala Adimark.

El respaldo a Piñera ha aumentado apenas un punto en comparación con el indicador de enero. En cambio, la aprobación a su Gobierno cayó cuatro puntos y se ubicó en 40 por ciento, mientras que el rechazo ha sido igual que el del presidente: 49 por ciento.