domingo, 7 de junio de 2009

Elena Varela: Censura y represión en Chile

Entrevista a la documentalista perseguida por dar voz a las luchas del pueblo mapuche
Ángel Palacios, Iván Ramos y Enrique González

“El Estado chileno aplica una ley antiterrorista heredada del régimen de Pinochet para meter en la cárcel a Elena Varela por hacer una película documental que denuncia el robo de tierras y los malos tratos de que han sido víctimas los mapuches desde la creación de la República de Chile y antes por los españoles”.
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Patricio Guzman (Director chileno)

“Nuestra compañera Elena Varela, mediante su trabajo audiovisual y de denuncia de los atropellos a los más básicos derechos humanos de nuestros hermanos mapuches, mostraba al mundo la verdad oculta de este Chile, que al otro lado de sus fronteras, se muestra como un defensor de la libertad de expresión y los derechos humanos. Queda demostrado que los traidores solo cambiaron el uniforme militar, por la corbata de un civil.”

Comité por la Libertad de Elena Varela Red de Comunicadores Independientes RCI Santiago-Febrero 2009

Ocurrió hace un año en Chile. Decenas de policías y agentes de inteligencia rodearon una casa al sur del país. Era el momento cumbre de un operativo antiterrorista que culminaría a las 8:45 de esa mañana. Los policías despejaron la zona mientras los tiradores tomaban posición. A la señal convenida, irrumpieron en la vivienda.

Este operativo comandado por fuerzas especiales de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) dio como resultado la detención de una peligrosa ...DIRECTORA DE CINE! Los policías inmovilizaron a la mujer, la metieron en uno de los vehículos que sirvió de cuarto de interrogatorios y comenzó un calvario que no termina aún para nuestra colega y amiga Elena Varela.

Tras amenazas, humillaciones y cuatro meses en una cárcel de máxima seguridad, Elena Varela ve amenazada su libertad. El Estado chileno la trata como si fuera una terrorista. Sus comunicaciones y actividades son monitoreadas por la ANI. Tiene una especie de libertad condicional mientras transcurre un juicio en el que la Fiscalía intenta presentarla como delincuente, subversiva y terrorista, pidiendo 15 años de cárcel . Mientras tanto, 300 horas de grabaciones audiovisuales y material de utilería permanecen confiscados como “evidencia criminal”.

Esta historia no ocurrió en la época de Pinochet, sino en el Chile que dice llamarse democrático. Tras el caso de Elena, hay una trama de censura y represión contra los reclamos ancestrales del pueblo indígena Mapuche desplazado por las transnacionales de la madera y la voracidad del neoliberalismo. Denunciar las violaciones a los derechos humanos que sufren los indígenas chilenos, como hizo ella, es meterse con un tema prohibido.

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Hace quince días, la entrevistamos en Santiago de Chile: “Soy documentalista, y además soy directora de orquesta y profesora de música. Estoy realizando dos películas documentales, que tienen que ver con la historia social de Chile y del pueblo Mapuche. Dos proyectos documentales que comenzamos a trabajar hace cinco años en la fase de investigación”

Los Sueños del Comandante

Uno de los documentales se titula Los Sueños del Comandante . Es la historia de los reclamos sociales de trabajadores y campesinos desde los años 40 hasta la dictadura, cuando el MIR y otros movimientos políticos jugaron un papel fundamental en la resistencia que costó el exterminio de sus principales dirigentes.

Elena reflexiona sobre las dificultades que atraviesa una documentalista como ella cuando aborda temas como este: “No había registros ni investigaciones. Todo es transmisión oral. Hemos ido reconstruyendo una historia social y política escrita desde el valor y sacrificio del pueblo chileno, que no es la historia oficial que siempre nos muestran. Revive momentos críticos de los procesos y conflictos sociales: el tema de los derechos humanos, de los detenidos y desaparecidos y de gente exiliada que vuelve para seguir luchando.”

La fuerza de los Mapuche

El otro documental se llama Newen Mapuche ("La Fuerza de la Gente de la Tierra"), y devela el conflicto del pueblo indígena Mapuche en defensa de su supervivencia: “su lucha por las aguas y las tierras en contraposición a un poder económico que cuenta con todo el aval del sistema, del Gobierno y del Estado”.

El proyecto ganó un concurso que permitió el apoyo financiero del Fondo Nacional de Cine. Narra la historia de un joven mapuche acusado bajo la ley antiterorrista por defender los derechos de su comunidad, y contempla la filmación de escenas de ficción combinadas con el documental, y con escenas de archivo: “Es la historia de la ocupación de los territorios, de militarización, de represión contra los indígenas del sur de Chile y la aplicación de instrumentos legales como la ley antiterrorista contra un pueblo originario. Para el sistema es revolucionario hoy en día ser Mapuche. El pueblo Mapuche es perseguido y es aniquilado. En todo sentido.”

El “operativo antiterrorista”

El día antes de la detención, el equipo fue a una locación de la cordillera por donde el joven iba a cruzar clandestinamente hacia el lado argentino: “era el último del grupo de dirigentes de la comunidad mapuche que quedaba; el resto ya había sido detenido por la Agencia Antiterrorista”. Ya para entonces, agentes de la AIN les seguían los pasos. Al día siguiente allanaron su casa: “De todas partes aparecieron hombre apuntándome con armas, me tomaron por los brazos y me subieron a un auto… Subía uno y me interrogaba, luego subía otro y continuaba el interrogatorio”.

También la amenazaron: “Me decían: “Tu hija va a llegar a la casa y va a estar sola. Tú no sabes que le puede pasar a tu hija si tu no cooperas… Fue la parte más dura, yo no entendía nada. No comprendía porqué estaba detenida”.

Los agentes sacaron de la casa las banderas del MIR utilizadas para el documental Sueños del Comandante: “Las levantaban y les sacaban fotos como si fueran una evidencia criminal”. Se llevaron todas las cintas de video, las latas de cine, la computadora y los guiones, y detuvieron a todo el equipo de rodaje, incluyendo dos mapuches y un boliviano. El sonidista logró esconder antes las cintas de sonido, lo único que se salvó de la película.

Mientras la llevaban hacia el sur, Elena pensó que la matarían por el camino. En Panguipugui, donde ella trabajaba en un colegio dirigiendo una orquesta sinfónica de niños Mapuches, le querían obligar a declarar que tenía armas guardadas en los instrumentos musicales: “Los policías insistían en que yo entrara y yo les decía que no, que yo había dejado mi corazón en esa orquesta, que no iba a bajar esposada como si una criminal, que no había ningún arma escondida en los instrumentos y que si querían entraran ellos”.

En medio de forcejeos y golpes, logró meterse debajo del auto. “Fue terrible... no sabes hasta donde van a llegar... y el dolor que sentía por el trato tan injusto, tan cruel... todas las cosas que yo había estudiado de la época de la dictadura”. Luego, los agentes de la Agencia Nacional de Inteligencia allanaron la sala de música.

De allí le trasladaron a Temuco, donde se unió a sus compañeros de rodaje detenidos. En Rancagua, les ingresaron en la cárcel de máxima seguridad, donde continuaron los interrogatorios y las acusaciones absurdas: “que yo había hecho dos asaltos, que todo el dinero que había conseguido para la película lo había usado para financiar al MIR y al Frente Patriótico. Que con las armas plásticas de utilería yo había hecho entrenamiento para formar cuadros guerrilleros y que estaba relacionada con una red internacional… Hasta dijeron que yo había sido entrenada como guerrillera en Colombia y que la película era en realidad una fachada de organizaciones armadas”.

En la cárcel, le pusieron un defensor público, que no ejerció ninguna defensa: “ya estaba confabulado con la Fiscalía para enjuiciarme”, señala Elena. “Viví situaciones de terror, de hostigamiento psicológico y amenazas de muerte”.

Ante la amenaza de una injusta condena a 15 años de cárcel, Elena clama por su libertad, pero también lamenta el secuestro del material audiovisual: “no puedo terminar la película, no puedo trabajar”. Nuestra amiga reflexiona sobre el fondo del asunto: “es un proyecto de Estado de Terror contra la gente que lucha, contra la gente con conciencia social, contra el pueblo mapuche que está tratando de recuperar sus tierras y su cultura. Yo lo único que pude hacer fue tratar de contar esas realidades.”

Libertad a Elena Varela

Suena el celular y se interrumpe la conversación. Es un familiar recordándole la hora. Elena tiene que ir a encerrarse en su casa por orden judicial. La misma orden que confiscó 300 horas de filmaciones, emitida bajo las mismas leyes que promulgó Pinochet y que aún hoy están vigentes en Chile, para aplicarlas contra Elena, contra los dirigentes mapuches y contra los documentalistas que tratan de darle proyección mundial a sus luchas.

No es el único caso. El año pasado, fueron detenidos y deportados Christopher Cyril y Joffrey Paul, dos documentalistas a los que les requisaron el material con denuncias de una comunidad indígena. También los documentalistas italianos Giuseppe Gabriele y Dario Ioseffi fueron detenidos y deportados por grabar testimonios sobre el atropello a los mapuches. Sergio Bravo, Jeannette Paillán, Gonzalo Vergara, Maria Teresa Larrain se suman a la lista de cineastas que por enfocar sus cámaras al tema mapuche, han sentido desde el seguimiento policial hasta la detención.

En pocas semanas un tribunal dictará sentencia. Tras el montaje judicial y mediático, están los intereses de transnacionales y gobernantes títeres que pretenden censurar e intimidar a los que piensen defender con sus cámaras a los Mapuche. Por eso, la lucha por la libertad de Elena incumbe a todos. Es una lucha por la verdad, la justicia y los derechos humanos. Ella es un símbolo de la libertad de expresión y del derecho a la información, que nos debe unir para reclamar al gobierno chileno libertad para Elena Varela; libertad para los presos políticos; respeto al pueblo mapuche. No mas censura en Chile.

(*) Ángel Palacios, Iván Ramos, Enrique González - ANMCLA, Asociación Nacional de Medios Comunitarios, Libres y Alternativos de Venezuela [www.anmcla.org]

- Más información sobre el caso de Elena Varela y sus documentales en: http://libertadaelenavarela.blogspot.com


viernes, 5 de junio de 2009

Elena Varela, documentalista “Me han violado el alma y han violado los derechos del pueblo mapuche”

Hoy viernes 5 de marzo se realiza en Rancagua la audiencia de preparación del juicio oral contra Elena Varela, la documentalista chilena detenida en mayo de 2008, condenada a priori por los medios de comunicación y voceros de gobierno como terrorista. Su caso es considerado como un montaje por organizaciones de derechos humanos, trabajadores de la cultura y agrupaciones ligadas al pueblo mapuche. La realizadora llega al juicio defendida por un equipo encabezado por el ex Juez Juan Guzmán y rodeada de la solidaridad de intelectuales y creadores en Chile y el mundo, que la han convertido en un símbolo de la lucha por la libertad de expresión.

La noche del 3 de junio, en la Cineteca Chile, Elena Varela, flanqueada por el destacado documentalista Ignacio Agüero (director de “El diario de Agustín”) y por Sebastián Moreno, presidente de la la Asociación de Documentalistas ADOC, agradeció el apoyo recibido de sus pares. Paradojalmente el recinto que acogió el acto de protesta se encuentra en el mismísimo Centro Cultural de La Moneda y es gestionado por el mismo gobierno que a través de la gobernación de Cachapoal es parte de la acusación judicial que enfrenta Elena Varela.

Aunque a la Fiscalía intenta involucrara la documentalista con una organización que realizó asaltos con resultado de muerte, los interrogatorios a los que fue sometido todo el equipo que trabajaba con ella –también detenido inicialmente- eran sólo sobre el conflicto mapuche y los atentados incendiarios contra las forestales. No hay ninguna filmación ni objeto encontrado en los allanamientos y mostrado a la prensa. que esté relacionado con esas acciones. El equipo jurídico sosteiene que las acusaciones deben fundarse en hechos ciertos y fundados y no en suposiciones porque de otra manera sólo se logra “desacreditar al gobierno y sus órganos” e infundir temor a nivel nacional

El acto convocado bajo la consigna “Dónde Están las Cintas de Elena Varela” se inició con el despliegue de una suerte de pasacalle multicolor sostenido en el escenario por los miembros de ADOC. Antes del preestreno de “La Voz Mapuche” –documental de los realizadores independientes Andrea Henríquez y Pablo Fernández - la artista debió partir para cumplir con la reclusión nocturna, denunciando “No me han devuelto mis cintas, la policía se ha apoderado de mi creación, de algo que es sagrado, es como un hijo… Me han violado el alma y han violado los derechos del pueblo mapuche que yo filmé. En esas cintas también están registrados los testimonios de gente que sobrevivió a la guerrilla de Neltume aniquilada en los años 80. Ellos contaron su verdad. Me quieren condenar a 15 años de cárcel, eso pide la Fiscalía. Hoy vivo yo esta persecución, pero mañana podría ser cualquiera de ustedes, otro de los creadores quien sea encarcelado. Me duele estar aquí pero también me da alegría. Tenemos que unirnos como gente de la cultura y desenmascarar el monstruo que se hace maquillaje todos los días.”

Afrenta a la libertad de expresión

La declaración de ADOC exigió la devolución de todo el material fílmico de Elena Varela argumentando: “Consideramos que la confiscación de estos registros audiovisuales, una acción propia de gobiernos dictatoriales, constituye una afrenta a la libertad de expresión. Creemos firmemente que los servicios de inteligencia del Estado pretenden de esta manera amedrentar a los documentalistas, para que no se atrevan a informar sobre realidades que incomodan a quienes detentan el poder"

Refiriéndose al secuestrado documental “Newen Mapu”, sostiene ADOC: “Uno de los trabajos que realizaba Elena antes de ser detenida era un documental sobre el pueblo mapuche. La producción de este proyecto audiovisual fue aprobada y financiada por el Estado de Chile, lo que evidencia una gran contradicción ya que por un lado se implementan políticas para promover las labores de los documentalistas pero por otro lado se ponen trabas al libre ejercicio de la profesión. En el sur de Chile los agentes del Estado intentan impedir que se produzcan proyectos audiovisuales sobre la represión que padece el pueblo mapuche.”

Concluyen señalando: “Los documentalistas, periodistas y cineastas tienen el derecho a grabar, filmar y registrar cualquier tipo de entrevista o acontecimiento en cualquier rincón del territorio nacional. La policía, los servicios de inteligencia, las fuerzas armadas, las autoridades judiciales u otros representantes del Estado no tienen derecho a requisar esos materiales, y mucho menos utilizarlos como supuestas “pruebas” en la formulación de cargos contra los propietarios de esos registros o sus entrevistados.” (ver la declaración en

http://www.youtube.com/watch?v=M1KPBUeYD-0&feature=channel_page

Los días previos al juicio están colmados de actividades para la realizadora, que el pasado viernes se entrevistó con el jefe de gabinete de la vocera Carolina Tohá, Patricio Riderman. Elena Varela estudió en la universidad en los mismos años que la ex parlamentaria era dirigente de la FECH y apeló a su sensibilidad y trayectoria para que intervenga en el caso. A través de ella, Varela hizo llegar a la Presidenta Bachelet una carta pública en que demanda la intervención de la mandataria.

En el escrutinio realizado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el caso de Elena Varela fue señalado como una de las violaciones a los derechos humanos por diversas organizaciones. La realizadora se presentó como “presa política” ante James Anaya, relator de Naciones Unidas para Pueblos Indígenas, en su reciente visita a Chile.

Personalidades como Danielle Miterrand, el cineasta argentino Fernando Birri y el venezolano Angel Palacios, la escritora y documentalista Carmen Castillo, los poetas mapuche Elicura Chihuailaf y Rayen Kvyeh, y también el poeta Guido Eytel, entre centenares de intelectuales han hecho llegar su voz de aliento a la realizadora chilena. En universidades de Temuco y Valparaíso Elena Varela ha dialogado con estudiantes informando que se considera una presa política. Integrantes de DOCA, la organización de los documentalistas argentinos manifestaron semanas atrás en Buenos Aires frente a la embajada chilena en Figueroa Alcorta y Tagle, con la consigna: “¡Si tocan a uno tocan a todos. Libertad a Elena Varela, devolución de todos sus materiales - libertad a todos los presos politicos mapuches - libertad de expresión en toda Latinoamérica!”
A continuación el texto completo de la declaración de ADOC Asociación de Documentalistas de Chile:

¿DÓNDE ESTÁN LAS CINTAS DE ELENA VARELA?

Al cumplirse un año de la detención de Elena Varela y la confiscación de su material fílmico por parte de las autoridades chilenas, la Asociación de Documentalistas de Chile reitera de la forma más enérgica su exigencia de que deben ser devueltas TODAS las cintas que contengan imágenes y sonido.

Elena ha declarado ante la Fiscalía de Rancagua que entre todo el material incautado había más de 300 cintas en formato digital con grabaciones de imágenes y entrevistas, que formaban parte de proyectos documentales en los que ella trabajaba. Hasta el momento el gobierno chileno sólo ha devuelto la cuarta parte, de acuerdo a lo que Elena ha señalado a la Asociación de Documentalistas de Chile.

Consideramos que la confiscación de estos registros audiovisuales, una acción propia de gobiernos dictatoriales, constituye una afrenta a la libertad de expresión. Creemos firmemente que los servicios de inteligencia del Estado pretenden de esta manera amedrentar a los documentalistas, para que no se atrevan a informar sobre realidades que incomodan a quienes detentan el poder.

Uno de los trabajos que realizaba Elena antes de ser detenida era un documental sobre el pueblo mapuche. La producción de este proyecto audiovisual fue aprobada y financiada por el Estado de Chile, lo que evidencia una gran contradicción ya que por un lado se implementan políticas para promover las labores de los documentalistas pero por otro lado se ponen trabas al libre ejercicio de la profesión.

En el sur de Chile los agentes del Estado intentan impedir que se produzcan proyectos audiovisuales sobre la represión que padece el pueblo mapuche.

El irrespeto a los valores democráticos que se vive en el sur no es producto de la imaginación de los documentalistas y de los trabajadores de prensa. Las Naciones Unidas y organismos internacionales de derechos humanos han denunciado los atropellos que se cometen contra este pueblo originario. Lamentablemente, el gobierno chileno ha hecho oídos sordos y sigue aplicando leyes heredadas de la dictadura que deberían haber sido derogadas hace mucho tiempo.

Los documentalistas, periodistas y cineastas tienen el derecho a grabar, filmar y registrar cualquier tipo de entrevista o acontecimiento en cualquier rincón del territorio nacional. La policía, los servicios de inteligencia, las fuerzas armadas, las autoridades judiciales u otros representantes del Estado no tienen derecho a requisar esos materiales, y mucho menos utilizarlos como supuestas “pruebas” en la formulación de cargos contra los propietarios de esos registros o sus entrevistados.

Además de la intimidación que han sufrido y siguen sufriendo Elena Varela y los miembros de su colectivo, sus entrevistados han quedado en una posición tremendamente vulnerable. También se ha detenido a periodistas y reporteros gráficos y se ha expulsado a documentalistas extranjeros.

Afortunadamente algunos documentalistas logran eludir el cerco policial, militar e informativo. Por eso es que este miércoles 3 de junio estamos exhibiendo en pre-estreno en la Cineteca Nacional, un lugar que le pertenece a toda la ciudadanía, el documental independiente “La Voz Mapuche” de los periodistas Andrea Henríquez y Pablo Fernández. Estos dos miembros de nuestra Asociación recorrieron comunidades a ambos lados de la cordillera y recopilaron testimonios que dan a conocer el mundo y la lucha de este pueblo originario. Esta vez la censura no tuvo éxito.

Si verdaderamente deseamos que la conmemoración del bicentenario no sea una celebración vacía, debemos comenzar a abordar algunos de los grandes temas pendientes, como son el derecho a la libertad de prensa, expresión e información y el respeto a los pueblos originarios. De esa manera seremos, al menos, un poco más libres.

Como Asociación de Documentalistas de Chile afirmamos que debe cesar toda forma de represión, y un primer gesto por parte de las autoridades debe ser la devolución inmediata de TODO el material fílmico que se le ha secuestrado a Elena Varela.

martes, 2 de junio de 2009

Jefa de Estado alcanza un nuevo record: Su aprobación llega a 69%

Según destaca Adimark “esta, se trata de la mejor evaluación en todo su mandato, y la transforma en uno de los pocos mandatarios, a nivel mundial, que ha logrado mejorar sus índices de aprobación en medio de la peor crisis económica de los últimos 60 años”.
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“Nada parece detener el alza en el nivel de aprobación de la Presidenta Bachelet”, según la última encuesta de Opinión Pública: Evaluación Gestión del Gobierno de mayo de Adimark. Esto porque en mayo, la Jefa de Estado quiebra un nuevo record, alcanzando ahora un 69% de aprobación.

En los últimos 8 meses la aprobación de la Mandataria ha subido 27 puntos. Según destaca Adimark “esta, se trata de la mejor evaluación en todo su mandato, y la transforma en uno de los pocos mandatarios, a nivel mundial, que ha logrado mejorar sus índices de aprobación en medio de la peor crisis económica de los últimos 60 años”.

En el sondeo, el Gobierno, independiente de la Jefa de Estado recibe una aprobación del 56%, dos puntos mayor a la que obtuvo en la evaluación de abril.

Presidenta Bachelet designa a vicealmirante Edmundo González Robles como nuevo Comandante en Jefe de la Armada


La Presidenta de la República, Michelle Bachelet Jeria, designó a Edmundo González Robles como nuevo Comandante en jefe de la Armada quien asumirá su cargo a partir del jueves 18 de junio. en reemplazo del Almirante Rodolfo Codina.

Nacido en Valparaíso, en 1956, el Almirante González se desempeñaba hasta la fecha como Director General del Territorio Marítimo y Mercante.

El Almirante González posee un extenso currículo en su vida militar. Se graduó de la Escuela Naval “Arturo Prat” en enero de 1975, fue subdirector de la Escuela Naval en 1994 y al año siguiente realiza el curso regular de Estado Mayor en la Academia de Guerra Naval.

En 1996 es destinado al U.S. Naval War College, en Newport, Rhode Island, donde realiza el curso Superior de Estado Mayor y entre 1997 y 1998 integra el Strategic Research Department de dicha institución como profesor investigador invitado. A su regreso a Chile fue nombrado profesor de la Academia de Guerra Naval y Jefe de la Cátedra de Operaciones Navales.

Durante 2001 obtuvo el grado de Magíster en Ciencias Navales y Marítimas, mención Geopolítica; y a fines de ese mismo año fue nombrado Director de la Academia de Guerra Nava

lunes, 1 de junio de 2009

Chile la Comisión de Salud visitó el Hospital de Talca y se reunió con directivos y la comunidad

La instancia parlamentaria realizó una visita inspectiva al Hospital Regional de Talca, en el marco de la investigación que realiza sobre las irregularidades y posibles negligencias médicas ocurridas en el recinto.

El diputado PPD Marco Antonio Núñez, presidente de la Comisión, informó que recorrieron el hospital junto a autoridades de la Dirección, para luego reunirse con los jefes del servicio clínico y posteriormente con los usuarios y los dirigentes sociales de la ciudad de Talca, incluyendo al alcalde Juan Castro y a los concejales.

En la visita, los parlamentarios pudieron constatar la grave crisis que afecta al establecimiento. “Creo que el anuncio de $140 mil millones para la construcción de un hospital de aquí al 2014 es una solución al problema, pero no es necesario sólo avanzar en invertir mayores recursos en el hospital”, indicó el diputado Núñez.

El parlamentario recalcó que además “es necesario que los propios especialistas médicos y la comunidad clínica y del hospital vuelva a reencontrarse con su comunidad y a reconstruir las confianzas que han sido destruidas producto de los varios episodios que han impactado no sólo a Talca sino a todo el país”.

Situación crítica

Respecto al estado en que se encuentra el centro hospitalario, el diputado Núñez manifestó que “sí es crítica. La mayoría de los hospitales capitales de regiones ya se han reconstruido, se han construido nuevos y este es el que está pendiente”.

Por ello, indicó que la Comisión se abocará, en el mes que resta de investigación, a “no sólo diagnosticar la situación que ocurre en Talca sino a entregar conclusiones al Ministro de Salud y a la comunidad para dejar atrás esta situación terrible que afecta a su hospital”.

Entre los mayores problemas detectados por los parlamentarios, están la falta de especialistas y el mal ambiente laboral que existe al interior del lugar.

En Chile.- Mañana se vota proyecto que incorpora a FAMAE, ASMAR Y ENAER a la Ley de Accidentes del Trabajo

Actualmente los trabajadores civiles que prestan servicios regidos por el Código del Trabajo en las empresas del Estado que se relacionan con el Gobierno a través del Ministerio de Defensa Nacional y que están afiliados al régimen previsional de AFPs, se encuentran afectos a la normativa aplicable a los servidores de las Fuerzas Armadas en materia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

De acuerdo al Mensaje del Gobierno que acompaña el texto legal (Boletín 6427), está situación acarrea inconvenientes y problemas, tanto para el trabajador afectado como para la marcha de las empresas.

“En efecto, desde la perspectiva del trabajador, la aplicación de dicho régimen obliga a someterlo a procedimientos, medios materiales y humanos de diagnósticos, atención y recuperación que han sido creados y destinados para servir prioritariamente al personal de las Instituciones castrenses y no a trabajadores civiles, quienes, además, tampoco pueden gozar de todos los derechos que ese sistema otorga al personal de las Fuerzas Armadas accidentado o enfermo”, señala el mensaje.

“Tal es el caso - agrega - de los abonos para retiro que la regulación castrense contempla frente a la ocurrencia de accidentes del servicio que no causan inutilidad física, los que no puede recibir un trabajador civil afiliado a una Administradora de Fondos de Pensiones, por cuanto ese beneficio no está previsto y, por lo tanto, no causa efecto legal alguno dentro del sistema regido por el D.L. Nº 3.500, de 1980”.

"En lo que concierne a las empresas, la atención del trabajador accidentado, en un sistema establecido directa y exclusivamente para tratar dichos siniestros, como ocurre con aquel consagrado por la ley Nº 16.744, asegura una atención prioritaria, un tratamiento especializado y una recuperación más expedita del afectado y, consecuentemente, un menor número de días de pérdida de productividad", señala en sus fundamentos la iniciativa legal que los diputados debatirán en la sesión de Sala este martes 2 de junio, a partir de las 11 horas.